Consenso Fiscal: este es el impacto que tendrá en el campo, según la Rural

Luego que se oficializara la firma del nuevo Consenso Fiscal para 2022 por parte de 22 gobernadores, donde se deja abierta la posibilidad a una suba de impuestos en manos de las provincias, un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA) detalló el impacto que tendría en el campo una mayor carga tributaria.

Para Nicolás Pino, presidente de la entidad, “el campo no resiste más impuestos y en este caso impide el crecimiento genuino, la generación permanente de empleo, el ahorro futuro y el sustento familiar”.

En primer lugar, en cuanto a Ingresos Brutos, el estudio reveló que existirán nuevos topes máximos, “produciendo en algunos casos reducciones al impuesto y en otros, incrementos”. En este sentido, indicó que “se estará gravando en comercio electrónico de servicios digitales, los cuales permiten transacciones remotas, además de operaciones con el exterior”.

“Aquí se incluyen los pagos de videos, música, juegos, transmisiones, servicios de hotel, turísticos, también financieros y actividades vinculadas con el juego”, señaló el documento.

Por otro lado, la entidad argumentó que “el impuesto sobre los Ingresos Brutos es un impuesto muy distorsivo, porque tiene efecto cascada y no tiene ajuste en frontera para los bienes exportables”.

“Cabe mencionar que en el agro no solo se paga al momento de la venta, sino que está incorporado dentro de los precios que conforman los factores de la producción, como ser insumos, combustibles, alquileres, prestamos, seguros, servicios de corretaje, transporte, etc”, puntualizó el estudio.

Asimismo, explicaron en la entidad que “desde la primera firma (del acuerdo), a esta altura, las actividades agropecuarias deberían de haber quedado exentas, mientras que el borrador plantea una alícuota del 0,75%”.

“Lo mismo ocurre con las alícuotas de las principales actividades que conforman los factores de la producción del sector”, indicaron.

En cuanto al Inmobiliario rural, la Rural Expresó que “se buscará centralizar los criterios de valuación fiscal, fijando una alícuota de entre el 0,5% y el 3% del valor fiscal”.

“En la actualidad, esta alícuota está situada entre el 0,5% y el 2%. Las provincias asumen el compromiso de adoptar para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles, los procedimientos y metodologías de valuaciones uniformes establecidos por el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (Ofevi)”, dijeron.

Para la Rural, la unificación de los criterios de valuación de los inmuebles “puede generar una cambio radical en la forma en la cual se determina la base imponible del impuesto inmobiliario rural, perdiendo las características básicas que hoy cuenta cada provincia para realizar dicho cálculo”.

“Se intenta favorecer el intercambio de información entre la AFIP y el Ofevi. Hay que tener en cuenta que las valuaciones deben responder con la capacidad productiva de los campos, puesto que los productores producimos alimentos en nuestra tierra, no nos dedicamos a comprar y vender inmuebles. También buscan ampliar la alícuota máxima hasta el 3%, hoy es hasta el 2%”, afirmaron.

En relación a los impuestos a los automotores, en la entidad ruralista indicaron que se exceptuarán los vehículos que estén vinculados a actividades productivas.

“Los demás deberán abonar una alícuota mínima anual del 2% de la base imponible. En este caso fijan que las valuaciones de los automotores deben estar unificadas en todo el territorio. Si bien se aclara que se exceptúan de este impuesto a los vehículos que estén vinculados a actividades productivas, esa situación muchas veces en la práctica no se pueden utilizar, por la forma de titularidad y la misma asignación parcial a actividades productivas”, remarcaron.

Otro tema no menor es el impuesto a los Sellos. “La alícuota máxima se ubicará en el 3,5% de la transferencia del inmueble, el 3% de la transferencia de automóviles y 2% en lo que respecta a los restantes actos, ya sean operaciones y contratos. Fijan alícuotas máximas para el impuesto a los sellos aplicado sobre los contratos de compra-venta de inmuebles y automotores”, explicó.

En cuanto al impuesto a la transmisión gratuita de bienes, para la Sociedad Rural Argentina estará involucrando a gravar “todo aumento de riqueza” que surja como transmisión gratuita de bienes, creándose alícuotas progresivas para las herencias, donaciones, legados y anticipos de herencia.

“Este impuesto ya está vigente en la provincia de Buenos Aires desde el año 2011. El impuesto a la herencia atenta contra la inversión permanente. Es el ejemplo más devastador de un impuesto sobre el capital que en el caso de la Argentina que ya tributó impuesto a las ganancias cuando se generó, tributa bienes personales al mantenerse en el patrimonio y ahora buscan que también tribute al momento de su trasmisión intergeneracional”, señaló.

Para Ezequiel de Freijo, economista de la SRA, “este impuesto puede causar un fuerte daño a las empresas familiares, que en el caso del campo el 84% de los establecimientos son unipersonales, frente a la realidad económica de tener que afrontar el pago de este tributo, teniendo que disolver la empresa en marcha o liquidando una parte esencial del activo que sustenta dicha empresa y, por tanto, el sustento familiar, que muchas veces debe afrontar esta situación en momentos inesperados y críticos”.

Por último, el gasto y responsabilidad fiscal también tiene una relevancia para el sector. “La regla límite para el crecimiento del gasto se calculará a partir del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y no en función de la inflación. Según la oposición, esto trae consigo ‘una flexibilización’ de los límites para gastar. Así, las provincias podrán adquirir deuda solamente para obras destinadas a infraestructura y para créditos en dólares que soliciten con organismos multilaterales”, dijeron.

“En este caso, puesto que el PBI incluye no solo la evolución de los precios implícitos, sino también el crecimiento de la actividad económica, con lo cual es un indicador más alto que el de la inflación. Esto permitiría ampliar los límites de gastos y endeudamiento”, concluyeron.

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