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Financiamiento sostenible: qué hacen la Argentina, Brasil y Bolivia para impulsar la producción agropecuaria
En un encuentro en la Sociedad Rural Argentina, funcionarios de los tres países analizaron el papel del Estado, la inversión privada y el crédito para responder a las exigencias ambientales de los mercados internacionales
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LA NACIONMariana Reinke
Los países productores de alimentos de América Latina enfrentan el desafío de aumentar la producción y cumplir con las exigencias ambientales internacionales mediante financiamiento sostenible. El tema se debatió en el Evento Regional de Finanzas Sostenibles para la Ganadería en América Latina que se realizó en la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde funcionarios de la Argentina, Brasil y Bolivia analizaron cómo articular políticas públicas y participación privada para impulsar inversiones, mejorar la trazabilidad y facilitar el acceso al crédito.
Allí coincidieron en que el financiamiento debe adaptarse a la realidad de cada país y facilitar el cumplimiento de las exigencias internacionales, sin que estas se conviertan en una barrera para los productores, especialmente los más pequeños.
Rentabilidad, crédito y desregulación
Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Secretaría de Agricultura, sostuvo que el financiamiento sostenible debe partir de la rentabilidad del productor, ya que los bancos evalúan la solidez del negocio y su capacidad de pago antes de otorgar créditos.
Remarcó que la estabilidad macroeconómica es una condición para ampliar las posibilidades de inversión. En ese sentido, mencionó la reducción de la inflación, la unificación del tipo de cambio y el equilibrio de las cuentas públicas como parte del camino que, a su entender, permite avanzar en financiamiento y sostenibilidad. Chiappe cuestionó las décadas de sobrerregulación estatal, que, según afirmó, limitaron el desarrollo ganadero, y destacó que el Gobierno busca eliminar trabas vinculadas con los precios de la carne, las importaciones y el peso de faena.
En materia de crédito, destacó el desarrollo de préstamos cuyo pago se calcula en función del producto. La herramienta, impulsada junto con el Banco BICE y las cadenas bovina, porcina y láctea, permite que las cuotas se expresen en el equivalente de los kilos o litros que produce cada establecimiento.
También mencionó la posibilidad de utilizar animales en pie como garantía mediante el sistema de warrants. Según Chiappe, la desregulación de esa herramienta permitió ampliar el acceso al crédito y el monto de los warrants sobre animales pasó de US$1000 millones en 2024 a US$2000 millones en 2025. Señaló que se trabaja, además, en mecanismos que permitan utilizar información sanitaria y de trazabilidad del Senasa, con autorización de los productores, para respaldar las garantías.
En relación con las exigencias ambientales de los mercados externos, Chiappe sostuvo que la Argentina, como el resto de los países, debe adaptarse a los requisitos vigentes mientras mantiene sus cuestionamientos: “No quiere decir que estemos de acuerdo con esas exigencias y que sean basadas en ciencia ni que no sigamos discutiendo que son arbitrarias”. En paralelo, aseguró que el país ya exporta carne a Europa libre de deforestación a partir de información pública que se comparte con plataformas privadas, siempre con autorización del productor.
Por último, destacó el trabajo del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), donde países de la región buscan consensuar posiciones frente a exigencias internacionales, como las normas europeas contra la deforestación, los límites de residuos y el cambio indirecto del uso del suelo, con argumentos basados en la ciencia y la experiencia productiva.
Recuperar tierras degradadas
En esa línea, Pedro Cunto, del Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil (MAPA), expuso el desafío de continuar aumentando la producción de alimentos y biocombustibles sin avanzar sobre áreas de vegetación nativa y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Señaló que el país cuenta con unos 100 millones de hectáreas de tierras degradadas y que cerca de 40 millones podrían recuperarse para la agricultura o una ganadería más intensiva. Además, el país conserva 584 millones de hectáreas de vegetación nativa, equivalentes al 66% de su territorio. En esa línea, dijo que Caminho Verde Brasil es una iniciativa gubernamental que busca restaurar hasta 40 millones de hectáreas de pastizales degradados en 10 años para convertirlas en tierras agrícolas productivas sin necesidad de deforestar.
El gobierno de esa nación ya tiene identificadas las áreas que podrían recuperarse, además de personal técnico y tecnología para avanzar, pero enfrenta una dificultad para financiar esos proyectos, las altas tasas de interés: “Ese financiamiento precisa ser de largo plazo y puntajes muy bajos que el mercado financiero no tiene en Brasil”. Y planteó la necesidad de buscar fondos internacionales que reconozcan el valor ambiental de la recuperación productiva de tierras. En ese contexto, RAIZ es un programa impulsado por Brasil en la COP30 para financiar la recuperación de esas tierras degradadas. Contempla identificar las áreas prioritarias, calcular el costo de las soluciones, diseñar mecanismos que reduzcan los riesgos y el costo del capital y promover la colaboración entre países y organismos.
El esquema articula distintas áreas del gobierno brasileño con entidades financieras, organismos científicos y organizaciones privadas, entre ellas Embrapa, el Bndes, Banco do Brasil y asociaciones de productores.
El funcionario señaló que Brasil busca movilizar recursos mediante instrumentos como Ecoinvest. Según los datos que presentó, una subasta que esperaba captar unos US$1000 millones consiguió compromisos por US$6000 millones de diez bancos habilitados. Esos fondos permitirían recuperar alrededor de 1,4 millones de hectáreas, con posibilidades de alcanzar entre 2 y 2,5 millones según los proyectos. Sin embargo, dijo que para ampliar la escala se necesita una alianza público-privada: “El gobierno tiene que poner plata con capital catalítico porque en larga escala, el capital privado necesita más garantías y menos riesgo”. En paralelo, Brasil trabaja en una nueva subasta con capital catalítico de Japón, por unos US$500 millones, destinada específicamente a los pequeños productores. La iniciativa busca facilitar el acceso al financiamiento para ese segmento.
Acceso de los pequeños productores
Karel Rivero, viceministro de Desarrollo Agropecuario y Agroforestal de Bolivia, sostuvo que el país busca consolidar las condiciones institucionales y regulatorias para que el financiamiento sostenible acompañe la transformación productiva y la resiliencia de la ganadería y la actividad forestal. Explicó que la sostenibilidad debe combinar producción, seguridad alimentaria, protección del capital natural y desarrollo territorial. Sostuvo que el Estado debe generar reglas claras y estables en articulación con el sector privado, para reducir la incertidumbre y garantizar que el financiamiento llegue efectivamente a los productores, en especial a los pequeños y medianos.
Rivero destacó la importancia de fortalecer la trazabilidad y los sistemas de datos ambientales y productivos, con mecanismos de medición y verificación transparentes y adaptados a la realidad regional para evitar que las exigencias técnicas dificulten el acceso al crédito.
Entre los cambios mencionados, Rivero destacó la eliminación de los certificados de abastecimiento interno a precio justo, conocidos como Caipj, que limitaban cuánto podían producir y exportar las empresas. El nuevo enfoque, dijo, busca garantizar el abastecimiento interno y, a partir de esa condición, ampliar las posibilidades de exportación y apertura de mercados. “En la exportación, el cielo es el límite”, cerró.
Por Mariana Reinke
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