“Cierre de la empresa”: la dueña de una pyme bloqueada apuntó contra un juez y anticipó una dura decisión

Luego de que el Juzgado Nacional de 1º Instancia del Trabajo número 69, a cargo de José Ignacio Ramonet, ordenara el embargo por más de $5 millones contra Lácteos Vidal, la pyme láctea que en 2022 fuera bloqueada por miembros del gremio de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), Alejandra Bada Vázquez, su propietaria, expresó que, si el juez no la autoriza sustituir el embargo preventivo, dando un camión y dos acoplados en garantía, “va a comenzar indefectiblemente un proceso de cierre de la empresa”.

En la actualidad, la pyme posee unos 100 empleados, incluyendo los trabajadores de la planta en el pueblo de Moctezuma, en el partido bonaerense de Carlos Casares, y la distribución en la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

“Quiere meterse (el juez) en la cuenta corriente de Lácteos Vidal y sacarme la plata que tengo para pagar sueldos, cargas sociales, proveedores, impuestos, etc. La cautelar no es una sentencia definitiva, pero su autoritarismo así lo determina y ¿si al final yo gano el juicio? ¿Y si resulta que sí estaban bien despedidos? ¿Va a devolverme el dinero o tendré que hacerle una denuncia penal por haberme robado el dinero que es de Lácteos Vidal. Yo manejo los recursos de la empresa y sus cuentas; él que maneje su sueldo”, expresó la empresaria a LA NACION, que no se esperaba otro revés judicial.

Vale recordar que el juez ordenó que se embargue la cuenta bancaria de la pyme por $10.000 por día por empleado no reincorporado. Serían unos $260.000 los astreintes diarios por demorar el cumplimiento de la orden judicial desde el 18 de mayo pasado.

“Lo más grave es que no respeta la libre contratación, me obligan a reincorporar a gente que en la que ya no confío. Si la Justicia dice están mal despedidos, existe la indemnización pero yo no puedo ni quiero volver a tener adentro de mi fábrica a exempleados a los que les perdí la confianza. Hacemos alimentos y temo que me puedan hacer un sabotaje. El juez está ensañado con nuestra pyme”, subrayó.

“Tengo derecho a decidir a quién quiero tener adentro de mi propiedad. Lo de la reincorporación es un invento, no está en el derecho argentino, ni en la Constitución Nacional, absténgase de violarla. En todo caso, tendrían derecho a una indemnización si hubieran sido mal despedidos. Este cuento de la reincorporación es un invento de los abogados sindicalistas mafiosos, que generan con su alto poder que haya cada vez más sindicalistas y abogados de sindicalistas millonarios, y empleados y empresarios empobrecidos”, añadió.

Por su parte, Arturo Díaz, director técnico de la empresa, señaló que fue el gremio el que siempre intentó las reincorporaciones “cosa que no es factible, y nunca les permitió a los despedidos arreglar sus indemnizaciones”.

“Al sindicato no le importa la capacidad de poder adquisitivo que tienen los exempleados, los presiona para que no arreglen y que no haya ninguna indemnización. Porque si hay arreglo, el gran perdedor sería el gremio y ellos solo le interesa alzar la bandera de la victoria. Son ellos los que están impidiendo los arreglos. La empresa siempre tuvo buena predisposición, primero para que trabajaran y luego para indemnizarlos como corresponde, pero el gremio no lo permite”, expresó.

En este sentido, Bada Vázquez dijo que el magistrado pretende que la empresa “siga manteniendo a los trabajadores que despidió porque bloquearon y usurparon la propiedad”.

Para la empresaria, el juez ataca a una pyme que genera mucho empleo alrededor de ella y busca “castigar a los empleados, que siguieron trabajando a pesar de las amenazas, el hostigamiento y el acoso y premiar a los vagos”.

“¿Qué derechos tienen ellos, son de segunda para usted? Contratamos 25 empleados nuevos para poder seguir trabajando e intentar mantener la fuente de trabajo y ahora me manda a despedirlos. Somos varias las víctimas del bloqueo”, detalló.

En este escenario, la empresaria le hizo una invitación a Ramonet para que visite la fábrica desde adentro y “ver lo difícil que es manejar una pyme en la Argentina donde se rompe una máquina y no hay repuestos, no se consiguen los insumos importados, no te venden porque dicen que no tienen precio, donde hay menos leche por la sequía, y donde todos los días aumenta todo”.

“Es una aventura diaria manejar una pyme. Con todo respeto, estoy segura de que vuelve corriendo al juzgado”, aseguró.

En este marco, dijo: “Lo más triste es que no hay empleo sin empresas. A las pocas que van quedando las destruye, y nadie quiere invertir. Claro, ¿para qué vas a invertir en un país donde se viola la propiedad privada, se viola el ejercicio de administración y organización, y se viola el derecho de defensa en juicio?” Añadió: “Yo ya no tengo excusas para pedirle a mis hijos que no se vayan de mi país. Se me acabaron las justificaciones para que sigan con la empresa que fundó su abuelo”.