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“Inoportuna”: una adhesión que impulsa la ley ómnibus provocó el enojo de tres entidades del campo
Mientras en el país sigue sin actualizarse el reconocimiento a la propiedad intelectual en semillas, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) resisten la adhesión a un convenio internacional que impulsa el Gobierno; Coninagro, en cambio, tiene otra postura
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En medio del debate en el Congreso por la ley ómnibus, tres de las entidades que integran la Mesa de Enlace criticaron la inclusión de la adhesión de la Argentina al convenio UPOV 91 para semillas. Se trata de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). No adhirió Coninagro, según trascendió porque no estaba de acuerdo con la postura de las otras organizaciones sobre este tema.
En 1991 se estableció vía la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91) un acuerdo internacional con estándares para la protección de los derechos de los obtentores de nuevas variedades de plantas.
Fernando Vilella, secretario de Agricultura, defendió la adhesión de la Argentina en una presentación la semana pasada en el Congreso. “Hay cuestiones en las que la Argentina ha perdido competitividad y eso tiene que ver con la genética. Entonces estamos proponiendo hacer una adhesión a un acuerdo internacional, que es el UPOV del año 91, que nos permitiría recuperar buena parte del atraso que llevamos en estos términos”, sostuvo el funcionario.
Allí Vilella alertó sobre la pérdida de “competitividad” en la Argentina debido a la ausencia de legislación que reconozca la propiedad intelectual en semillas. Según señaló, el país se perdió de facturar aproximadamente US$4000 millones desde 2000, como consecuencia de la falta de avance genético, lo que posteriormente se reflejó en un rinde por hectárea inferior en comparación con países competidores. Dijo que la Argentina, Brasil y EE.UU. tenían el mismo rendimiento por hectárea de soja a principios de este siglo, y hoy ese rendimiento en el país es entre 600 y 700 kilos menos por hectárea.
En este contexto se pronunciaron CRA, la SRA y FAA. “Consideramos inoportuna la propuesta de adhesión a UPOV 91 y abogamos por retirarla del proyecto de Ley de Bases, y proponemos abordar este tema en una actualización integral de la ley de semillas, escuchando y participando todos los sectores que nos vemos involucrados”, dijeron.
Agregaron: “La adhesión a UPOV91 implica entre otras cosas la pérdida del derecho de uso propio por parte de los agricultores y la mayor extensión de los derechos de los obtentores; ha generado un debate centrado en los derechos de los agricultores y la promoción de la innovación”.
Durante su presentación en el Congreso, Vilella había destacado que UPOV 91 introduce el concepto de uso propio que no estaba en la versión 78 de UPOV a la que la Argentina adhirió. “Si queremos tener un sustento para uso propio, voten la adhesión al UPOV 91, con lo cual vamos a tener un sustento que lo va entrar como acuerdo internacional por arriba de cualquier normativa”, insistió el secretario de Agricultura.
Críticas
En tanto, CRA, SRA y FAA indicaron: “UPOV 91 beneficia principalmente a desarrolladores comerciales de variedades uniformes, limitando los derechos de los agricultores para guardar y utilizar semillas y material de propagación. Sus características claves incluyen la necesidad de autorización del obtentor para el uso propio, la extensión de derechos hasta el producto de la cosecha (lo cosechado) y una ampliación en la duración del derecho de propiedad”.
Entre otros puntos, esas tres entidades gremiales del campo dijeron que en América Latina solo Costa Rica y Perú han adoptado UPOV91 “mientras que ningún país de la región está adherido”.
Añadieron: “Destacamos la importancia de equilibrar los derechos del obtentor con los derechos de los agricultores, señalando que la adhesión limitaría el derecho de uso propio del agricultor y extendería los derechos del obtentor hasta el producto final de la cosecha”.
Ayer, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) mantuvo una reunión con Vilella y, entre otros temas, apoyó la adhesión a UPOV 91. “Vilella ha sido claro de lo que quiere para el sector, y ente sentido coincidimos que podremos alcanzar una mayor competitividad si la Argentina adhiere al Convenio UPOV del 91, propuesta en la ley ómnibus. También pudimos expresarle algunos temas a solucionar en un futuro cercano, como la disminución de las retenciones”, dijo Nicolás Gear, presidente de ASA.
La postura de Coninagro
Como se mencionó, Coninagro no acompañó el comunicado de SRA, CRA y FAA. Al respecto, desde la entidad contaron: “Este tema de UPOV 91 lo venimos estudiando hace algún tiempo junto a los técnicos y representantes de la entidad en el Inase. Hoy lo analizamos más en detalle y la conclusión fue que no habría ni perjuicios ni beneficios para el productor y, por otra parte, sí habría beneficios para acceder a mercados de exportación”.
En este marco, indicaron que no vieron razones para rechazar la adhesión que impulsa el Gobierno y sí insistir en la necesidad de constituir el directorio del Inase y que se hagan los controles e inspecciones con respecto al uso propio que la ley hoy vigente prevé, “al efecto justamente de salvaguardar los derechos del pequeño y mediano productor”.
Según contaron, todo esto ya fue planteado a Vilella. “Si bien las razones esgrimidas en cuanto a disponer de materiales genéticos que generen mayor productividad y rindes como en países vecinos, sostenemos que esto requiere más de políticas públicas que promuevan la inversión que de tecnologías de producción, ya que actualmente el paquete tecnológico es de vanguardia”, afirmaron.
“No obstante esto, hay producciones vinculadas a genética de plantaciones perennes, como cerezas, que podrían beneficiarse con nuevos materiales que aportan los institutos de investigación como es el INTA”, agregaron.
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