La batalla contra el glifosato no tiene fundamentos científicos ni legales

Año tras año, los agricultores argentinos se enfrentan a distintos obstáculos que dificultan la práctica de su actividad. Ya sea por las sequías prolongadas o por el exceso de lluvias, constantemente el sector agrario se ve obligado a superar duras barreras. Como si los problemas climáticos no fuesen suficientes, los productores se enfrentan ahora a una cuestión aún más peligrosa que las incontrolables condiciones del clima: la consolidación de mitos en torno a las prácticas agrícolas y a las sustancias y tecnologías implicadas en sus procesos. El caso más reciente es el del glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo y que lleva décadas de vigencia. El objetivo de la campaña contra el glifosato, busca lograr regulaciones y prohibiciones que terminarán por convertir a la actividad agrícola en una llena de problemas y con magros resultados.

El glifosato comenzó a ser utilizado en 1974 y durante décadas su popularidad se basó en su capacidad de controlar malezas. Sin embargo el glifosato se convirtió en el mal de todos los males, porque contraría la filosofía de un movimiento Maltusiano que se hace llamar ecologista y que en verdad, es más emocional que racional. Por supuesto que, para los ecologistas, los datos y hechos científicos quedan descartados, o al menos aquellos que contradicen su punto de vista. Las acusaciones contra el glifosato no solo están infundadas, sino que han sido contrarrestadas por más de 900 estudios científicos, que no hallaron evidencias de que el herbicida causara cáncer, malformaciones en nacimientos u otros males.

El colectivo antiglifosato, que intenta presentarse como desinteresado, si bien cuenta con una organizada estructura y financiación, culpa al herbicida de provocar autismo, leucemia, nacimientos de bebés con malformaciones congénitas, entre otras enfermedades, tal como lo determinó la inclusión del glifosato como "probable cancerígeno" por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud. La clasificación del IARC, ubica al glifosato en el mismo nivel que otras actividades como tomar mate con agua muy caliente, o ser peluquero, o comer tocino o cualquier otro producto derivado de la carne. La inclusión del glifosato en este grupo fue fruto de una maniobra fraudulenta por parte del IARC, que eliminó intencionalmente de su informe las conclusiones de estudios que desechaban una conexión entre el herbicida y el cáncer.

En la Argentina, las recientes propuestas para prohibir el glifosato, revelan el gran desconocimiento en torno al tema de transgénicos y herbicidas. Entre los presentados en las últimas semanas, figura la propuesta del diputado santafesino Fabián Oliver, quien sugiere recargar en un 100% el impuesto inmobiliario rural a los productores que utilicen agroquímicos. Sin dudas podría decirse que se trata de una pésima propuesta. En un país donde la agricultura aporta la mayor parte de los ingresos de la Nación y donde la soja y el maíz entre otros cultivos que utilizan glifosato, representan un componente fundamental de la economía, sugerir una recarga impositiva para aquellos que hagan uso de agroquímicos es por lo menos, irracional.

Frente a esta situación que le da piedra libre a aquellos que proponen proyectos pese a desconocer totalmente el tema en cuestión, es fundamental que las regulaciones de agroquímicos sean redactadas por técnicos y científicos y que se contemplen las necesidades del sector, junto a aquellos que se encargan de analizarlo. Es importante también que ciertos políticos, que parecen analfabetos científicos, no tomen parte en la redacción de regulaciones y leyes. Tan solo viendo la propuesta del diputado Oliver, esto tiene que quedar muy en claro.

El autor es presidente de la Fundación Argentina de Ecología Científica

Eduardo Ferreyra