La industria pesquera advirtió por “las graves consecuencias” si se avanza con la modificación del régimen

La industria pesquera, en sus diferentes vertientes, advirtió que las modificaciones que se hicieron en el proyecto de la ley ómnibus que llegó al Congreso, llevará a una “expropiación” de las empresas nacionales al “estilo chavista” por las licitaciones de las cuotas que se realizarán al “mejor postor”. Entre los argumentos que fundó el Ejecutivo en los cambios finales para conseguir la mayoría de las firmas del visado de dictamen en Comisión, apuntó a que la base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera “casi gratuita”.

La intercámara que representa al sector solicitó que se retire de la ley ómnibus, que ahora espera tratamiento en Diputados, todo lo referido a la pesca. Los industriales consideran que las reformas que propone el Gobierno demuestran un “grave desconocimiento de la realidad de la industria pesquera argentina y de su aporte en el país”, según expresaron. Entre las principales objeciones que hicieron al régimen, sostienen que el sistema de licitación propuesto generará concentración económica. “Esto desencadenará en la pérdida de miles de empleos que producen decenas de pymes nacionales, por lo que miles de localidades costeras podrían terminar en la marginalidad”, opinan.

Fernando Rivera, presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), pidió a los legisladores que al momento de votar la propuesta sobre el tema pesquero lo rechacen. Según dijo, las modificaciones que se consensuaron en los cambios al proyecto, donde argumentan que la industria pesquera explota un recurso propiedad de los argentinos, tendrá “consecuencias devastadoras”.

Domingo Contessi, vicepresidente de la Cámara de la Industria Naval, presidente del Astillero Naval Federico Contessi y CIA S.A, acotó que para la industria naval “el efecto negativo” fue de “inmediato”, desde que el Gobierno dispuso las modificaciones en el régimen federal pesquero. Según explicó, los barcos que estaban en construcción quedaron en suspenso desde entonces. “No hace falta esperar a que se sancione la ley o se liciten las cuotas. El mero anuncio de este proyecto hizo caer contratos y paralizar el inicio de construcciones. Nadie está dispuesto a invertir en renovar un barco sin saber si el mismo podrá luego acceder a una cuota”, especificó.

Contessi señaló que “resetear cada 15 o 20 años una industria no tiene ninguna lógica”, ya que hay inversiones que no se amortizan en esos plazos. Además, “cuando falten cinco o seis años para que venzan las cuotas nadie hará inversiones”. El régimen actual vencía en 2024. Para la industria naval, la licitación no garantiza transparencia. “No se garantiza que no participen grandes empresas extranjeras que terminen perjudicando a las pymes nacionales”, planteó. Con el régimen anterior dicen que convivían marplatenses y patagónicos, fresqueros y congeladores. Esto permitió que se pase de la sobreexplotación a un caladero en equilibrio: “Todo esto se estaría perdiendo”, opinó.

El Ejecutivo propone la modificación del Art. 27 de la actual ley Federal de Pesca, por la que se habían otorgado cuotas de captura para las especies merluza común, merluza de cola, merluza negra y polaca en 2009, por el plazo de quince años, teniendo en cuenta para ello el Consejo Federal Pesquero la cantidad de mano de obra nacional ocupada, las inversiones realizadas por las empresas en el país, el promedio de captura legal que habían tenido esas empresas sobre esas especies en el período comprendido en los 8 años anteriores al 31/12/1996, el promedio de toneladas productos pesqueros elaborados y la falta de sanciones por incumplimientos a la legislación pesquera. Por eso, el Ejecutivo argumenta que la actividad se realizaba “casi gratuita”.

“Ese sistema hizo que se otorgaran las cuotas de captura y que durante estos años se explotara el caladero sin perjuicio alguno y con un sistema que fue consentido por todos los sectores de la industria y que no cuenta con impugnación judicial alguna. Teniendo en cuenta esas cuotas de captura, las empresas pesqueras hicieron importantísimas inversiones en buques y en plantas y cuenta solo en Mar del Plata, con más 40.000 personas directa o indirectamente afectadas a la industria”, especificó CAIPA. Ahora se puso en discusión que la pesca paga poco por el recurso que explota, se cambia todo el sistema y se intenta licitar el caladero. “Se olvida que el Consejo Federal Pesquero es el que establece los derechos de extracción, es decir, los importes que abonan las empresas por la pesca que realizan y también establece el derecho de adjudicación que cobra el Consejo cuando otorga las cuotas”, agregó.

El Consejo Federal Pesquero está integrado por cinco representantes del Poder Ejecutivo Nacional, un representante de cada una de las provincias con litoral atlántico; el Ejecutivo tiene doble voto en caso de empate. “Si se considera que la pesca abona poco por las capturas que realiza, es culpa del Ejecutivo, ya que no tomó las medidas en el seno del Consejo para lograr una remuneración que pudiera considerar más justa. Para corregir su propia deficiencia, ahora cambia en forma total todo el sistema basado sobre el mérito y lo reemplaza por una licitación al mejor postor, sin siquiera establecer garantías para que el eventual ganador sea responsable si realiza actos de depredación en el caladero“, apuntó Rivera.

El Gobierno accedió a sacar los artículos que sacaban la obligatoriedad de descargar en puerto argentino y poder hacerlo en puertos extranjeros, o la eliminación de la tripulación nacional, pero sigue afuera el régimen de cuotas de concurso por antecedentes, tal como estaba. Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), señaló que el proyecto de reforma del Régimen Federal Pesquero llevará al sector indefectiblemente a una crisis sin precedentes. “Dejaron la posibilidad de la licitación de las cuotas al mejor postor, esto permitirá expropiar a las empresas argentinas, porque le quitan su materia prima”, explicó. Los representantes de las Cámaras empresariales intentaron, sin éxito, hacer ver el error del gobierno.

“El gobierno sigue sin entender que su propuesta va en contra de sus propias declaraciones y promesas de respeto a la seguridad jurídica, la inversión privada, la propiedad privada. Esto llevará a una expropiación de la industria al mejor estilo chavista”, resumió sobre el temor de la industria de que las grandes multinacionales terminen por perjudicar a las empresas chicas nacionales.

A pesar de ser una economía regional, en el proyecto sigue vigente la propuesta de subir las retenciones del 5% al 15 %. “El sector, entendiendo la situación de necesidad fiscal, no pretende el 0%, pero sí que se les mantengan los niveles vigentes que han permitido el desarrollo de un mayor empleo, producción y valor agregado”, resumió Boiero.

La pesca exporta el 90% de su producción, genera alrededor de US$2000 millones de dólares en divisas todos los años. En el medio, la industria exportadora, que hasta la fecha pagaba un 5% de retenciones, batalla en este momento con el alza a la alícuota: van a pasar a pagar el 15% si la ley se aprueba.

Respecto del cambio de régimen, en Caipa expresaron que “las empresas realizaron sus inversiones sobre la base de las cuotas recibidas; se las pone en la situación de que pasan a no valer nada, ya que no tienen certeza alguna de si van a poder lograr la adjudicación de cuotas en una eventual licitación, ya que al tener todo su capital invertido, no están en las mejores condiciones para poder participar en una licitación”.

Por eso, las cámaras piden que se retire todo lo referido a la pesca del proyecto, ya que consideran que “las reformas propuestas demuestran un grave desconocimiento” de la realidad de la industria pesquera y de su aporte para el desarrollo del país. “Solicitamos al Poder Legislativo que al momento de votar la propuesta sobre el tema pesquero, lo rechacen por los perjuicios que una reforma improvisada ocasiona al sector”, precisó Rivera.