“Ordenamiento”: explicaron qué busca el Gobierno con una medida que generó revuelo entre los productores de garbanzo

Tras la polémica generada por una notificación del Instituto Nacional de Semillas (INASE) a los productores del norte argentino instándolos a acreditar el origen legal de las semillas de garbanzo utilizadas en la actual campaña agrícola, la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera) mantuvo una reunión hoy con las autoridades del organismo. En diálogo con LA NACION, representantes de la entidad explicaron que desde el Gobierno les manifestaron que la medida no tiene como objetivo sancionar a los productores, sino más bien ordenar y clarificar la situación del sector.

Hace dos semanas, los productores del NOA recibieron una notificación que generó preocupación en el sector. Muchos de ellos utilizan semillas propias o carecen de facturas debido al tiempo transcurrido desde la compra de las semillas originales. En este contexto, el Inase solicitó una copia digitalizada de la factura de compra para verificar el cumplimiento de la ley de semillas y su reglamentación, que establece que los productores deben demostrar el origen legal de las semillas que utilizan.

Esta medida forma parte de un proceso de regulación que Inase había informado previamente. El presidente de Clera, Jorge Vidal, mantuvo hoy una reunión con Claudio Dunan, presidente del Inase. En diálogo con este medio, Vidal explicó que desde el organismo nacional se busca hacer un “ordenamiento” y una “clarificación” de la situación. “Nos manifestaron que la nota que les llega a los productores, en el caso puntual de garbanzo y arveja, es para que se vaya clarificando la situación. No es que van a multar, sino que se busca ir alineando al sector para que, en el futuro, y en el plazo de unos años, todo esté registrado”, indicó.

El objetivo, explicó, es “ir aclarando la situación, saber quiénes son los que siembran y, de aquí a unos años, que el productor pueda comprar genética para incorporar nuevos materiales y transparentar el tema de las semillas”. Destacó que “el productor tendrá que declarar la realidad. Si la semilla la sacó de su propia producción, algo que se venía haciendo históricamente, ya que en el norte se siembran variedades que tienen muchos años en la zona”.

La región, con una fuerte tradición en el cultivo de garbanzo, tiene una cultura arraigada por los descendientes de inmigrantes españoles. Según los productores, el garbanzo se ha cultivado en la zona durante más de 20 años. En muchos casos, los productores reservan lotes para la producción de semillas, pero estas no son variedades comerciales. Cuando las declaran, suelen hacerlo bajo nombres como “norteño” o “chañarito”, pero no se sabe con certeza el origen, la variedad o el cultivar.

Con este panorama, Vidal enfatizó que este proceso para lograr un registro de todo no será inmediato y llevará varios años. A su vez, subrayó la importancia de avanzar en el desarrollo y la mejora genética de las variedades de legumbres para asegurar mejores resultados y competitividad en los mercados internacionales. “Hoy, con mucha mercancía, no tenemos la calidad que nos exigen, y los precios no son los mismos. Los asociados de la cámara quieren incorporar genética nueva, pero esto lleva tiempo”, señaló.

Vidal también se refirió a los problemas que enfrenta la industria del garbanzo, que ha sufrido en los últimos años debido a los factores climáticos adversos. “Este año, aunque el garbanzo no fue tan malo, tuvimos problemas con la mercadería. El grano se blanqueó debido al exceso de agua y hubo pérdidas por las lluvias”, señaló el presidente de Clera. Precisó que los costos de producción continúan siendo elevados, lo que dificulta aún más la rentabilidad de los productores.

Vidal contó que pidió la reunión con Dunan el jueves pasado luego de un viaje que hizo a Salta, donde los productores le manifestaron su preocupación por la situación. Los productores vienen recibiendo, desde el 20 de noviembre pasado, un correo electrónico enviado por el Inase que detalla que la medida busca “verificar el correcto cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y su reglamentación”. Para ello, se establece un plazo de 10 días hábiles para que los productores presenten la documentación requerida, específicamente “copia digitalizada de la factura de compra de la semilla originaria”, a fin de poder continuar con la campaña 2024/2025. En caso de no cumplir con este requerimiento, allí se advierte que se iniciarán “acciones administrativas pertinentes” contra aquellos productores que no puedan acreditar la legalidad de las semillas utilizadas.

El mensaje, enmarcado dentro de la resolución conjunta N° 4248/18 del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), detalla que esta exigencia se encuentra regulada por las resoluciones INASE N° 35/1996, INASE N° 52/2003, INASE N° 245/2024, RESOL-2018-378-APN-INASE#MA y la resolución INASE N° 2/2006. Añade que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las normativas vigentes.

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