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Caso Etchevehere: lo que dijo la jueza al ordenar el "reintegro inmediato" del campo
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Después de casi 15 días de la toma del campo que el exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, denunció como usurpado, la jueza entrerriana María Carolina Castagno ordenó hoy la restitución del predio.
El predio estaba ocupado por integrantes del Proyecto Artigas, que respalda Juan Grabois, luego de que Dolores Etchevehere, hermana del ex funcionario, anunciara una cesión de tierras en medio de una disputa familiar. El exministro y sus hermanos, en tanto, señalaron desde un primer momento que Dolores ya se había desprendido de sus acciones.
Para Castagno, surge claramente que la propietaria es Las Margaritas SA, que la presidenta del directorio a la fecha la detenta la denunciante Leonor Barbero, como consta en las actas y que la copia de la lista de herederos incluye a Dolores Etchevehere, sus hermanos y madre.
También habló del acuerdo privado de la partición de los bienes, con acuerdo ante escribano público, donde Dolores asiente el acto y desiste de cualquier tipo de reclamo futuro penal o comercial. Por el 12,5 por ciento que le corresponde les cede a sus coherederos y recibe 62.000 dólares y 24.000 dólares y dos parcelas rurales, en Los Cachorros y Casa Nueva, alejado del campo principal y decide escindirse de Las Margaritas SA, sostuvo la magistrada.
El acuerdo se votó por unanimidad y hay un escrito firmado por Dolores Etchevehere para que sus abogados presenten la renuncia a seguir adelante con la disputa judicial, "porque no hay razones suficientes para seguir adelante con el trámite judicial", añadió en su fallo.
Según la jueza, del examen de la documental no quedan dudas que Dolores Etchevehere es heredera de los bienes de su padre. Asimismo, señaló que el inmueble al que ingresó con numerosas personas pertenece a Las Margaritas SA y que Dolores no es socia accionaria de esa sociedad porque cedió a Mirus SA.
Mediante ese acuerdo privado, suscripto por los cinco herederos con firmas certificadas ante escribano, cede parte de los bienes, recibe 24.000 dólares y dos parcelas rurales para lo cual se le ordenó a un agrimensor la mensura.
La jueza consideró que Dolores trasladó sus bienes a otra sociedad anónima en 2018 y consideró la denuncia de extorsión pero que eso no ha sido aún resuelto en sede judicial.
Aludió a dos préstamos que Mirus SA le hizo a Dolores Etchevehere, previo a la partición y acuerdo privado por cesión de derechos y acciones, uno de esos préstamos fue de 54.000 dólares, a devolver a los dos años con una tasa anual del 8 por ciento.
Castagno cuestionó la actitud del juez de la instancia anterior, Raúl Flores, al considerar que restó relevancia a los derechos consagrados. Tuvo palabras para el Proyecto Artigas, al que no mencionó por nombre, al decir que interrumpió el normal funcionamiento del establecimiento rural que venía desarrollando la dueña, es decir Las Margaritas SA.
En su exposición, habló de extorsión y amenaza por parte de diez personas para llegar al destino, contra personas encargadas del campo, todo ello realizado a espaldas de los legítimos dueños. La decisión de Dolores Etchevhere de ingresar con personas extrañas, sin considerar las limitaciones a la libre circulación por la pandemia, "resulta verdaderamente llamativo y de modo inconsulto lo que da cuenta de su clandestinidad".
Agregó, no obstante, que eso no significa afirmar en grado de certeza que no tenga derecho a reclamar en otros ámbitos judiciales y que se aclare la denuncia por violencia de género que se tramita en otro ámbito judicial.
LA NACION
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