Pidieron llevar a juicio oral a operarios y sindicalistas que bloquearon una pyme láctea

Después de más de un año y medio desde que se originó el bloqueo en la planta de Lácteos Mayol, la pyme de Gobernador Udaondo, en el partido de Cañuelas, que vio interrumpida su producción durante cinco días en marzo de 2021, ayer se conoció que una causa contra operarios y sindicalistas de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) registró el pedido de elevación a juicio oral. Hay 28 personas imputadas, entre ellas el secretario general de la seccional, por supuestos “delitos graves” en la protesta por un encuadramiento.

La fiscal Norma Adriana Pippo, titular de la Unidad de Instrucción Penal Descentralizada N° 2 de Cañuelas, fue quien hizo un requerimiento de citación a juicio oral. La empresa había llegado a un acuerdo en su momento que contemplaba el “correcto encuadramiento” de los trabajadores que “satisfacía plenamente los justos reclamos laborales interpuestos”, según lo que había informado Atilra tras el bloqueo, pero la causa penal continuó su marcha.

“Se procesaron a 28 manifestantes entre ellos el secretario general, -Guillermo Arregui- de delitos muy graves, entre ellos robo agravado, coacción agravada, amenazas calificadas y daños. Esto es un antecedente favorable para las empresas”, indicó Juan Beluardo, el abogado de la pyme láctea de Gobernador Udaondo.

El caso, explicó el letrado, serviría como jurisprudencia -en caso de que sea cosa juzgada- para otras pymes del sector. “Se trata del mismo gremio, la misma actividad, y hoy de las personas que están imputadas en esta causa hay seis que están tomando la planta de Lácteos Vidal en Moctezuma, provincia de Buenos Aires. Aparte, es el mismo modus operandi”, amplió Beluardo. Del total de los imputados en la causa Mayol, indicó, hay cuatro que son empleados de la empresa, además de delegados del gremio y manifestantes.

Si bien como se informó se había firmado un acuerdo entre la pyme láctea y Atilra en el Ministerio de Trabajo bonaerense para poner fin al conflicto laboral, Beluardo explicó que la causa penal va a continuar hasta el juicio oral. “Lo que terminó con el acuerdo es el conflicto que dio origen al bloqueo. Durante la primera semana de marzo de 2021, quienes llevaron a cabo el bloqueo cometieron los delitos que detalla la fiscalía”, relató. Según se explica en el documento, los hechos precedentemente descriptos constituyen prima facie los delitos de robo agravado, daños, amenazas coactivas, resistencia a la autoridad y desobediencia en concurso real entre sí.

En el documento se detalla también que se pudo acreditar que, desde el 1 hasta el 6 de marzo 2021, al menos 28 sujetos integrantes del gremio Atilra y junto a otros manifestantes se agruparon de forma hostil en el ingreso de la fábrica láctea Mayol.

De esta forma, “impidieron el ingreso al edificio de sus dueños y empleados mediante agresiones verbales, obligando a los empleados de la empresa a que se sumen a la protesta mediante amedrentamiento, falso asesoramiento laboral y amenazas, acampando allí durante las noches, ingiriendo grandes cantidades de alcohol y utilizando las instalaciones de la empresa -a la cual ingresaron mediante el corte de candados y por la fuerza, como ser baños y duchas, infundiendo en forma constante temor a los empleados, dueños y vecinos”.

Beluardo señaló que, si bien “el reclamo del gremio en parte es genuino”, en el gremio “se confundieron en la forma de reclamarlo”. En tanto, pese al requerimiento de la fiscal, en el gremio dijeron: “No hay pedido de elevación a juicio. La Fiscalía convocó a una mediación entre las partes. Atilra aceptó, pero la empresa no. Antes del conflicto, se había llegado a un acuerdo integral que la empresa no cumplió. La fiscal debe pedir ir a juicio oral, pero no lo ha hecho. También es muy posible que se decrete la nulidad”.

El caso de Lácteos Vidal

La noticia se da a pocos días de que Lácteos Vidal, la pyme de Moctezuma que había quedado paralizada por un reclamo de los trabajadores adheridos a Atilra, sufriera un revés judicial luego de que el juez laboral, José Ignacio Ramonet, desestimara la medida cautelar de eximir de prestar servicios planteada por la empresa contra tres empleados y delegados del gremio “por no haber mediado contradictorio”.

“Nosotros presentamos una medida cautelar para que los tres delegados y los dos que tienen fueros fueran liberados de prestar servicio mientras dure el juicio de desafuero que hay que hacer antes de despedirlos. Lo que mandó el juez Ramonet no se entiende y están todas las declaraciones de los empleados donde relatan lo que pasó. Estos tres tipos nunca defendieron a los empleados que querían trabajar”, afirmó Alejandra Bada Vázquez, la dueña de Lácteos Vidal.

En tanto, Eduardo Darriba, que patrocina a la pyme de Moctezuma, señaló que en estos días habían comenzado a trabajar en “la apelación de esa resolución que rechaza la cautelar”.

“Hay un desgaste de ambas partes, porque te cansa esto, pero creo que el desgaste mayor es de ellos, ya que deben haber hecho muchas promesas y no pueden cumplirlas. En definitiva, este es un reclamo político o interno de Atilra”, puntualizó el letrado.

La empresaria, por su parte, indicó que la situación que se ha extendido a lo largo de los meses, con un grupo de manifestantes instalados en carpas y casas alquiladas en los alrededores de la planta de Moctezuma, también la complica. “Tengo que seguirles pagando el sueldo; pusieron en riesgo la continuidad y la economía de la empresa. Nosotros tenemos contratos de exportación que se perdieron y la continuidad de la economía de la empresa se vio afectada con todo esto. A esa gente le tengo que seguir pagando el sueldo mientras dure el proceso de desafuero. Yo pedí que hasta que no se resuelva el desafuero que no puedan convivir con los muchachos, eso fue lo que se le pidió al juez, que los libere de prestar tarea porque no podían convivir con los que amenazaron”, afirmó.