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Polémica: el Senasa se desligó del accionar de una empresa de software, evitó dar nombres y ya gastó más de $726 millones en un sistema
A raíz de una investigación de LA NACION sobre una firma que ofrecía servicios privados vinculados con una plataforma oficial de trazabilidad veterinaria, el organismo respondió a un pedido de acceso a la información pública de este medio
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LA NACION Belkis Martínez
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) lleva gastados $726.838.440,35 en el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de Trazabilidad de Productos Veterinarios (Sigtrazavet), una plataforma oficial y obligatoria para controlar el recorrido de medicamentos veterinarios y principios activos desde su elaboración o importación hasta su comercialización y utilización. En respuesta a un pedido de acceso a la información pública que hizo LA NACION, con LN DATA, el organismo precisó que el desarrollo está a cargo de un equipo de siete personas contratadas mediante convenios con la Fundación ArgenINTA, aunque no reveló sus identidades ni cuánto cobró cada una por su trabajo.
La respuesta oficial llegó después de que este medio revelara en agosto pasado que una empresa de software, jBit, había ofrecido servicios comerciales a laboratorios y compañías veterinarias asegurando que había desarrollado el sistema junto con el Senasa. La controversia generó preocupación en la industria por el eventual acceso de particulares a información comercial sensible y por la posibilidad de que personas vinculadas con el desarrollo de una herramienta estatal ofrecieran, en paralelo, servicios privados relacionados con su implementación.
En la documentación oficial, firmada por Gabriel Andrés Castañeda, director general de la Dirección General Técnica y Administrativa del Senasa, el organismo sostuvo que no se realizaron contrataciones de proveedores específicos para desarrollar Sigtrazavet. En cambio, explicó que los trabajos fueron ejecutados por personas contratadas mediante las cartas acuerdo N° 23 y N° 27, correspondientes a los convenios de cooperación técnica que mantiene con la Fundación ArgenINTA. “No se efectuaron contrataciones de proveedores en el marco del desarrollo del sistema”, señaló el organismo. De esta manera, negaron vinculación con la empresa de software mencionada, aunque, como contó este medio, uno de los desarrolladores figuraba en un instructivo de uso del sistema. A continuación, el ente aclaró que los trabajos fueron realizados por agentes contratados a través de los mencionados convenios.
Meses atrás, LA NACION accedió a una serie de correos electrónicos enviados por jBit Software a empresas del sector veterinario, en los que sus integrantes aseguraban haber participado en el desarrollo de la plataforma oficial y ofrecían servicios privados vinculados con su implementación. A finales de junio pasado, antes de que el Senasa oficializara el nuevo sistema, jBit Software envió correos electrónicos a laboratorios y empresas veterinarias para ofrecerles servicios de integración tecnológica con Sigtrazavet.
En esos mensajes, firmados por Ariel Zeller, identificado como administrador suplente de la compañía, la firma afirmaba: “Desarrollamos SigTrazaVet en conjunto con Senasa”. Además, ofrecía asistencia a las empresas para adaptar sus sistemas internos y argumentaba que su equipo conocía en profundidad el funcionamiento de la plataforma. Joel Benavidez figuraba como administrador titular de jBit y Zeller como administrador suplente, mientras que Nicolás Bairo aparecía vinculado laboralmente con la empresa.
Además, Benavidez figuraba como responsable de la revisión de un instructivo de uso de Sigtrazavet distribuido por la Dirección de Tecnología de la Información del Senasa en mayo. En tanto, Bairo había consignado en su perfil de LinkedIn que trabajaba como programador a jornada completa para el organismo sanitario y, simultáneamente, como desarrollador para jBit. Días después fue eliminada la referencia.
Consultados entonces por LA NACION, tanto el organismo como la empresa habían negado la existencia de una relación contractual o comercial entre ambos. Desde jBit afirmaron que no habían desarrollado sistemas para el Senasa, a pesar de los emails, mientras que el organismo sostuvo que ninguna compañía privada estaba autorizada a ofrecer servicios en su nombre.
Si bien la respuesta al pedido de acceso a la información pública no identifica a las siete personas que integraron ese equipo, el Senasa aclaró que los desarrolladores fueron contratados mediante convenios de cooperación técnica con la Fundación ArgenINTA, a través de las cartas acuerdo N° 23 y N° 27. De esta manera, el organismo precisó el mecanismo utilizado para financiar las contrataciones. El Senasa invocó la protección de datos personales prevista en el artículo 8°, inciso i, de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y señaló que los nombres no se consignaban, tal como se había requerido en la solicitud.
Sin embargo, una alta fuente con conocimiento de las contrataciones señaló a LA NACION que Benavidez y Bairo tuvieron contratos vinculados con el Senasa entre noviembre de 2025 y junio de 2026, mediante un mecanismo de facturación cuyos pagos eran canalizados por la Fundación. Los pagos dejaron de efectuarse en julio pasado. No obstante, aclaró que los valores individuales de las contrataciones son confidenciales.
Tras el escándalo, el Senasa se reunió con la industria y durante el encuentro se les comunicó que se había intimado a jBit a cesar la promoción de sus servicios vinculados con Sigtrazavet y que las personas involucradas habían sido desvinculadas.
El Senasa informó que las tareas de relevamiento y diseño de la arquitectura del sistema comenzaron el 20 de junio de 2025. También indicó que, al 14 de octubre de 2026, la plataforma continuaba en etapa de desarrollo, mejora y escalabilidad, por lo que no correspondía establecer una fecha de finalización. El organismo explicó que las siete personas participan en distintas etapas del desarrollo y soporte del sistema, por lo que no puede precisar la dedicación exclusiva ni un porcentaje fijo de participación de cada una.
Durante 2025, los gastos por el sistema ascendieron a $329.069.067,94, mientras que entre enero y septiembre de 2026 se registraron otros $397.769.372,41, lo que arroja un total de $726.838.440,35. El detalle presupuestario muestra que uno de los mayores registros mensuales correspondió a junio de 2026, con $177.375.005,58. También se destacan noviembre de 2025, con $120 millones, y diciembre de ese mismo año, con $92.329.550,94.
Según explicaron fuentes al tanto de este tema, los $726,8 millones informados por el Senasa corresponden a fondos que el organismo transfirió a la Fundación ArgenINTA para realizar compras de equipos e insumos en el exterior. Como el Senasa no dispone de una cuenta bancaria fuera del país, utiliza a la Fundación como intermediaria: le transfiere los recursos en pesos y ArgenINTA se encarga de efectuar las compras internacionales.
Un representante de un laboratorio consultado por LA NACION aseguró que su empresa todavía no había logrado completar el proceso de registración en Sigtrazavet. Según explicó, otros establecimientos atravesaban situaciones similares.
Por Belkis Martínez
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