Preocupación en el Gobierno por el clima “caldeado” en el campo

“Estamos viendo un clima que se ha caldeado en el campo”. La frase es de una importante fuente del Ministerio de Desarrollo Productivo, que si bien no se trata del área específica para el sector como es el Ministerio de Agricultura de la Nación, sigue de cerca y participa cuando hay un tema sobre el agro que hay que decidir.

En el Gobierno, y en esa cartera en particular, dicen que están preocupados porque, aseguran, las últimas medidas y noticias que rozaron al sector se interpretaron como una intervención. Lo último fue la fuerte reacción de ayer de entidades del agro que se hicieron eco de una versión de que el mismo Gobierno había dado una orden a Coto para dejar de operar en el Mercado de Hacienda de Liniers, algo que la misma empresa desmintió anoche.

“Es todo mentira”, dicen en Desarrollo Productivo. “Nadie se ocupó por consultar, lo dieron por cierto. Mucha gente en lugar de consultar lo dio por cerrado”, agregó la fuente consultada. “La preocupación por los precios es cierta, nos preocupa, pero decir que vamos a intervenir, de ninguna manera”, remarcó esta fuente.

En ese Ministerio advierten, desde su óptica, una suerte de pulseada para hacer ver que el Gobierno está supuestamente en contra del campo. “Hay un clima que se quiere asemejar a 2008 y no es así. Nadie piensa en el Gobierno que el campo sea un lastre”, apuntó.

La única coincidencia que ven en el Gobierno con 2008 son los precios internacionales, que se tonificaron por una serie de factores que van desde una fuerte demanda China como un EE.UU. agotando su producción para exportar cuando todavía restan varios meses para la nueva cosecha. Por fuera de esa similitud, no ven puntos de contacto porque, aseguran, antes de 2008 la economía y el sector venían en crecimiento y ahora vienen de un marco afectado por la pandemia.

En esa cartera creen que el campo no quiere el conflicto, pero identifican, no obstante “un sector que quiere el conflicto, alineado con Juntos por el Cambio”.

Del lado del campo, en tanto, vienen expresando que tienen razones para desconfiar y temer una intervención. Más allá del episodio de esta semana por el Mercado de Hacienda de Liniers, en las últimas dos semanas, Paula Español, secretaria de Comercio Interior, en declaraciones radiales amenazó con subir las retenciones para intentar frenar la suba de los alimentos, en especial la carne. Hoy la carne tributa un 9% de derechos de exportación mientras el grano de soja un 33% y el trigo y el maíz un 12%. Por ley el Gobierno no puede subir más las retenciones en soja salvo que lo haga enviando otro proyecto al Congreso. En trigo y maíz está facultado para subir tres puntos más todavía.

En el despacho oficial de esa fuente de Desarrollo Productivo sostienen que “no hay ningún proyecto dando vuelta” para subir los derechos de exportación. Hacen una observación: “Si lo hubiera sería en ese margen”. Es decir, se refieren a los tres puntos que por ley el Gobierno todavía puede subir.

Sobre este tema puntual en esa cartera se añade que tres puntos más de retenciones “no le cambiaría nada al Gobierno y a los productores” y que, si eso sucediera, aunque remarcan que no hay un proyecto, podría ser algo para destinar al problema de la pobreza.

La semana pasada, Desarrollo Productivo en conjunto con el Ministerio de Agricultura crearon un registro para exportar carne por la cual cualquier venta al exterior deberá llevar una declaración jurada con detalles del embarque. Para el campo, es la vuelta a los ROE (Registro de Operaciones de Exportación) que existieron con Cristina Kirchner hasta 2015 para trabar el comercio. En el Gobierno, en cambio, apuntan que es solo a los fines de transparentar un negocio donde vienen observando subfacturación de jugadores que no son precisamente frigoríficos.

“No es ningún ROE, es un tema de seguimiento, de registro. Queremos que se exporte porque el negocio con China (ese país se lleva más del 70% de la carne que la Argentina vende al mundo) es una oportunidad”, dijo.

Según esa fuente, hasta el momento se descubrieron unos 40 operadores que realizaron subfacturación con las ventas al exterior. Afirma que su accionar informal “generó un recalentamiento en los precios” que terminó impactando en la actividad. “Un problema serio”, agrega.

Insiste que no habrá intervención como temen los productores y reitera que este registro es solo para control. “El que haga las cosas bien no tendrá ningún problema”, remarca.

En este contexto, anticipó que está próximo a cerrarse un nuevo acuerdo de precios por la carne vacuna. Será hasta fin de año, tendrá algunos precios reducidos y contendrá “menos parrilla y más cocina de invierno” en materia de cortes.

Por Fernando Bertello

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