Una cámara judicial le puso suspenso a una desregulación clave para el Gobierno

POSADAS, Misiones.- En un fallo que implica un nuevo revés para el DNU 70/2023 que presentó el presidente Javier Milei en diciembre pasado, la Cámara Federal de Posadas rechazó una apelación del gobierno nacional a una decisión anterior de la justicia provincial que avala la regulación en el sector de la yerba mate.

Con la firma de los jueces Mirta Tyden, Analía Cáceres y Mario Boldú, la Cámara Federal de Posadas rechazó el viernes pasado el cuestionamiento que había realizado el Gobierno a una decisión de la jueza Adriana Di Fiori, a cargo del juzgado civil y comercial 8 de Posadas.

El 12 de enero pasado, en plena feria judicial, un grupo de asociaciones de pequeños productores a los que se sumaron algunos industriales y empresarios del sector, se presentaron ante Di Fiori para que anule el capítulo yerbatero del DNU 70/2023 que le quitaba al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sus potestades de regular el sector, como fijar precios.

Durante los últimos 22 años, el INYM estableció los precios para la materia prima de la yerba mate: la hoja verde que unos 12.500 productores, en su mayoría de no más de 50 hectáreas, cortan y venden a secaderos e industrias. El INYM también fijaba el precio de la yerba canchada, la que luego se estaciona por meses y se envasa, previa molienda.

Además, el DNU abría la puerta para que el gobierno nacional desviara los fondos con los que el INYM se autosustenta, mediante el cobro de la tasa de fiscalización, más comúnmente conocido como la reconocida estampilla que lleva cada uno de los más de 500 millones de paquetes de yerba mate que se venden cada año en la Argentina.

Situación

A mitad de enero, Di Fiori emitió un fallo para que “no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate”. Además de dictar el amparo, Di Fiori remitió la decisión de fondo sobre la inconstitucionalidad del decreto al juez Federal de Posadas, José Luis Casals.

La decisión de la Cámara Federal de Posadas abre el interrogante sobre la suerte del INYM que actualmente se encuentra en un limbo legal y buscando que se defina si finalmente será desguazado y transformado en un organismo dedicado a la promoción, las estadísticas y otras cuestiones o recuperará todo su poder regulatorio.

Hasta el momento el amparo de Di Fiori no logró frenar la desregulación yerbatera y el 1° del actual comenzó la cosecha gruesa de hoja verde (que se extenderá hasta fines de septiembre) sin que se establecieran precios oficiales, por primera vez en 22 años.

El director a cargo del INYM, Jonas Petterson, celebró la novedad pero dejó en claro que aún falta un fallo de fondo de la Justicia Federal para que avale la vuelta atrás.

“Esta decisión refuerza el fallo de Di Fiori en el sentido de que el DNU no incida el la desregulación del INYM o la quita de potestades regulatorias, pero falta un fallo de fondo de la Justicia Federal que le dé la razón a la jueza”, dijo a LA NACION Jonás Petterson, director a cargo del INYM, tras consultar al equipo legal del organismo.

Petterson es director del INYM por la producción y quedó “a cargo” en una votación en el directorio que no contó con la unanimidad y su autoridad es cuestionada por los directores que representan a la industria y a Corrientes. Justamente, una de las situaciones que agrava la incertidumbre que reina en el sector yerbatero es que desde el 10 de diciembre, el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, se niega a designar a un nuevo presidente del INYM, tal cual lo establece la ley 25.564.

Esta falta de designación de un presidente hizo caer las cuatro sesiones de precios del mes de febrero y marzo. Se trata de reuniones del directorio del INYM que no contaron con la presencia de los dos directores por la industria yerbatera y el director por el Gobierno de Corrientes, todos ellos a favor de la desregulación.

Ese sector asegura que las decisiones del directorio son nulas porque no existe un presidente del INYM designado por el Gobierno. La ley del INYM exige unanimidad entre los 12 directores para fijar precios de la materia prima, si no se logra (como pasó más de la mitad de las veces) se pide un laudo oficial.

Pero, esta vez, los directores que defienden la regulación decidieron no pedir el laudo a la espera de una decisión definitiva que avale que la regulación yerbatera sigue vigente.