Una historia de incumplimientos

La historia del cobro de peajes en las rutas argentinas comenzó en 1990, durante el gobierno de Carlos Menem. En el contexto de la ola privatizadora que reinó durante ese período, también pasó a manos privadas el mantenimiento de los corredores viales.

En ese año, se dieron en concesión aproximadamente 8000 kilómetros de rutas nacionales mediante el denominado sistema de peaje para mantenimiento (hasta ese momento, inédito en el mundo), por el que todos los usuarios viales deberían pagar para poder circular por caminos ya construidos con sus impuestos.

Ante el gran descontento que se extendió por todo el país, entre 1991 y 1992, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, renegoció los contratos. En virtud de esa renegociación se disminuyeron las tarifas, se extendieron los plazos de concesión y se transformó el canon que cobraba el Estado en un subsidio para las empresas concesionarias.

Según refiere Ricardo Lasca, "los subsidios superaron los US$ 1000 millones y debían destinarse a obras de infraestructura que nunca se hicieron".

Por otra parte, los usuarios viales transfirieron a los concesionarios en concepto de pago de tarifas de peaje unos 2000 millones de dólares.

Este sistema, que sólo tributó ganancias para las empresas concesionarias, tenía plazo de finalización el 31 de octubre de 2003.

Nuevos contratos

Ante la evidencia de que el sistema de peaje no había proporcionado ninguna ventaja o ahorro a los usuarios viales, sino que, muy por el contrario, había contribuido al empeoramiento de los caminos, en muchos casos intransitables, el presidente Néstor Kirchner anunció que se terminaría con este régimen.

Pero finalmente esta promesa no se hizo realidad, y lo que se llevó a cabo fue una nueva concesión de los corredores viales.

Lo curioso, en este caso, es que algunas de las empresas concesionarias que habían incurrido en incumplimiento de los anteriores contratos y entregado las rutas en mal estado volvieron a ser favorecidas en esta readjudicación de corredores viales.

Conforme lo especifica el director de Cadia, tal es el caso de Covico SA (84% de incumplimiento en el anterior contrato); Coarco-Equimac (29% de incumplimiento), con participación en Camino del Abra SA); Homaq SA (55% de incumplimiento), que funciona como Nuevas Rutas SA, y Supercemento, Dragados y Obras Portuarias (54% de incumplimiento), que tiene participación en Covicentro SA, Covinorte SA, Concanor SA y Vicov.

"Estos nuevos contratos, entre otras cosas, mantienen las tarifas anteriores (pero serán reajustables) y no obligan a las empresas adjudicatarias a hacer obras, sino que las realizará el Estado, con el aporte de todos los ciudadanos, a los que, además, se les cobra el peaje", asevera Lasca.

El costo km/año en las rutas concesionadas por peaje es de $ 50.000, mientras que en corredores donde se aplica el sistema Crema (construir, reparar y mantener), sin cabinas de peaje, es de entre 8000 y 12.000 km/año.

"Hasta 2003, se recaudaron en concepto de cobro en ruta por cabinas 3500 millones de dólares, y no se hizo un solo kilómetro nuevo de camino", refiere Lasca.

En 2001, mediante el decreto 802/2001, se crea la tasa al gasoil, destinada al desarrollo de proyectos de infraestructura y a la eliminación o reducción de peajes. Esta tasa ascendía a 0,05 centavos por litro, pero posteriormente se le otorgó un carácter porcentual y se estableció un 18,5 sobre el precio, sin impuesto, de cada litro de combustible. La recaudación anual estimada de esta tasa es de 1500 millones de pesos, que son transferidos a un fideicomiso creado por el decreto 976/2001. Asimismo, se recaudan unos 4000 millones de pesos anuales en concepto de pago de impuestos específicos (combustibles, neumáticos y lubricantes).

Es decir que, en total, hay unos 5500 millones de pesos aportados por los usuarios viales. "Con sólo destinar una parte de estos fondos al mantenimiento y mejoramiento de los corredores viales se podría prescindir del cobro del peaje", explica Lasca. Y en tal sentido, concluye: "De este modo se podría comenzar a construir un verdadero proyecto vial nacional, que contemple toda la red nacional y provincial de caminos, que preste un servicio al productor del interior del país y que permita mejorar la competitividad de toda la economía".

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