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Vicentin: en la firma temen que una imputación afecte su concurso
Mañana, la Justicia de Rosario avanzaría con una acusación por presunta estafa contra exdirectivos de la firma que tiene una deuda por US$1537 millones
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CORRESPONSAL EN ROSARIOGermán de los Santos
ROSARIO.-Quince directivos de la cerealera Vicentin, diez de ellos que pertenecieron al directorio de la firma durante el default de la agroexportadora, tres actuales y dos síndicos, serían imputados mañana en Rosario bajo sospecha de estafa tras la caída en cesación de pagos de la empresa oriunda de Avellaneda, en el norte de Santa Fe.
Esta causa penal, que llevó adelante el fiscal Miguel Moreno, llega a esta instancia de imputaciones tras más de un año de investigación pero en momentos en que la empresa debe formalizar el 16 de diciembre próximo una propuesta para el pago incluido a los acreedores, y avanzar en la posible venta de activos que negocia con tres inversores. “Esperemos que no afecte el desarrollo del concurso de acreedores”, advirtió Alberto Macua, exvicepresidente de Vicentin.
La firma concursada, que enfrenta una deuda de 1573 millones de dólares, debía presentar una propuesta para los acreedores el 3 de septiembre pasado, pero al no llegar con los plazos pidió tres meses más de tiempo, algo que avaló el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini. Recientemente, la empresa dio a conocer los lineamientos de una propuesta de pago con una quita del 70%.
El problema que aparece ahora en este contexto es que los directivos de la empresa serian imputados por estafa mañana en una audiencia en la que participará un juez, por lo que no se descarta que Moreno pedirá al magistrado que se apliquen medidas cautelares, entre las que se incluye la de prisión preventiva.
Escenario
La causa penal contra los ex y actuales directivos de Vicentin se inició en julio pasado, luego de que varios acreedores presentaran una denuncia, con la representación del abogado Gustavo Feldman. Después se sumaron los bancos extranjeros, que reclaman una acreencia de 530 millones de dólares. Los bancos acreedores son el IFC (Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole. A este lote de entidades crediticias también se sumó como querellante en Rosario el Banco Macro.
En esa causa, el juez Nicolás Foppiani dictó el 18 de septiembre de 2020 una medida de no innovar para impedir la venta de activos de Vicentin, luego de que miembros de la familia se desprendieran del frigorífico Friar, que no forma parte del concurso de acreedores que tramita desde marzo pasado.
A la par del contexto penal y del concurso, la empresa continuó con sus operaciones y no despidió a ningún empleado, según rescataron este lunes fuentes de la empresa que dialogaron con LA NACION.
El abogado querellante Gustavo Feldman opinó que lo que ocurra este martes en la audiencia imputativa en Rosario “va a tener injerencia en todo el planeta Vicentin, no sólo en la causa penal de Rosario”. El letrado consideró que hay pruebas “contundentes y determinantes” para sostener las imputaciones, que “inevitablemente resonarán” en el trámite del concurso que se lleva adelante en Reconquista.
Los directivos de Vicentin opinan lo contrario. Buscan separar lo que transita por el concurso de acreedores de la causa penal que enfrentan por estafa. “Desde un primero momento, el directorio de Vicentin y las personas citadas por el fiscal Moreno, que inició una serie de medidas cautelares, como embargos, se pusieron a disposición de la justicia. Hubo más de 30 personas que tuvieron embargadas sus cuentas. Hay más de 15 sociedades que tienen imposibilidad de cambiar sus paquetes accionarios. Todas las medidas sobre las sociedades no fueron levantadas en su totalidad. Desde ese momento estamos todos a derecho”, planteó Alberto Macua, quien agregó: “Todos estamos en nuestros domicilios y trabajando en el desarrollo de la compañía y llevando adelante el concurso”.
“Esta audiencia imputativa sabíamos que en algún momento se iba a producir. La verdad es que llega en una instancia en que estamos en plenas conversiones para la salida concursal. Esperamos que no influya, aunque es muy difícil de prever”, señaló el exdirectivo.
El actual presidente del directorio, Omar Scarel, consideró –en diálogo con LA NACION- que “no se sumaron deudas posconcursales, con lo cual la compañía llega con una caja de 70 millones de dólares”.
La empresa, que entró en default en diciembre de 2019 y está en concurso de acreedores desde marzo de 2020, había solicitado que el plazo para negociar sus deudas se extendiera hasta el 31 de marzo del año que viene. Además, el juez del concurso, Fabián Lorenzini, dispuso como fecha límite el 20 de noviembre para que la firma presente un plan de negocios y la propuesta de pago a sus acreedores, a la vez que fijó una serie de pautas para el mismo.
Según la resolución firmada por Lorenzini, la prórroga otorgada del período de exclusividad cuenta con los avales de la Sindicatura, el Comité de Control y las entidades bancarias que lo integran.
El principal acreedor individual de Vicentin SAIC es el Banco de la Nación Argentina (BNA), que verificó créditos por US$300 millones, mientras que el conjunto de bancos extranjeros que prefinanciaba las exportaciones del grupo reclama más de US$500 millones.
El abogado querellante Feldman consideró que “hay una dicotomía entre el escenario que se desenvuelve en la causa penal en Rosario y el que se vive en Reconquista, donde se lleva adelante el concurso. Las diferencias son ostensibles. Acá hay una investigación seria, mientras que en Reconquista tenemos a un agente judicial de Vicentin que formalmente reviste como juez. Creo que después de las imputativas, y de cara al derrotero procesal penal que va a haber en Rosario, a lo mejor no pueda tener injerencia formal en el concurso, pero sin duda va a tener una repercusión real, simbólica, insoslayable”.
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