Vicentin. Punto por punto, así es el proyecto de expropiación

Para esta tarde se espera el ingreso al Congreso, a través de la Cámara de Senadores, del proyecto del Poder Ejecutivo para expropiar la cerealera Vicentin, en default y proceso preventivo.

Según pudo saber LA NACION, que accedió al contenido de la iniciativa, el proyecto tendrá los siguientes puntos:

• Se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la empresa.
• El valor de los bienes de la empresa se determinarán conforme a lo previsto en la ley 21.499 de expropiaciones y deberán ser tasados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
• La suma a abonar por la expropiación se pagará con la deuda que Vicentin tiene con el Banco Nación ($18.000 millones) y con la AFIP. Además, el Estado podrá contraer préstamos en el mercado o emitir títulos de deuda pública para pagar saldos de la expropiación.
• Se crea el Fondo Fiduciario Agro Argentina, cuyo fiduciario y fideicomisario será el Estado Nacional y el Fiduciante la empresa YPF SA a través de YPF Agro SA. Terminada la expropiación los bienes pasarán al Fondo Fiduciario Agro Argentina.
• El personal de Vicentin (7000 entre todas las áreas de negocios) será transferido a YPF.
• A través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se convocará a una asamblea extraordinaria de accionistas para remover a todos los directores actuales y reemplazarlos por otros.

En tanto, a través del decreto presidencial 522, hoy se formalizó la designación de Gabriel Delgado, exsecretario de Agricultura, como interventor en Vicentin.

De acuerdo a la norma, por 60 días habrá una intervención transitoria de Delgado, que estará acompañado como subinterventor por Luciano Zarich, exfuncionario del Ministerio Agricultura.

"Esta temporalidad resulta razonable y proporcionada a los objetivos buscados, en tanto se pretende asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, la protección de los puestos de trabajo en peligro y evitar efectos dañosos sobre el mercado agroexportador y la economía en general, máxime en la situación de emergencia sanitaria que vive el país, ampliada por el Decreto N° 260/20 en el marco de las emergencias dictadas por la Ley N° 27.541", dice el decreto en sus considerandos.

Según el decreto, que menciona a otras empresas del grupo, se encuentran en riesgo no sólo 2195 puestos de trabajo de la industria aceitera, sino 1000 de una empresa algodonera propia, 376 de una bodega y 2057 de una planta frigorífica.

Mientras en el Congreso se aguarda el proyecto, siguen los análisis políticos sobre la medida oficial, presentada como un "rescate" y estratégica para la "soberanía alimentaria".

"Es falso el dilema se lo quedan las grandes cerealeras transnacionales o se lo queda el Estado, es falso y haragán. Es perezoso. En esta etapa, el Estado apoyando la fuerte participación de cooperativas, más pequeños y medianos productores, hubiese sido una seria alternativa a la estatización, con mayoría de las cooperativas y una parte menor el Estado", dijo Alejandro "Topo" Rodríguez, diputado nacional por Consenso Federal y hombre del exministro de Economía, Roberto Lavagna.

Rodríguez, quien transmite el pensamiento de Lavagna, señaló que resultó "muy llamativa" la ausencia ayer en el anuncio de representantes de la provincia de Santa Fe (de donde es originaria la empresa), del Ministerio de Agricultura y el sector cooperativo, "especialmente los movimientos de cooperativas santafesinas y de toda la región centro del país".

"No encuentro ninguna razón de gobierno para esta acción, debe asegurar que no se expone a demandas multimillonarias por litigios que puedan entablar algunos campeones globales de tejes y manejes, algunos socios de Vicentin", indicó.

Para el diputado nacional, el Gobierno anuncia esta medida cuando sigue sin cumplir con el pago de compensaciones a los productores de soja, una promesa oficial.

"Anuncian decisiones supuestamente históricas y medidas supuestamente estratégicas, pero siguen sin cumplir con los pequeños productores agropecuarios argentinos, al no aplicar las compensaciones por segmentación de retenciones aprobadas por ley del Congreso de la Nación hace casi seis meses", indicó.