Cardoso advirtió que el proyecto del "fast track" amenaza el ALCA

El presidente brasileño objeta el mantenimiento de los subsidios al agro de EE.UU.
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11 de diciembre de 2001  

SAN PABLO (De nuestro corresponsal).- El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, rechazó las condiciones bajo las cuales fue aprobado el "fast track" (vía rápida) en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la semana pasada, que permitiría a George Bush negociar acuerdos comerciales con otros países sin pasar por el Congreso.

"El fast track fue aprobado con condiciones que, si fueran llevadas al pie de la letra, no dejarían que haya ALCA", expresó Cardoso con dureza.

El proyecto de fast track, oficialmente llamada Trade Promotion Authority (TPA), por el cual el Congreso le concede al Ejecutivo norteamericano la facultad para negociar acuerdos comerciales en forma directa, precisa aún ser aprobado por el Senado para convertirse en ley.

Aun así, Brasil no esperó para manifestar su oposición, por considerar que la iniciativa, que ya cuenta con media sanción, va en contra de los intereses brasileños.

Brasil venía condicionando su apoyo a la formación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) a la eliminación de las barreras a los productos agrícolas, el consenso sobre las leyes antidumping y la transferencia de tecnología.

El texto aprobado, sin embargo, va en contra de esos tres preceptos que Brasil considera indispensables, y sin los cuales amenaza con no ingresar en el área de libre comercio. Primero, el proyecto defiende los subsidios y el apoyo al productor agrícola norteamericano, lo que implica directamente la persistencia de las barreras a bienes agrícolas latinoamericanos. También veta la transferencia tecnológica y, por último, preserva las leyes antidumping, principal instrumento norteamericano para proteger a sus sectores menos competitivos.

El mismo día de la media sanción del TPA, Itamaraty se manifestó con un mensaje claro, de contenido diplomático fuerte.

"Sin prejuzgar el resultado del proceso legislativo, que aún está en curso, el gobierno brasileño, en el análisis preliminar al que procedió, considera merecedoras de atención las limitaciones que el texto (...) establece para las negociaciones sobre determinados productos en los que Brasil tiene reconocida competitividad", decía el comunicado oficial. "El gobierno brasileño manifiesta la expectativa de que los Estados Unidos participen de las negociaciones comerciales en poder de un mandato efectivamente liberalizador y conscientes de que la apertura comercial sólo podrá ocurrir en bases equilibradas, en que todos los países puedan ganar."

El embajador Sergio Amaral, ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, colaborador de confianza de Cardoso, fue más allá del comunicado de Itamaraty: "No negociaremos nada si Estados Unidos no acepta discutir sus barreras".

La embajada de Brasil en Washington cuenta con estudios que, dicen, fundamentan su posición rígida. Según esos trabajos, un 60% de las exportaciones a Estados Unidos sufre algún tipo de barrera arancelaria y paraarancelaria. El embajador brasileño en Washington dijo a medios brasileños que "varios informes comprueban que la principal razón para el bajo o el nulo crecimiento de los países en desarrollo es el proteccionismo de los países desarrollados, especialmente Europa y los Estados Unidos".

Por su parte, el canciller Celso Lafer consideró que el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes tiene algunos puntos positivos "y otros que preocupan". Entre los últimos, los diplomáticos brasileños están sorprendidos particularmente con uno: la cláusula cambiaria. La norma introducida en el proyecto de TPA prevé la creación de un organismo consultivo, para estudiar casos en que un país devalúe su moneda y eso genere desequilibrios competitivos.

Las reticencias brasileñas frente a la negociación con Estados Unidos generaron una inusual coincidencia hasta con el líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inacio Lula da Silva.

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