El comercio exterior en el proyecto de ley de presupuesto 2019

"Me interesa el futuro, porque es donde voy a estar el resto de mi vida".

Woody Allen

La frase del célebre cineasta abre la cuestión sobre el futuro para el sector exportador en medio de las proyecciones que maneja el Gobierno en el presupuesto para 2019. A continuación, un análisis de los principales puntos del proyecto de ley, que tienen que ver con el comercio exterior (y no tanto).

• Inflación. En 2018, los precios se aceleraron como consecuencia de la depreciación del peso (necesaria para mejorar el tipo de cambio real) y el aumento del precio internacional del petróleo. Continuaron las actualizaciones en las tarifas de servicios públicos que se encontraban atrasadas. Para 2019 no se esperan ajustes tarifarios importantes, y se proyecta una inflación interanual del 23%, manteniendo un tipo de cambio competitivo.
• Dólar. $40,10 en 2018; $44,30 en 2020; $48,20 en 2021; $50,50 en 2022. Vemos que el Gobierno apuesta a cierta estabilidad en las variaciones del tipo de cambio luego de la última devaluación. Veremos cómo nos va en la práctica. Hoy el dólar futuro (Rofex), a mayo 2019, está en $52.
• Actividad económica. De acuerdo con las proyecciones oficiales, este año cerraría con una caída del caída de PBI de 2,4%. Para 2019 el oficialismo espera una caída del PBI de 0,5%.
• Factores internos y externos que incidieron en 2018. Entre las variables con mayor impacto se encuentran la mayor sequía de los últimos cincuenta años, que provocó una fuerte caída en la producción agrícola y en los ingresos por exportación; la considerable suba de las tasas de interés en Estados Unidos, que trajo consigo una apreciación del dólar, y la causa de los cuadernos, que sumó incertidumbre al país, complicando el financiamiento para los proyectos de infraestructura.

También nos afectó la agudización de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, además de la crisis en Turquía, que contagió a otros mercados emergentes, como el nuestro; la incertidumbre política de Brasil y la suba del precio internacional del petróleo.

• Gasto público, consumo e inversión. Este año cerraría con una caída del 2,7% del PBI y se apuesta a un 2019 con equilibrio fiscal primario. Casi el 80% del gasto público se dedicaría a servicios sociales. En tanto, se estima una caída de la inversión del 9,7%, del consumo privado en un 1,6%, y del consumo público del 3,4%.
• Exportaciones, importaciones y saldo de la cuenta corriente. El gobierno destacó como motores de crecimiento desde 2016 a la inversión y a las exportaciones. Con respecto a estas últimas aclara que el impulso de las mismas se debió a "políticas orientadas a su expansión" que fueron incluso anteriores a la corrección del tipo de cambio. Para 2019, el Gobierno espera una mejora de la performance exportadora (+21% interanual), basándose en el fin de la sequía, el buen desempeño de Vaca Muerta, una mejora de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), la aceleración de Brasil y la existencia de un tipo de cambio más competitivo.

Para el Gobierno, antes de la reciente devaluación las exportaciones venían mejorando (tenuemente), merced a esas políticas expansivas. Pero hay grandes interrogantes: ¿los recientemente anunciados derechos de exportación no generarán un efecto contrario aunque el tipo de cambio sea hoy más favorable? ¿Es el tipo de cambio una variable de mejora de competitividad tan determinante? En lo personal, creo que la competitividad es un concepto bastante más amplio, y el Gobierno está poniendo demasiado entusiasmo en él mientras ha tomado medidas que van muy en contra de la exportación.

Con respecto a las importaciones, se espera un aumento interanual del 2,4% y un saldo en la cuenta corriente de bienes y servicios de US$ -9100 millones (2,2% del PBI), corrigiéndose así en un 50% el déficit de cuenta corriente medido en dólares.

• Recaudación por derechos de exportación e importación. Basándose en el optimismo de un significativo aumento de las exportaciones, el Estado va por la capacidad contributiva de los exportadores, anticipando una recaudación por derechos de exportación en 2019 de 2,39% del PBI y un aumento en pesos de más del 200% interanual, hasta $431.651 millones. El proyecto de ley incluye en los artículos 80 a 83 modificaciones sobre la ley 22.415 (Código Aduanero) para poder alcanzar con derechos de exportación a los servicios, una medida que podría convertir a un ejemplo de exportaciones de alto valor agregado en un ejemplo de exportación de impuestos.

Por el lado de los derechos de importación, se espera recaudar $172.104 millones (0,95% del PBI), un 46% más que en 2018. Asimismo, se preven eximiciones para material de uso ferroviario, porturario y combustibles líquidos. Los impuestos que más aportarían a las arcas son, en ese orden: el IVA, el impuesto a las ganancias y los nuevos derechos de exportación.

Según el INTA, la mayor recaudación por derechos de exportación en 2019 la aportará el complejo sojero (US$5400 millones y un ingreso en divisas de US$18.700 millones), mientras que productos como el trigo, maíz y sorgo generarían ingresos por derechos de exportación de US$837 millones (e ingresos por US$8300 millones). ¿Vale la pena que por US$830 millones se pongan en juego mercados que al país le aportan US$8300 millones?

Por otro lado, la recaudación actual de derechos de importación en la Argentina es de US$4100 millones aproximadamente –fuera del Mercosur y Aladi–, y las importaciones extrazona tributan aranceles por aproximadamente US$42.000 millones. Es decir que hay un arancel promedio de casi 10%. Siendo el tope de la OMC de 35%, hay un margen de 20% teórico para gravar más a importaciones por casi un total de US$10.000 millones, un destino a donde se hubiese podido dirigir la recaudación estatal.

El autor es vicepresidente de Cacesfe y autor del libro Comercio Exterior para no especialistas