Los peligros de los préstamos bancarios obtenidos a través de la manipulación informática

El factor humano se encuentra en desventaja en comparación con el tecnológico. El cibercrimen avanza y las medidas que se toman para hacerle frente llegan tarde, y por eso no suelen lograr su principal cometido: la prevención.

Durante 2020 las denuncias por estafas bancarias crecieron un 3000% en el país y se estima que el 28% de los argentinos recibió una estafa bancaria a través de su correo electrónico. Ello se debe en gran parte a la pandemia y a la necesidad de realizar las operaciones bancarias de manera digital, dando lugar a que se amplíe el fraude bancario.

Una de las maniobras delictivas más comunes en nuestros días es el phishing (pesca de incautos) en donde se engaña a las víctimas para que revelen información y así solicitar préstamos o acceder a sus fondos, para luego efectuar transferencias a terceros produciendo el menoscabo patrimonial.

Suele ocurrir que las víctimas, una vez que advierten el desfalco, interponen una denuncia para que se investigue el delito de defraudación por manipulación informática y procuran endilgar responsabilidad penal a la entidad bancaria por el manifiesto incumplimiento de sus deberes de vigilancia y control a fin de mitigar el perjuicio económico que sufrieran producto de la estafa.

El BCRA ha reiterado la imposición a las entidades bancarias a contar con “mecanismos de seguridad informática” que garanticen la confiabilidad de la operatoria. Así, las entidades bancarias, en su carácter de proveedores especializados en ofrecer y brindar servicios financieros, deben asumir una responsabilidad mayor.

Ante este problema, la Justicia ha comenzado respaldar a las víctimas, ordenando a los bancos que se abstengan de realizar actos que signifiquen la realización de débitos en su cuenta con respecto a los préstamos que no fueran solicitados por ellos, siempre y cuando se encuentren verificados dos requisitos básicos, a saber: verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Se ha explicado por ejemplo que: “El derecho es verosímil porque el querellante acreditó que comunicó a la entidad bancaria que no estaba interesado en un crédito y hay peligro en la demora por cuanto el descuento de cuotas y la información que lo haga figurar como deudor le traen un perjuicio actual, que debe ser evitado hasta tanto se esclarezca lo sucedido” (ver Res. 13/05/2021, CN° 20.575/2021, “N.N. s/Estafa. Damnificado: F.C.D”, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34).

Pareciera que la Justicia está dando una adecuada respuesta, pero las entidades bancarias, frente a la vulnerabilidad y a los peligros expuestos, necesariamente deberán implementar exhaustivos mecanismos de prevención y control para mitigar los riesgos, teniendo principalmente en mira proteger los derechos de los usuarios.

Los autores son especialistas en derecho penal

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