Crisis previsional: este año, tres de cada cuatro nuevas jubilaciones tuvieron moratoria por falta de aportes

En la primera mitad de este año tres de cada cuatro nuevas jubilaciones otorgadas por la Anses fueron para personas que, al no tener la cantidad de aportes que exige la ley, requirieron una moratoria previsional. Según la estadística publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social, de las 213.970 altas de jubilaciones, 158.350 (74%) se obtuvieron de esa manera, mientras que 55.260 fueron para personas que sí acumularon las contribuciones requeridas.

A la vez, del total de jubilaciones que vigentes en junio último, el 67,25% fue adquirida con moratoria mediante. Entre las pensiones por fallecimiento ese índice es inferior, de 31%. Si se considera el total de prestaciones (jubilaciones y pensiones), las otorgadas con estos planes son seis de cada diez: se trata de 4.293.208 beneficios, de los cuales 3.782.876 son jubilaciones y 510.332, pensiones.

Los datos son -en gran medida, aunque no exclusivamente- una muestra de la alta informalidad y vulnerabilidad que hay en el mercado de trabajo, un factor combinado con un sistema jubilatorio que no prevé prestaciones proporcionales y acordes a los años aportados, para los casos en los que no se llega a los 30 años exigidos para la jubilación ordinaria.

El principal programa hoy vigente, que el gobierno de Javier Milei buscó eliminar y reemplazar por un nuevo esquema de prestaciones, es el previsto por la ley 27.705, aprobada en 2023. Es un régimen que permite comprar aportes mensuales a un valor actualizable, definido por la propia norma. Por lo general, no se paga efectivamente por adquirir esas contribuciones, sino que, tras darse el alta del beneficio, comienzan a percibirse los haberes y, cada mes y durante un tiempo, se descuentan determinados montos como una forma de saldar la deuda que se declara tener con el Estado.

En su versión original, el proyecto de Ley Bases enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso previó la derogación de ese plan de “pago de deudas previsionales”. Esa parte del texto fue excluida cuando la iniciativa pasó por el Senado. De todas maneras, la posibilidad de jubilarse de inmediato utilizando este esquema vencerá el 23 de marzo de 2025 (tal cosa ya estaba prevista). Quienes cumplan la edad mínima jubilatoria después de esa fecha (60 años las mujeres y 65 años los varones) ya no podrán acceder, salvo que haya una prórroga.

Desde 2010, el primer año contemplado en la estadística oficial publicada, siempre las altas de jubilaciones con moratoria fueron más que las que no la tuvieron. El récord se dio en 2015, cuando el 87% de las 95.463 jubilaciones otorgadas tuvo un plan de pagos por aportes no hechos. Le siguió 2023, con el 81% de las 486.327 altas dadas. En ambos casos se trató de años electorales y hubo impacto de una renovación o cambio normativo de este tipo de planes, que son de carácter temporal, pese a ser reflejo de un problema estructural para el cual no hay solución de fondo.

Por fuera de esos planes, rige la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que no tiene requisitos en cuanto a contribuciones. Es una prestación que equivale al 80% del haber mínimo (en agosto será de $180.363,54 y se sumará el bono de $70.000, para completar $250.363,54).y a la que tanto varones como mujeres acceden a los 65 años. Es decir, en el caso de las mujeres deben esperar 5 años más respecto de la edad jubilatoria vigente.

El proyecto de ley del Gobierno preveía mantener esa pensión y crear una “Prestación de Retiro Proporcional” para quienes lleguen a los 65 años teniendo aportes, pero sin reunir los 30 exigidos. Ese beneficio iba a tener como piso el valor de la PUAM.

Al no existir hoy un esquema de pagos proporcionales, entre quienes obtuvieron beneficios con moratoria conviven realidades muy dispares. Están quienes nunca hicieron contribuciones y están quienes sumaron, por ejemplo, más de 20 años de aportes.

Si bien no en todos los casos las jubilaciones sin aportes fueron dadas contemplando situaciones de vulnerabilidad, en buena medida son reflejo de una crisis social y laboral de larga data en la Argentina. A casi 20 años del inicio de esa política, hoy más de un tercio de los asalariados no tiene aportes y, si se mira el conjunto de empleados dependientes y a cuentapropistas, ese índice llega al 50%, según datos elaborados por el Instituto Di Tella sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

En los últimos meses ganó terreno el debate sobre una diferenciación de las políticas de recomposición de ingresos para los jubilados con moratoria que, son el 86% de quienes cobran el ingreso mensual integrado por el haber mínimo -o por un haber levemente mayor al mínimo- más el bono de hasta $70.000 (en agosto, un total de $295.454). El ministro de Economía, Luis Caputo, definió más de una vez a quienes están alcanzados por el pago del refuerzo previsional como “los con moratoria”.

En el caso de quienes cobran el haber mínimo, al estar congelado desde marzo el adicional de $70.000, el aumento del ingreso en los primeros meses de 2024 acumula un 83,84%, en tanto que para quienes no perciben bono la suba hasta agosto llega a 113,3%. Esa relación es inversa a la que se venía dando. En los últimos años, todos los jubilados perdieron poder de compra y los que más perjudicados se vieron son quienes, en función de los aportes que hicieron durante la vida laboral, tienen haberes medio bajos, medios o altos. Entre 2019 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, la caída del valor real del ingreso llegó hasta 45%.

En un documento del Ieral de Fundación Mediterránea se recomienda dar un reconocimiento a quienes se jubilaron sin moratoria. El informe analiza el proyecto de ley que en estos días se debate en el Senado. Esa iniciativa busca disponer que, además de actualizarse los haberes todos los meses por inflación, haya una suba extra cada año si el índice salarial Ripte avanza más que el de precios. La propuesta del Ieral es que a los jubilados que obtuvieron su prestación sin moratoria se les reconozca un incremento mayor que a los de quienes sí tuvieron el plan.

Desde 2018 rige una política de diferenciación, ya que la garantía por la cual el haber mensual nunca puede ser inferior al 82% del salario mínimo, vital y móvil, establecida en la ley 27.426, solo se aplica para quienes completaron los aportes requeridos antes de jubilarse.

El sistema creado por ley en 2023 implica la posibilidad de comprar aportes por períodos que abarcan desde los 18 años de la persona hasta diciembre de 2008. Para las mujeres rige el beneficio que permite contar entre uno y tres años de aportes por hijo.

Cada período mensual tiene un precio, que equivale al 29% de la remuneración mínima para el cálculo de los aportes salariales a la seguridad social. En agosto ese sueldo de referencia es de $75.933,01 y, por tanto, el valor del aporte es de $22.020,57. La adquisición determina que se contabilice una deuda con el Estado y, si se cumplen ciertos requisitos, el solicitante comienza a percibir los haberes y de ellos se descuenta un monto para saldar la obligación, durante un período de hasta 120 meses.

Según lo previsto, a quienes no pasan un examen socioeconómico, por tener ingresos y/o patrimonios altos, no se los deja al margen del esquema, sino que se les permite comprar aportes con subsidio estatal y pagar todo en una única vez para obtener una prestación.

La ley también creó un plan de adquisición de aportes para quienes están a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria. En estos casos se adquieren las denominadas “unidades de cancelación de aportes previsionales”, por períodos no aportados previos a abril de 2012, que se deben ir pagando antes de la jubilación.

Existe otra moratoria vigente, que va perdieron fuerza por el paso del tiempo. Es la de la ley 24.476, aprobada en los 90 y reglamentada 10 años después, que permite cancelar deudas por aportes de meses previos a octubre de 1993. Dada esa limitación, las mujeres que cumplen 60 años este mes podrían entrar al plan por hasta 11 años y dos meses de aportes, en tanto que los varones que lleguen ahora a sus 65 años podrían acceder por 16 años y dos meses de aportes.

Por Silvia Stang

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