Cronología de un polémico conflicto que tiene como protagonistas a los Kirchner y a Kicillof
En abril de 2012 se anunció y en mayo entró en vigor la estatización que impulsó el kirchnerismo; todo terminó en una denuncia multimillonaria contra el Estado argentino
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LA NACION
La historia del juicio de YPF nace en abril de 2012, cuando la ahora detenida Cristina Kirchner era presidenta, aunque hay, como en toda historia de poder, una precuela. Ese día, la exmandataria anunció su intención de estatizar YPF. Años después, ya con un juicio perdido en Estados Unidos, la Justicia del país que dirige Donald Trump pide ahora que se pague parte de la sentencia por US$16.000 millones con el 51% de las acciones de la petrolera con mayoría estatal.
¿Cómo fue la polémica historia que une esos momentos? Las compañías Petersen -propiedad de la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz- habían comprado el 25% de las acciones de YPF a Repsol, el 21 de febrero de 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Primero pagaron US$1100 millones por el 14,9% de las acciones y luego US$2200 millones por el 10,1% restante, según los valores de mercado de ese entonces. Para ello, habían obtenido créditos por parte de un grupo de bancos europeos, que se iban a devolver con las utilidades de las acciones. Cuando la Argentina tomó el control de la firma, se suspendieron el cobro de dividendos y las empresas quebraron.
El fondo Eton, en tanto, había comprado el 3,04% de las acciones de YPF en noviembre de 2010 por un total de US$458 millones.
El 16 de abril de 2012, Cristina Kirchner anuncia que quiere quedarse con YPF y el 7 de mayo de ese año, entra en vigor en la Argentina la ley de interés público que dejó el 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol “sujetas a expropiación” y bajo “ocupación temporal” por el Estado argentino. En julio, Petersen se declaró en quiebra en España tras haber incumplido en mayo el pago de los préstamos que hizo un pool de bancos europeos para financiar la compra de las acciones de YPF. En mayo de 2014, se completó la expropiación por parte de la Argentina del 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol, luego de pagarle a la empresa española US$5000 millones en bonos soberanos.
“El entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quienes eran interventores en YPF, se negaron a realizar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones cuando expropió el 51%, algo que debería haber hecho, según indica el propio estatuto de la petrolera. “No le vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”, dijo entonces Kicillof en el Congreso.
El 4 de marzo de 2015, el síndico de la quiebra de Petersen, extenedor de acciones de YPF, vendió todos los reclamos relacionados con la expropiación a Prospect Investments LLC, una subsidiaria de Burford Capital LLC, fondo que presentó los reclamos en nombre de Petersen, según se desprende del escrito que presentó YPF.
Apenas un mes después, el 8 de abril, Petersen presentó una demanda contra el país e YPF por “incumplimiento anticipado de contrato, incumplimiento del deber implícito de buena fe y trato justo, e impedimento promisorio”. Y agregó: “Petersen alegó que YPF incumplió supuestas obligaciones de hacer cumplir las disposiciones de la oferta pública de adquisición y sanciones sobre las acciones adquiridas en violación de dichas disposiciones”.
En junio de 2015, Eton Park, otro extenedor de acciones de YPF, presentó demandas contra la Argentina y la petrolera.
El 31 de mayo de 2023, la jueza Loretta Preska culpó al Estado argentino, pero eximió de responsabilidades a YPF. El 16 de septiembre, después de un proceso en que se analizó el monto de la indemnización, la jueza confirmó que la Argentina deberá pagar casi US$16.100 millones más intereses.
En febrero de 2024, el Estado argentino presentó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el primer escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska.
En enero, de este año, las tres partes (la Argentina, YPF y los fondos) ya había presentado todos los escritos solicitados y ahora se esperaba que la cámara de Apelaciones designara un panel de tres miembros y resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso, que podría ser en los próximos meses.
Los fondos buscaban entonces cobrar de manera anticipada la indemnización. Para evitar el embargo de activos, Preska había concedido el pedido de garantía de pago que solicitaron los fondos. Equivalía a entregar un tercio de las acciones de YPF y un supuesto crédito a favor con Paraguay por la construcción de la represa de Yacyretá. Ninguna de las opciones era viable para el Estado.
Entonces, los fondos pidieron que el país entregue información para comprobar que ciertas entidades manejadas por la Argentina son alter ego, es decir, extensiones del Estado y que pueden ser parte de la ejecución de la sentencia. Entre ellas, YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Arsat, Enarsa y el Banco Central. La Argentina se opuso a entregar cierta información, porque dijo que no es relevante, mientras que los fondos señalaron que eso lo tiene que decidir la jueza. En enero, sin embargo, Preska ordenó al Estado entregar toda la información solicitada por los beneficiarios del fallo, incluido datos sobre la ubicación del oro argentino que está en las reservas del Banco Central.
Hoy, la Justicia de Estados Unidos ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera, como parte de pago.
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