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Cuando el tiempo empieza a jugar en contra
El Gobierno no debería dar por sentado que la sociedad concederá tiempo ilimitado para ver resultados sólo porque la alternativa de la vuelta al pasado es peor; el desafío: encontrar mecanismos para ampliar la recuperación sin debilitar las anclas que hicieron posible la estabilización
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PARA LA NACIONLuis Secco
Una de las mayores dificultades para evaluar un programa económico es distinguir entre aquello que todavía no ocurrió porque necesita tiempo y aquello que no ocurre porque algo debe cambiar. La diferencia parece obvia. En la práctica, casi nunca lo es.
El Gobierno sostiene que buena parte de los resultados que faltan aparecer llegarán si se mantiene el rumbo. La inflación bajó de manera extraordinaria respecto del punto de partida, desapareció el déficit fiscal, se redujeron regulaciones y algunos sectores vinculados con las exportaciones muestran un dinamismo importante. Desde esa perspectiva, la tarea consiste fundamentalmente en perseverar.
Hay argumentos para sostener esa visión. Una economía que acumuló durante décadas inflación, controles, déficit y cambios permanentes de reglas no reconstruye crédito, inversión y confianza en pocos meses. Tampoco una estabilización se difunde al mismo tiempo hacia todos los sectores. Los activos financieros pueden reaccionar rápidamente; construir una planta, contratar trabajadores o endeudarse a veinte años requiere bastante más confianza.
Pero el tiempo no es una variable neutral. La actividad recuperó buena parte de la caída inicial del programa, aunque desde hace más de un año muestra dificultades para entrar en una trayectoria sostenida de crecimiento. La recuperación, además, continúa siendo muy desigual. Energía, minería y agro avanzan bastante más que industria, construcción y muchas actividades vinculadas con el mercado interno. El empleo privado formal sigue rezagado, los salarios encuentran dificultades para recuperar terreno y la mora de las familias aumentó de manera considerable. Ninguno de esos datos invalida los progresos macroeconómicos. Pero, en conjunto, cambian la naturaleza del problema.
Al comienzo de una estabilización puede resultar razonable pedir paciencia. A medida que transcurre el tiempo, esa paciencia necesita empezar a ser remunerada con resultados. Y no solamente con mejores variables agregadas, sino con empleo, ingresos, ventas y perspectivas suficientemente difundidas como para que hogares y empresas perciban que el esfuerzo conduce hacia algún lugar. Ahí aparece un desafío que es económico antes que político.
Una empresa que decide no invertir puede hacerlo más adelante. Una empresa que cierra es otra cosa. Se pierden proveedores, clientes, conocimiento, trabajadores capacitados y capital organizacional. Reconstruir todo eso cuesta tiempo y dinero. Algo parecido ocurre con los hogares. Una familia que consume menos durante algunos meses puede recomponer posteriormente su gasto. Una que acumula deudas, refinancia tarjetas a tasas elevadas o agota sus ahorros llega a la recuperación con un balance bastante más deteriorado. Esperar tiene costos de histéresis: algunas decisiones tomadas durante la transición dejan consecuencias que no desaparecen simplemente cuando mejora la macroeconomía.
Lo mismo ocurre con la inversión. Cada vez se escucha con mayor frecuencia entre empresarios una frase comprensible: “esperemos a 2027”. Desde el punto de vista individual puede ser perfectamente racional. Si existe incertidumbre sobre la continuidad del programa, postergar una decisión irreversible durante algunos meses tiene sentido. Pero si suficientes empresas hacen lo mismo, la prudencia individual se convierte en debilidad macroeconómica: menos inversión produce menos empleo y menos actividad, y esa menor actividad puede aumentar precisamente las dudas políticas que llevaron a postergar la inversión. La economía y la política empiezan entonces a retroalimentarse.
Los mercados tampoco esperan al día de la elección para incorporar esa incertidumbre. Si disminuye la probabilidad asignada a la continuidad del programa, aumenta el rendimiento requerido para mantener activos argentinos. Un riesgo país más elevado encarece el financiamiento privado y público. Tasas más altas dificultan el rollover del Tesoro, agravan la situación de familias y empresas endeudadas y desalientan el consumo y la inversión. Una economía que tarda más en recuperarse puede volver menos probable la continuidad que los mercados, inversores, productores y consumidores necesitan para que la incertidumbre se mantenga dentro de lo manejable.
Con ese círculo vicioso amenazando en el horizonte resulta demasiado simple plantear que sólo existen dos caminos: perseverar exactamente con la combinación actual de políticas o regresar a las recetas que llevaron al fracaso argentino. Entre ambos extremos hay bastante política económica. Los objetivos pueden mantenerse mientras cambian algunos instrumentos.
Éste no es un argumento a favor de una expansión fiscal electoral, de volver a emitir para financiar al Tesoro o de forzar artificialmente una reducción de las tasas. Esos caminos probablemente destruirían buena parte de lo conseguido. El problema es precisamente más difícil: encontrar mecanismos para ampliar la recuperación sin debilitar las anclas que hicieron posible la estabilización. El margen existe, aunque no sea espectacular. Una normalización más previsible de la liquidez puede reducir parte del costo financiero. Una mayor profundidad del mercado de capitales puede transformar ahorro en inversión. La eliminación de regulaciones y distorsiones todavía existentes puede reducir costos sin comprometer las cuentas públicas. Una estructura tributaria más favorable a la producción puede ayudar aun manteniendo constante el resultado fiscal. Y una política cambiaria más parecida a la que funciona en economías normales y que permita acumular reservas sin transformar cada movimiento del dólar en una amenaza existencial puede fortalecer, en lugar de debilitar, el programa.
Nada de eso garantiza una recuperación inmediata. También habrá que aceptar que algunos de los motores más promisorios —energía, minería, infraestructura— necesitan años para desplegar completamente sus efectos. El error sería suponer que, mientras tanto, la economía puede permanecer indefinidamente en una suerte de sala de espera. Antes de continuar, vale la pena detenernos en dos cuestiones clave para facilitar la transición y el derrame. Primero, la educación. Los sectores que lideran el crecimiento demandan capacidades que no necesariamente coinciden con las de quienes pierden oportunidades en las actividades rezagadas. Sin una mejora de la formación básica, técnica y profesional, el riesgo es que convivan durante mucho tiempo empresas que no encuentran los trabajadores que necesitan con trabajadores que no encuentran los empleos que aparecen. La difusión del crecimiento requiere también reducir ese desajuste. Segundo, la oferta de bienes públicos a nivel provincial y local. Rutas, transporte, seguridad, infraestructura urbana y servicios públicos de calidad no sustituyen a la inversión privada, pero condicionan dónde puede instalarse y hasta dónde pueden extenderse sus beneficios. Si los nuevos polos de crecimiento quedan rodeados de territorios con mala infraestructura, baja conectividad y servicios deficientes, el derrame será necesariamente más lento y limitado. La transición, por lo tanto, no depende sólo de que la macroeconomía se estabilice ni de esperar que maduren grandes proyectos. También exige crear las condiciones para que más personas y más regiones puedan incorporarse a ellos.
Hay además otra dimensión social y política que sería imprudente minimizar. Los programas de estabilización no se sostienen solamente porque sus fundamentos sean correctos. Necesitan construir una coalición social suficientemente amplia que perciba beneficios en su continuidad. La Argentina conoce demasiado bien el movimiento pendular. Las frustraciones con un modelo suelen preparar el terreno para el siguiente, aun cuando éste recupere políticas que antes terminaron mal. Si una parte creciente de la sociedad asocia estabilidad con estancamiento, salarios ajustados o incertidumbre laboral, puede empezar a demandar soluciones rápidas que vuelvan a comprometer esa misma estabilidad.
Eso no significa que el Gobierno deba abandonar sus convicciones para evitarlo. Significa que tampoco debería dar por sentado que la sociedad concederá tiempo ilimitado sólo porque la alternativa sea peor. Tal vez allí esté hoy el desafío principal.
Tipo de trabajo:análisis
