Defensa de la competencia. Alertan por un proyecto que le quitaría autonomía al tribunal

En medio de los anuncios de compañías multinacionales que buscan comprador para sus filiales argentinas, el Gobierno avanza con un plan para cambiar el funcionamiento del organismo que regula la competencia y la compra de de empresas.

Hace un par de semanas la senadora del oficialismo Ana Almirón envió un nuevo proyecto de ley de Defensa de la Competencia que introduce algunos cambios fundamentales en la conformación y el funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia. En el sector se alzaron algunas voces alertando que los cambios implican una pérdida relativa de la autonomía del organismo, lo que podría derivar en una menor transparencia del proceso de compra y venta de empresas y un menor nivel de competencia.

El principal punto de preocupación pasa por la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con la conformación de una Autoridad Nacional de la Competencia con miembros elegidos por concurso público y ratificación del Senado. Estos requisitos formaban parte de la ley sancionada hace dos años por el Congreso.

En el texto de la ley se establecía que era un organismo autárquico y descentralizado, que dependía directamente del Poder Ejecutivo y cuyos miembros eran elegidos a través de un concurso público en el que participan el ministro de la Producción, el procurador del Tesoro de la Nación, un representante de la Academia Nacional del Derecho y otro de la Asociación Argentina de Economía Política.

En los hechos, el gobierno de Mauricio Macri, que impulsó la ley, nunca terminó de dar el paso final, que era la selección de los candidatos entre las ternas presentadas y su ratificación por el Senado.

Este argumento es el que llevó al actual gobierno a impulsar los cambios. "El anterior gobierno no pudo presentar propuestas debido a que la realización del concurso, con características muy engorrosas, hacen difícil que hoy pueda conformarse esa autoridad de aplicación", afirmó Almirón al momento de presentar su proyecto.

En la nueva propuesta, que podría ser tratada en el Senado la semana próxima, la elección de los siete miembros de la Autoridad ya no se realizará a partir de ternas surgidas de un concurso público sino que serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo, hoy a cargo de Matías Kulfas.

El proyecto del oficialismo también contempla una Autoridad Nacional de la Competencia funcionando como un organismo autárquico y descentralizado, aunque no dependerá directamente del Ejecutivo sino que quedará bajo la órbita de la Secretaría de Defensa del Consumidor.

Hoy la actual Comisión Nacional de Defensa de la Competencia depende del funcionario de turno, ya sea Guillermo Moreno, Augusto Costa, Miguel Braun o ahora Paula Español.

Menos herramientas

El proyecto para actualizar la ley de Defensa de la Competencia ya despertó alguna preocupación entre los miembros de la oposición y profesionales independientes.

"Pareciera que la estructura de autoridad de Defensa de la Competencia tiene menos herramientas para asegurar su independencia del poder político que aquella prevista en la ley vigente; en especial, el concurso público y la designación escalonada de miembros", explicó a LA NACION Agustín Waisman, director del departamento de defensa de la competencia del estudio Beccar Varela.

En forma un poco más directa, el economista Lucio Castro señaló que los cambios que impulsa la actual administración van en contra del discurso antimonopolios al que apela el gobierno de Alberto Fernández.

"El proyecto de ley que impulsa el Gobierno vuelve al statu quo pre 2015, con una Autoridad dependiente del poder de turno, y elimina el concurso público. Esto es importante porque venimos de una historia de intimidación pública en la relación con las empresas privadas. Y también porque la dependencia de Defensa de la Competencia abre el camino a la captura del organismo por parte de sectores privados", señaló Castro, que ocupó la Secretaría de Transformación Productiva durante el gobierno de Macri.

En el Ministerio de Desarrollo Productivo, por su parte, defendieron los cambios que impulsa el oficialismo. "El proceso de selección propuesto es similar a los establecidos en otras legislaciones del mundo donde el Poder Ejecutivo tiene un rol central en la definición de la política de competencia, toda vez que constituye una herramienta de política económica de la que no puede prescindir. En ese sentido, es importante poner de resalto que en países como los Estados Unidos de América, Australia, España, Israel, Bélgica, Brasil, Canadá, República Checa, Colombia, Uruguay, Honduras, Dinamarca, Ecuador, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Japón, Holanda y Nueva Zelanda, entre otros, los miembros de sus respectivas autoridades nacionales de competencia son elegidos a través de procedimientos similares al que se propicia, o bien a través de simples nominaciones ejecutivas y/o con acuerdos parlamentarios", explicaron fuentes de la cartera que lidera Kulfas.

Antecedentes

La falta de rigurosidad en los controles en materia de competencia es un problema histórico en la Argentina. "Según un estudio del Banco Mundial (2018), la Argentina presenta estructuras de mercado con mucho mayores barreras a la competencia que otros países incluso de América Latina. Esta situación se refleja en precios de productos esenciales mucho más elevados que países vecinos, perjudicando más a las personas de menores ingresos. Más allá de la retórica antimonopolios de esa época, el estudio muestra que la Argentina prácticamente no comenzó ni finalizó investigaciones contra carteles o situaciones de colusión entre empresas post-2007, a diferencia de países como Brasil, Chile o Colombia", aclaró Castro en una serie de tuits.

La primera ley de Defensa de la Competencia data de 1980, en plena dictadura militar. Veinte años después, el gobierno de Fernando de la Rúa impulsó la creación de un nuevo tribunal autárquico, que nunca vio la luz. Durante los años del kirchnerismo se barajaron diferentes proyectos, aunque la medida más importante que se tomó en este campo fue la reglamentación de la ley de Abastecimiento, bajo la órbita del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.