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Defensores latinoamericanos de Snowden no predican con el ejemplo
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QUITO—Edward Snowden, el fugitivo contratista de inteligencia estadounidense, ha encontrado apoyo en las últimas semanas entre los líderes de izquierda de América del Sur, quienes lo catalogan como un defensor de la li¬bertad de expresión.
Sus actitudes, sin embargo, cambian mucho a la hora de tratar a los grupos opositores en sus respectivos países, dicen los periodistas, miembros de la oposición y otros detractores del gobierno.
Venezuela, que le ha ofrecido asilo a Snowden, ataca con regularidad a los críticos del gobierno en los medios de comunicación e incluso llegó al extremo de difundir grabaciones secretas de ellos en la televisión pública.
Ecuador, que inicialmente otorgó documentos de viaje a Snowden, ha atacado a los periodistas. El propio presidente, Rafael Correa, ha entablado demandas multimillonarias contra la prensa. Bolivia, otro país que respalda a Snowden, tiene un problema con otro soplón: Roger Pinto, un senador que filtró documentos que acusaban al gobierno de tener vínculos con el narcotráfico y que ahora se refugia en la embajada de Brasil, que le concedió asilo.
"Es una ironía que estos gobiernos traten de aparecer como si fueran paraísos de la libre expresión mientras que los periodistas locales están siendo silenciados y demandados por difamación, sus medios se están cerrando o están siendo restringidos por nuevas leyes de comunicaciones", señaló Carlos Lauria, del Comité para la Protección de los Periodistas, un grupo que monitorea los derechos de la prensa en el mundo.
A la vez que elogiaban la causa de Snowden en público, los líderes sudamericanos arremetieron contra los medios en sus propios países. El Congreso de Ecuador, por ejemplo, aprobó una ley que prohíbe que los reporteros investiguen temas que puedan perjudicar la reputación de alguna persona.
Juan Carlos Calderón, un editor ecuatoriano, señala que las campañas del gobierno han hecho que este sea "el peor momento para ser un periodista de investigación aquí". Su revista, Vanguardia, cerró y despidió a su personal la semana pasada, lo que atribuyó a las restrictivas nuevas leyes de prensa. El gobierno adujo que cerró por su pobre desempeño económico.
En Venezuela, los críticos que han expresado su oposición al gobierno dicen que han sufrido las consecuencias. Hasta hace poco, La Hojilla, un popular programa de la televisión estatal, grababa en secreto conversaciones de los opositores al gobierno y a menudo utilizaba extractos editados de esas conversaciones para amenazarlos y avergonzarlos.
"Sentí que estaba desnudo en público", afirma Ignacio Arcaya, que fue ministro del Interior y embajador en Washington del gobierno del ex presidente Hugo Chávez luego de que una llamada telefónica que había hecho a un abogado de derechos humanos fuera transmitida en La Hojilla en abril.
En un giro irónico, La Hojilla fue víctima de su propia medicina. El programa dejó de transmitirse a fines de mayo, después de que surgiera una grabación en la que su conductor, Mario Silva, criticaba a Maduro y otros funcionarios.
La ofensiva del gobierno ha seguido adelante, pese a la desaparición de La Hojilla. El gobierno difundió a fines de junio una grabación de una conversación entre la senadora y ex candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, y un amigo, un destacado académico. El gobierno la acusó de hablar de planes para un golpe de estado.
"No tengo la más mínima idea de cómo nos pudieron haber grabado; fue un cuarto cerrado en una casa privada", dijo Machado, quien agregó que la grabación fue muy editada y tergiversó sus comentarios. "Creo que es parte de un patrón, sin dudas, en que el gobierno pretende crear terror político en todos los niveles".
Funcionarios del gobierno venezolano no devolvieron las llamadas en busca de comentario. En las últimas semanas, Maduro y otros funcionarios del gobierno han indicado que esta clase de grabaciones son parte de una iniciativa para combatir la corrupción. Machado insistió en que no ha cometido ninguna irregularidad.
A su vez, la ofensiva del gobierno ecuatoriano se ha centrado en la prensa. El año pasado, Calderón, el editor, y Christian Zurita recibieron la orden de pagar US$2 millones al presidente Correa luego de que escribieran un libro en el que detallaban los lucrativos contratos de construcción obtenidos por su hermano, Fabricio. El mandatario acudió personalmente a testificar en el juicio, donde dijo que su nombre había sido difamado. Posteriormente, Correa perdonó a los autores del libro, pero prometió que no olvidará el incidente.
Correa no respondió a una solicitud de entrevista, pero Romel Jurado, un vocero del Ministerio de Comunicación, dijo que los controles de prensa eran vitales para prevenir subversión política por parte de los medios alineados con los opositores al presidente.
—Ezequiel Minaya y Martín Aristegui contribuyeron a este artículo
