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Deuda: Para mantener la regularización financiera, pagan bonos Par que no fueron canjeados
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LA NACIONJavier Blanco
El Gobierno abonará pasado mañana el cupón de interés que vence de los títulos 'PAR' denominados en dólares estadounidenses y euros que no participaron del reciente canje, una medida con la que busca preservar la regularización financiera obtenida tras una larga renegociación con los bonistas.
"El pago evita la caducidad anticipada de dichos títulos, cuya amortización se inicia recién en 2029, incluyendo las consecuencias adversas e incertidumbres que podrían resultar para la Argentina y la comunidad inversora como consecuencia de dicha caducidad anticipada", explicó el Ministerio de Economía en el comunicado mediante el que divulgó una decisión que consideró "un paso adicional en la agenda de tranquilizar la economía argentina y continuar en la senda de la normalización económico-financiera".
Para mantener regularizada esa deuda el Gobierno deberá desembolsar apenas de US$12 millones.
Vale recordar que la oferta lanzada por el Gobierno, tras varias enmiendas, logró una adhesión del 93,5%, que se elevó al 99% con la activación de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC). El 1% restante, que quedó fuera del canje, corresponde a dos series de bonos del canje 2010 (con prospecto de 2005) donde el Gobierno no logró activar las CAC que implican un pasivo de US$653 millones. "Estuvimos muy cerca del 66% requerido, pero por poquito no se llegó", contaron a LA NACION desde el equipo que negoció el canje.
En el comunicado, la cartera que comanda Martín Guzmán explica nuevamente que durante el canje "no se alcanzaron los umbrales necesarios para gatillar las cláusulas de acción colectiva en los títulos 'PAR' denominados en euros y dólares estadounidenses emitidos en 2010, a pesar de que una porción significativa de los tenedores de dichos títulos participaron de forma voluntaria en el canje".
Economía sostuvo que, previamente a la reestructuración, el valor nominal en circulación de estos títulos alcanzaba a 96.939.179 de dólares y 1.438.310.930 de euros. Luego de la operación de canje, el valor nominal remanente de estos títulos alcanza a 35.819.560 dólares y 568.184.204 euros.
Tras realizar consultas con representantes de los inversores que no aceptaron el intercambio de los títulos las autoridades determinaron que "en esta instancia no se justifican los costos asociados a una segunda oferta en términos equivalentes a la anterior -incluyendo los costos de registro bajo el régimen europeo-, atento a la incertidumbre sobre un resultado favorable".
Por lo que la decisión fue mantener esta deuda regularizada en adelante, dado que sólo comienza a devolver capital dentro de algo más de 8 años y que, de no honrarse el pago, los tenedores de esos bonos hubieran quedado en condiciones de reclamar la aceleración de esos pagos obligando a una cancelación total que, de no realizarse, dejaría abiertas las puertas para que el país vuelva a tener que enfrentarse a juicios e inversores con gimnasia en ellos (fondos buitres).
El Gobierno logró a fin de agosto un amplio respaldo a su oferta para reestructurar pasivos, ya que sus acreedores aceptaron canjear el 99% de la deuda bajo ley extranjera de US$65.000 millones reduciendo en promedio la carga de pagos de US$7 por cada US$100 adeudados a US$3 por cada US$100 y pagando "la comisión más baja de su historia por la colocación de los nuevos instrumentos de deuda: 0,028% del total de la operación, el 28% del tope de la ley y el 19,4% de lo pagado en promedio por las colocaciones de deuda realizadas entre 2016 y 2018", resaltó tras el acuerdo el ministro Guzmán.
La duda que quedó instalada en el mercado, y que se agiganta tras esta resolución, es porque los esfuerzos por mantener regularizada la situación financiera soberana se descuidaron con la últimas normas del Banco Central (BCRA) que obligan a algunas empresas a refinanciar deudas en dólares, algo que al quedar expresado en una norma afectó la calificación deudora de esas compañías y golpeó su valor de mercado alejándolas de la posibilidad de aprovechar la hiperliquidez global para acceder a financiamiento nuevo para costear inversiones o cancelar deudas más caras.
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