Gobernadores: se complica la situación financiera con un problema que esperaban tener resuelto
LA NACION
La expectativa era que, una vez que la Nación reestructurara su deuda externa, el resto de las provincias iba a poder avanzar con las negociaciones de sus obligaciones. Sin embargo, casi cuatro meses después de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, cerrara el acuerdo con los acreedores externos, las provincias no logran destrabar sus negociaciones.
Solo Mendoza terminó su reestructuración de US$590 millones en estos meses y Chubut (US$650 millones) anunció la semana pasada un principio de acuerdo. Córdoba (US$1685 millones), Neuquén (US$694 millones), Salta (US$383 millones) y Tierra del Fuego (US$170 millones) siguen negociando al mismo tiempo que cumplen con los vencimientos; mientras que Buenos Aires (US$7148 millones), Chaco (US$250 millones), Entre Ríos (US$500 millones), La Rioja (US$300 millones) y Río Negro (US$300 millones) están negociando en default, según un relevamiento de la consultora Aerarium.
Las razones son varias. Es que, a diferencia de lo que se creía, tras anunciar el acuerdo del canje del soberano, el 4 de agosto pasado, las variables económicas empeoraron en vez de mejorar: se aceleró la caída de reservas del Banco Central y la salida de depósitos, los tipos de cambio paralelos se dispararon, se restringió aún más el cepo, el riesgo país se mantuvo en niveles arriba de 1360 puntos y los bonos argentinos cotizan al 15%, cuando la reestructuración de la deuda se había negociado en base a una exit yield del 10 o 11%, lo que implica una pérdida de capital mayor para los bonistas.
Las provincias, al mismo tiempo, piden en sus ofertas de canje un periodo de gracia de uno o dos años, una baja en los cupones en promedio del 8% o 10% al 2% para los primeros años y extensión de plazo de los vencimientos. Todas concesiones que los acreedores no quieren ceder, a pesar de que las tasas de interés en el mundo se derrumbaron y hay abundante liquidez.
"Todas las provincias estaban con los procesos de negociación iniciados y la idea era que, una vez que arreglara la Nación, cerrara primero la provincia de Buenos Aires por la afinidad política y porque es la que tiene más de la mitad de toda la deuda provincial a reestructurar. Casi cuatro meses después, la única provincia que logró cerrar fue Mendoza, que es de un color político distinto al Gobierno", indicó Guillermo Giussi, director ejecutivo de Aerarium.
"Es raro que no hayan cerrado, que no se hayan apurado. Pero el canje de Nación se hizo con una exit yield de entre 10 y 11%, y hoy los bonos cotizan con una TIR de 15%. Por lo tanto los acreedores no quieren afrontar otra fuerte pérdida de capital. Las negociaciones son un poco más complejas y no están aceptando las propuestas tan agresivas en reducción de cupones. Podría ayudar que la Argentina cierre un acuerdo con el FMI, que puede despejar los vencimientos de los próximos años y que ingresen fondos frescos. Ese sería el único driver que podría darle un impulso a las negociaciones, que baje la TIR y que las provincias tengan otra vez un empunjoncito", agregó el economista y exfuncionario del Ministerio del Interior durante la presidencia de Mauricio Macri.
La provincia que gobierna Axel Kicillof dejó de pagar sus compromisos en mayo pasado y desde entonces está negociando en default. Su deuda representa el 56% de todos los compromisos provinciales a reestructurar. "En la provincia de Buenos Aires seguimos dialogando con los acreedores privados externos para tratar de llegar a un acuerdo que se pueda cumplir y que le de sostenibilidad a la deuda pública, en un contexto muy complejo en materia económica y fiscal para la provincia", dijo el área económica de la gobernación.
Buenos Aires siempre actúa como referencia para los inversores extranjeros. Si la provincia resuelve su proceso de negociación, el acuerdo podría darle impulso a las que tienen bonos de montos chicos, como Chaco, Entre Ríos y La Rioja.
Para las provincias de Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y Salta, la situación para negociar es más complicada, porque sus bonos están garantizados por fideicomisos en el exterior, que se alimentan con las regalías que reciben por la producción de gas y petróleo. Los acreedores tienen muy pocos incentivos para permitir una reestructuración si no hay riesgo de que no cobren, por más que los precios de los hidrocarburos se derrumbaron este año por la pandemia.
Las provincias están asesoradas por la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, que creó el Ministerio de Economía. El Palacio de Hacienda prefirió no hacer comentarios sobre esta demora de los gobiernos provinciales.
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