Dicen que las huertas podrían ser útiles para paliar el hambre en el país

La difusión de las huertas es, quizás, el camino más definido para revertir la paradoja del hambre en la Argentina, uno de los países de mayor aptitud productiva del mundo. Según un estudio del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, unos tres millones de personas hoy viven de lo producido en poco más de 455.000 huertas orgánicas (sin aplicación de agroquímicos).

Un 76,6% de las huertas está a cargo de grupos familiares, el 18,7% es iniciativa de las escuelas y el 4,7% restante corresponde a emprendimientos comunitarios. En total producen 67.000 toneladas, con un valor cercano a los 98 millones de pesos.

"Las cifras reflejan el deterioro económico. La mayor cantidad de huertas familiares se ubica en las zonas urbanas, no en las áreas rurales, como podría suponerse (por la facilidad de acceso a la tierra y a los insumos)", explica Eduardo Ovalles, responsable del estudio. En rigor, seis de cada diez familias que viven de sus huertas están asentadas en ciudades.

Córdoba concentra el 12% de las huertas familiares del país, Santa Fe reúne la mayor cantidad de huertas escolares (13% del total nacional) y Buenos Aires cuenta con el 15% de las huertas comunitarias.

Según Ovalles, las huertas son una respuesta a la emergencia social generada por el desempleo y la pobreza. "No es preciso ir muy lejos en el tiempo para darse cuenta de la gravedad de la crisis. Sólo durante la gestión de Eduardo Duhalde la canasta básica familiar aumentó un 74 por ciento", señaló Ovalles.

El técnico aporta otros indicadores de la crisis: alrededor de 1,8 millón de chicos se alimentan en 6579 comedores escolares de la provincia de Buenos Aires (ellos representan el 77% del alumnado del sistema de educación pública bonaerense); el último año se duplicó la cantidad de personas que concurren a los comedores comunitarios de Caritas: pasó de 300.000 a 600.000.

Programas sociales

A pesar de que abundan programas cuya finalidad es que las familias de menores recursos se autoabastezcan, muchos de ellos fracasan en el intento. Según explica una fuente del Ministerio de Desarrollo Social, algunas de estas iniciativas se reducen al diagnóstico de las necesidades sociales, no dan continuidad al trabajo comunitario, o bien resultan ineficientes en la utilización de los recursos, y nunca son auditadas.

El cultivo de hortalizas como estrategia de subsistencia fue iniciativa del Programa Pro-Huerta, que desde 1990 es ejecutado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y financiado por el Ministerio de Desarrollo Social.

La expansión del plan en el territorio nacional significó en muchos lugares la extensión de la red de agua potable. Hoy, alrededor de 2,5 millones de personas participan de Pro-Huerta y reciben la colaboración de unos 15.000 voluntarios.

En opinión de Carlos Alberto Vuegen, presidente del INTA, en el contexto de la emergencia económica las huertas son una herramienta para recuperar la seguridad alimentaria en las áreas más pobres.

En los últimos años, sin embargo, de los 10 millones de pesos asignados a Pro-Huerta por el presupuesto se hicieron efectivos entre 6 y 8 millones, debido a la caída de la recaudación (Lotería Nacional es la fuente directa de financiamiento).

Esto generó una deuda que afectó la compra de semillas y el asesoramiento técnico.

En lo que va del año, el Ministerio de Desarrollo Social transfirió sólo 2 millones de pesos al programa. Esta semana se reunirán autoridades del INTA y del Ministerio de Desarrollo Social para evaluar cómo sostener Pro-Huerta.