Marcha atrás con la norma que favorecía los negocios basados en la tecnología

Una resolución en el Boletín Oficial dejó sin efecto la reglamentación de la ley de economía del conocimiento y suspendió los plazos para analizar y procesar las solicitudes de adhesión a ese régimen de promoción. Esto implica que las industrias de este sector (especialmente las tecnológicas, como Mercado Libre o Globant) no tendrán los beneficios impositivos que se preveían a partir del 1º de enero.

Cabe recordar que, más allá de las nuevas industrias que empezaban a contar con esos beneficios -la producción audiovisual, la biotecnología, los servicios profesionales que se exportan, la nanotecnología, la industria aeroespacial y satelital, la ingeniería para la industria nuclear y la fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios orientados a soluciones de automatización en la producción-, el desarrollo de software estaba amparado por la ley 25.922, que perdió vigencia el 31 de diciembre pasado, y ahora estaría alcanzado por los beneficios de la nueva ley. Pero con la decisión conocida ayer, por ahora no tiene ningún régimen promocional en funcionamiento. Entre las beneficiadas por esa norma, que databa de 2004, se encontraban empresas como Mercado Libre, IBM y Globant.

Según la resolución 30/2020, que lleva la firma de Matías Kulfas, la nueva autoridad de aplicación será la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Consultada por LA NACION, Romina Gayá, especialista en temas de servicios basados en el conocimiento, dijo que lo razonable sería que, una vez que esté la nueva reglamentación, los beneficios sean retroactivos al 1º de enero, "aunque también existe la posibilidad de que no se reglamente la ley o la reglamentación tarde mucho tiempo", explicó.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo, en tanto, dijeron que ya se encuentran trabajando en el tema, aunque no hay un plazo para la nueva reglamentación. Según explicaron, para ellos, "la ley es positiva en cuanto a sus fines y en espíritu, pero de las charlas que mantuvieron con distintas cámaras surgen dificultades en su implementación", por lo que decidieron suspender el inicio del registro, que comenzaba a fines de mes.

"No está claro cuáles son las actividades que entran y no está bien definido el tamaño de las empresas que se verían beneficiadas. Se prestaba a confusión, al margen de lo que es software, que está más claro. Por ejemplo, la producción de una cerveza artesanal que incorpora algún tipo de conocimiento, ¿queda alcanzada o no? Es muy vago", agregaron en esa cartera.

En tanto, autoridades de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) comentaron que "la industria de software está trabajando con la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo en la generación de alternativas superadoras a la ley de economía del conocimiento (LEC) que se plasmen en modificaciones de la normativa que aseguren el crecimiento del empleo y las exportaciones y que atiendan a la diversidad de las áreas del conocimiento incorporadas por la LEC, fortaleciendo el mercado interno, en especial la competitividad de las pymes".

"Desde Cessi continuaremos reuniéndonos y trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo para impulsar transversalmente la productividad de manera federal e inclusiva de todos los sectores que conforman la economía del conocimiento", afirmaron.

La importancia del sector

Entre los beneficios que establece la ley para las empresas que apliquen figura la alícuota reducida del impuesto a las ganancias (15%) y la eliminación de la doble imposición, que permite tomar a cuenta del pago de Ganancias la retención sufrida en el exterior. Si bien algunos países, como, por ejemplo, los Estados Unidos, no retienen impuesto a la renta cuando importan servicios, en muchos otros sí, y hasta ahora eso había sido un gran obstáculo para la exportación.

Ademas, la normativa reduce los costos laborales para el sector, ya que adelanta el mínimo no imponible que la reforma tributaria prevé para 2022 y otorga un bono de crédito fiscal transferible equivalente a 1,6 veces las contribuciones que debieran abonarse sobre ese mínimo no imponible. Este beneficio puede utilizarse para cancelar impuestos nacionales, como IVA o Ganancias.

Según un informe editado por el Ministerio de Producción del gobierno anterior, las exportaciones del sector en 2018 sumaron US$6985 millones. En el primer semestre de 2019 alcanzaron los 3385 millones y se ubicaron en el tercer puesto del ranking por sector exportador.

En cuanto al empleo, trabajan 862.400 personas en estas empresas o actividades, según el informe oficial. Cálculos de Argencon (la entidad que agrupa a prestadoras de servicios basados en el conocimiento) indican que más de 120.000 argentinos trabajan en la exportación. Y para 2030 se podrían crear 144.000 nuevos empleos.