Los principales empresarios del país alertan por el renovado ataque del kirchnerismo contra la Corte

Las principales entidades empresarias de la Argentina cuestionaron duramente el embate del presidente Alberto Fernández contra la Corte Suprema en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Consideraron esa situación como “muy grave”, tildaron el discurso presidencial como “agresivo” e indicaron que sus palabras no contribuyen a la relación de trabajo que debe existir entre los poderes de un país republicano. Llamaron además, en conjunto, a respetar el rol de la Justicia en la Argentina.

‘El respeto a las instituciones es vital para el sostenimiento de la República, por lo que es muy grave que en la Asamblea Legislativa no se haya tratado con el debido decoro a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia’, advirtió Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

No es la primera vez que AEA, la principal entidad empresaria del país, advierte al Poder Ejecutivo sobre la necesidad de respetar a la Justicia. En enero, el mismo Campos mismo había señalado que “la independencia del Poder Judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho. Y fundamento clave de la República según nuestra Constitución Nacional”. En diciembre, luego del fallo de la primera magistratura que devolvió parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y la sugerencia presidencial de que no acataría la decisión de la Corte, había expresado: “AEA, subraya la extrema gravedad que supone que el Poder Ejecutivo pretenda no cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La República se construye sólo sobre el respeto a la institucionalidad establecida en nuestra Constitución Nacional”.

El Foro de Convergencia Empresarial (FCE) se expresó mediante su coordinador Miguel Blanco. “El discurso del Presidente en la apertura del año legislativo que, tradicionalmente, tiene como objetivos el de rendir cuentas de lo realizado el año anterior y presentar una propuesta sobre los proyectos en los que solicitará la intervención del Poder Legislativo para el año que comienza, estuvo lejos de cumplirlos”, criticó.

“En cambio, dedicó gran parte de su discurso a insistir en su posición relativa a los temas del Consejo de la Magistratura y las sentencias de la Suprema Corte sobre los cuales el Foro de Convergencia Empresarial y otras entidades empresarias se han pronunciado críticamente en sus comunicados en los últimos meses”.

“El contenido de esta parte de su discurso y la agresividad con la cual fue expuesto en presencia de las autoridades de la Corte Suprema de la Nación que, por las circunstancias, no estaban en condiciones de defenderse, no contribuyen a la necesaria relación de trabajo que debe existir entre los poderes establecidos por la Constitución Nacional”, señaló el coordinador del FCE a LA NACION.

El FCE congrega a importantes entidades como la Asociación de Bancos de la Argentina, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Cámara de Comercio de Estados unidos en la Argentina, la Asociación de Empresas Exportadoras de Servicios, la Asociación Dirigentes de Empresas, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la Cámara de Importadores, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Confederaciones Rurales Argentinas, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Sociedad Rural Argentina, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre muchas otras.

“La Justicia tiene su rol y hay que respetarlo. No se trata de interferir sobre la misma”, dijo el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) a LA NACION. Funes de Rioja, en tanto, valoró la presencia de los miembros de la Corte en el recinto “en momentos en que el tono [del discurso] afectaba la convivencia y el respeto entre poderes”.

“Desde la CAC reiteramos nuestra postura en pos del respeto de la división de poderes de la república y sostenemos que los fallos judiciales deben acatarse”, dijo Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio, a este diario.

“Coincidimos con la idea de que la Justicia tiene falencias, como también la tienen otras tantas instituciones de nuestro país. El desafío pasa por corregirlas sin derivar en un avasallamiento de un poder por sobre otro. El Estado de Derecho no solo es necesario para alcanzar el tan necesario desarrollo económico y social que nuestro país demanda, sino también, y fundamentalmente, para darle garantías a todos los ciudadanos”.

En su disertación en el Congreso, el presidente había denunciado a los gritos, con la vicepresidenta Cristina Kirchner a su lado, que “la Corte tomó por asalto el Consejo de la Magistratura”. Lo escuchaban Horacio Rossati y Carlos Rosenkrantz, dos de los miembros de la Corte más cuestionados por el Frente de Todos.

“Así como el Poder Ejecutivo padeció la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias, este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. La gravedad institucional que todo eso supone es mayúscula”, dijo Fernández, que dispuso, semanas atrás, un juicio político -con pocas chances de prosperar- contra la Corte.

“Si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio. ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas? Tengo respuesta: los miembros de la Corte”, había gritado el Presidente.

Finalmente, cerró con una defensa de la vicepresidenta, aunque sin mencionar exactamente la palabra proscripción. “Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la Vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”, sentenció el Presidente en su discurso.

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