El Correo Argentino volverá a ser estatal por 180 días

El presidente Néstor Kirchner tomó la decisión de rescindir el contrato de concesión a la empresa Correo Argentino, en manos del grupo Macri, y la firma del decreto "es cuestión de horas", indicaron altas fuentes de la Casa Rosada. Mientras la Justicia analizaba un nuevo pedido de la empresa de prorrogar el plazo para alcanzar un acuerdo con sus acreedores, el Gobierno resolvió reasumir por seis meses las operaciones del Correo. Vencido ese plazo, se reprivatizará el servicio.

El decreto instruye al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para que, dentro del plazo de 180 días, llame "a licitación pública nacional e internacional, a fin de volver a privatizar el servicio público postal". Transitoriamente, el Estado operará los servicios postales, monetarios y de telegrafía y absorberá a los 12.600 empleados de la empresa.

Dispone la creación de una Unidad Administrativa, bajo la órbita de la Secretaría de Comunicaciones, que será dirigida por el diputado Eduardo Román Di Cola (PJ, Córdoba), a fin de "preservar la continuidad del servicio, las fuentes laborales y el resguardo de los bienes involucrados en la prestación".

De este modo, el Gobierno resolvió no esperar el fallo de la Cámara en lo Comercial integrada por Ana Piaggi, Enrique Butty y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, que estudiaba un nuevo pedido de prórroga de la empresa para tratar de llegar a un acuerdo con sus acreedores, por una deuda de $ 900 millones impagos.

El Estado nacional es el principal acreedor (por $ 296 millones) de la compañía de Francisco Macri, que se presentó en convocatoria en septiembre de 2001 y pidió sucesivas postergaciones del plazo para realizar una oferta a los acreedores. El juez comercial Eduardo Favier Dubois, que entiende en la causa, ya había rechazado los pedidos de prórroga, razón por la que Correo Argentino planteó, el 9 de octubre pasado, un recurso de queja ante la Cámara Comercial.

En una decisión que sorprendió hasta al Ministerio de Economía, el Presidente decidió dar por concluida la concesión a la sociedad integrada por el grupo Macri (que tiene el 69,2% del paquete accionario), el Banco de Galicia (11,8%), el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (5%) y el personal del Correo (14%).

En el Palacio de Hacienda recibieron con sorpresa el proyecto de decreto, ya que la estrategia de esa cartera era esperar a que el juez Favier Dubois abriera el proceso de cram down . En Economía juzgan que este mecanismo es más favorable para los acreedores, porque asegura la continuidad de las operaciones de la empresa (y, por ende, sus ingresos), aunque cambie su operador. Fuentes judiciales indicaron que la quiebra de la empresa telepostal perjudicaría a los principales acreedores: el Estado, la CFI (a la que Correo Argentino adeuda 180 millones de pesos) y el Banco Interamericano de Desarrollo (acreedor por $ 194 millones).

Pero al menos dos motivos explican la decisión de Kirchner de avanzar con la rescisión del contrato sin esperar resoluciones judiciales. Según revelaron altas fuentes de la Casa Rosada a LA NACION, el Gobierno dispuso la medida amparándose en el principio legal de exceptio non adimpleti contractus (la excepción del contrato no cumplido).

El Correo enfrenta deudas con el Estado por incumplimientos en el pago del canon. Y el Gobierno busca ampararse en esa situación para evitar que el Correo pueda sacar rédito de la rescisión haciendo una presentación legal posterior. "La idea es basar la medida en la situación fáctica de incumplimientos de contrato sucesivos por parte de la empresa. Nadie puede reclamar a posteriori por un contrato que no cumplió", argumentó un miembro del gabinete consultado por LA NACION.

La fuente explicó que de este modo el Estado evitaría afrontar mayores costos ante una eventual presentación judicial del grupo, pues "cada una de las partes en los contratos bilaterales puede abstenerse en forma legítima en el cumplimiento de su prestación si la otra no cumple simultáneamente con la suya".

La medida ya rondaba en la cabeza del Presidente desde el inicio mismo de la gestión. Pero ahora, luego de que las acusaciones cruzadas por las elecciones porteñas -en las que se vinculó a Mauricio Macri con supuestas maniobras para modificar el resultado de los comicios- quedaran en el pasado, Kirchner decidió avanzar. La decisión es, según interpretó una fuente oficial, un gesto resonante en la política de relación del Gobierno con las empresas. Algo así como "un caso testigo del que no cumple con las reglas de juego, no juega".

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