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El dato que expuso la UIA en el Día de la Industria: 90.000 empleos menos desde agosto de 2023
Martín Rappallini habló en la planta de Laboratorio Elea ante un auditorio sin representantes del Poder Ejecutivo; pidió respeto para el sector y advirtió sobre la caída de la actividad y del empleo fabril
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LA NACION
La Unión Industrial Argentina (UIA) eligió este año una planta farmacéutica para celebrar el Día de la Industria. En el auditorio de Laboratorio Elea no hubo funcionarios del Gobierno, y el discurso de su presidente, Martín Rappallini, giró alrededor de una palabra: puente.
“El sector industrial, la UIA, pide un puente. Un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir”, dijo el titular de la central fabril, que enumeró siete puntos para acompañar la transición hacia una economía abierta y estabilizada.
Rappallini empezó por explicar la elección del lugar. La industria farmacéutica invierte más de US$300 millones anuales, emplea a más de 48.000 personas de manera directa y a 120.000 de forma indirecta, produce medicamentos por unos US$19.000 millones y exporta más de US$1500 millones al año, según los datos que aportó.
El diagnóstico sobre el presente fue menos amable. La producción se ubica un 10% por debajo de los niveles de 2022, con sectores que registran caídas de entre 25% y 30%. Desde agosto de 2023, la industria perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados. Rappallini describió el momento como un “triple desafío”: recuperar actividad, adaptarse a una competencia internacional más agresiva y reducir los costos internos.
También reclamó que se reconozca el aporte del sector al programa de desinflación. En los últimos dos años, mientras los servicios aumentaron alrededor de 400% y el nivel general de precios cerca de 190%, los precios industriales crecieron 140%. “La industria le está poniendo el hombro en la estabilización”, afirmó.
Los siete puntos
El primer eje es la actividad y el crédito. “La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación”, planteó, y pidió instrumentos que sostengan la actividad sin comprometer el orden fiscal, con eje en la reconstrucción del crédito para capital de trabajo, inversión, vivienda y consumo.
El segundo es el costo argentino. Allí la UIA propone un Pacto Fiscal Industrial Federal que comprometa a la Nación, las provincias y los municipios a reducir de manera gradual y coordinada la carga sobre la producción, como Ingresos Brutos, sellos, tasas municipales, el impuesto al cheque y la carga sobre la renta empresarial. Un informe que citó ubica a la Argentina al tope del ranking mundial de presión fiscal sobre el sector formal, con una carga del 56%.
Rappallini respaldó el RIGI y el Súper RIGI —“generan condiciones competitivas para que las grandes inversiones puedan desarrollarse”— y pidió extender ese principio al resto del entramado fabril. “No debe ser el Estado quien determine qué sectores tienen futuro en la Argentina y cuáles no”, agregó.
El tercer punto es la competencia desleal. En algunos sectores, los productos que ingresan por circuitos irregulares ya representan entre el 30% y el 50% del mercado, sostuvo, y sumó la subfacturación, la informalidad y las diferencias en las exigencias de calidad entre importados y nacionales. “Esto lejos está de ser libre mercado”, dijo.
El cuarto es la energía. Rappallini pidió que Vaca Muerta funcione también como plataforma para exportar producción industrial y no solo energía, y describió el impacto de las tarifas: muchas empresas, en particular pymes, recibieron facturas de gas y electricidad que se multiplicaron por tres y hasta por cinco. Lo atribuyó a la decisión oficial de trasladar a la industria el diferencial del costo de importación y reclamó un mecanismo de acompañamiento. “Seguimos aguardando una respuesta”, indicó.
Los tres ejes restantes son la morosidad —con pedidos de reprogramación de deudas bancarias y fiscales, suspensión de embargos y devolución acelerada de saldos a favor—, la infraestructura y la modernización laboral. Sobre este último eje, valoró la nueva legislación como “un punto de partida” y puso el foco en la actualización de convenios colectivos y en la reducción de la litigiosidad.
El cierre tuvo una referencia al clima político. “Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, dijo, antes de recordar que la industria representa cerca del 18% del PBI, el 20% del empleo y el 30% de la recaudación.
“La discusión industrial no es una discusión sectorial. Lo que hoy estamos discutiendo es qué país construimos para los próximos 30 años”, concluyó.
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