El fideicomiso de Macri es un signo de transparencia
El presidente Mauricio Macri, en declaraciones periodísticas anticipó su decisión de instrumentar un blind trust o fideicomiso ciego (a efectos de esta columna asimilaremos ambos conceptos, aunque presentan algunas diferencias) a donde transferirá su patrimonio para evitar conflictos de interés.
Conceptualmente, el fideicomiso es un contrato por medio del cual el fiduciante entrega todo o parte de su patrimonio a un fiduciario, para que éste lo administre durante determinado período de tiempo. Finalizado el plazo, el patrimonio fideicomitido es devuelto al fiduciante o a los beneficiarios que se designen.
Lo habitual en un fideicomiso es que el fiduciario administre los bienes fideicomitidos de acuerdo a los lineamientos fijados por el fiduciante en el contrato de fideicomiso o documentos accesorios. En el caso del Fideicomiso Ciego, el fiduciario tiene control absoluto y total sobre los bienes fideicomitidos; y ni el fiduciante ni los beneficiarios tienen conocimiento de la evolución de los bienes entregados al fondo fiduciario ni de la estrategia de inversión. También se habla de Fideicomiso Ciego cuando el fiduciario no tiene conocimiento de quien es el fiduciante de cierto patrimonio fideicomitido.
En cualquier caso, el Fideicomiso Ciego se utiliza cuando el fiduciante desea desvincularse del destino de los bienes fideicomitidos, de manera de evitar conflictos de interés entre las decisiones de política económica y el resultado de las inversiones que realice el fiduciario. Así, el fiduciario está eximido de rendir cuentas e informar sobre el rendimiento de las inversiones mientras dure el fideicomiso.
Las ventajas son claras: mediante la renuncia al derecho de administrar personalmente su patrimonio, los funcionarios públicos pueden rechazar cualquier denuncia de conflicto de interés, y también permite al fiduciario invertir con agresividad y tranquilidad sin el riesgo de tener que enfrentar el escrutinio público.
En países en donde el Trust es un instituto firmemente arraigado como el Reino Unido y los Estados Unidos, los funcionarios gubernamentales con poder de decisión sobre las políticas públicas suelen entregar sus patrimonios para que durante su mandato sean administrados por un fiduciario bajo esquemas de fideicomisos ciegos (en los Estados Unidos, los presidentes Clinton, Bush y Obama, entre otros, crearon trusts ciegos). Sin embargo, sus costos son elevados y hay quienes consideran que a efectos de evitar conflictos de interés sería suficiente que el patrimonio sea colocado en fondos de inversión que sigan inversiones genéricas o índices.
En la región, en su momento cobró trascendencia el caso del ex presidente chileno Piñera, quien al momento de ser electo era uno de los principales accionistas de Lan y tenía participaciones en medios de comunicación (entre otras empresas). Poco antes de asumir, Piñera transfirió su patrimonio a un fideicomiso ciego a través de mecanismos no exentos de debate (especialmente por denuncias de que el 70% del patrimonio no se transfirió a los fideicomisos), por tratarse de contratos entre privados y sobre los que no trascendieron detalles de relevancia, tal como señaló en la nacion recientemente Federico Grünewald. En este caso, la relevancia de las participaciones accionarias del ex mandatario chileno, motivaron proyectos de ley que procuraban forzar la venta de ciertas acciones.
Si bien cualquier tipo de activo puede ser transferido a un fideicomiso ciego, en principio el instituto cobra relevancia respecto de la transferencia de dinero en efectivo o inversiones con cierto grado de liquidez, ya que son los bienes que más rápidamente pueden beneficiarse por el acceso a información privilegiada. Imagínese cómo pueden verse afectados la cotización de acciones, los bonos de la deuda pública, el dólar o las tasas de interés con simples decisiones gubernamentales tales como el levantamiento del cepo, el acuerdo (o no) con los holdouts o aumentos de tarifas que beneficien a empresas energéticas.
Sin embargo, es también aconsejable que otros bienes, como acciones de empresas cerradas, sean transferidos al fideicomiso ciego para que dichas inversiones sean administradas con criterios profesionales a fin de evitar, por ejemplo, las situaciones por todos conocidas de las empresas hoteleras de la familia Kirchner que fueron partícipes de convenios de dudosa legalidad. Las declaraciones del presidente Macri parecen indicar que también es su intención transferir al fideicomiso ciego este tipo de participaciones.
Conclusión
Después de más de una década en que la falta de transparencia fue moneda corriente y en donde restan por aclararse muchos casos de desmanejos de fondos públicos, y en donde el incremento patrimonial declarado de muchos funcionarios fue varias veces superior al del promedio de la población, es bienvenida la iniciativa de Macri de desligarse de la administración de su patrimonio y delegarla en administradores profesionales y así quedar liberado de cualquier conflicto de interés.
Por último, sería deseable que en el marco de la adopción de leyes anti-corrupción y de reforma política se contemple la obligación para ciertos funcionarios de colocar sus bienes bajo fideicomisos ciegos o que, directamente, deban enajenarse participaciones en determinadas empresas (como contratistas del Estado) como condición de acceso al cargo.
El autor es abogado
Federico Busso