El Gobierno aplica el impuesto al cheque a la compraventa de criptomonedas

El Gobierno dispuso este miércoles que las operaciones con criptomonedas -en exponencial crecimiento durante los últimos años- sean grabadas con el impuesto a los créditos y débitos bancarios, conocido popularmente como el impuesto al cheque.

A partir de una modificación al decreto 380/01, el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Luis Manzur y el ministro de Economía, Martín Guzmán, precisaron hoy que “las exenciones previstas no resultarán aplicables en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares, en los términos que defina la normativa aplicable”.

Según indica la medida publicada este miércoles en el Boletín Oficial, estas exenciones que caben a los operadores de los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) -la denominación técnica de las fintech- ahora no regirán más sobre las criptomonedas, aunque en principio la decisión no impactará en forma directa sobre el comprador final.

Tal como explicó el Gobierno en el decreto, su intención es “ser la hoja de ruta para las políticas públicas hacia una economía más tranquila, con más oportunidades para todas y todos, junto con la definición de un sendero fiscal sostenible en el mediano plazo”. Y en el texto agregaron que “resulta prudente limitar las exenciones vigentes en el caso de intervenir determinados instrumentos, tales como monedas digitales o similares”.

En relación a esto anuncio, cabe destacar que en las finanzas cripto hay diferencias. Las divisas como Bitcoin son muy sensibles al humor del mercado y pueden generar amplías ganancias, pero también bajas inesperadas. A su vez, se encuentran las stablecoins que se respaldan en un activo fijo para reducir ese riesgo; por lo general, metales preciosos o dólares, los cuales funcionan de garantía para dar mayor seguridad a los inversores. En tanto, en el último tiempo emergió una nueva generación de monedas ancladas al “capital natural”, un concepto introducido por las Naciones Unidas para cuantificar el valor de los recursos naturales y su impacto en la economía mundial.

También están los wallets o cuentas recaudadoras de billeteras virtuales, sobre las que se presume que recaerá la aplicación del tributo. Estas son plataformas o aplicaciones que permiten enviar, recibir y almacenar monedas digitales.

La atención de la política sobre las criptomonedas es un tema que está en danza hace tiempo y que en la pandemia, con mayor necesidad de recursos, se agudizó. De hecho, el Ministerio del Interior ya le había dedicado atención a su expansión al convocar a expertos a una reunión de la Comisión Federal de Inversiones, antes de que estallara la crisis el coronavirus.

Luego, a principios de este año, la discusión de las criptomonedas se reactivó cuando la provincia de Catamarca propuso crear una Moneda Digital Argentina o de los distritos del Norte Grande, que representara a Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. La propuesta expresaba una nueva vía de financiamiento para los gobernaciones. Así, con el titulo de “Peso Digital Argentina”, el gobernador catamarqueño había defendido el proyecto en la Comisión Federal de Inversiones en un documento en el que expuso la necesidad de desarrollar una “estrategia fintech en el país”.

Más cerca en el tiempo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció en julio un control sobre las operaciones y movimientos con billeteras virtuales. Las tenencias de criptomonedas forman parte del régimen de información ante el organismo.

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