El Gobierno evalúa actualizar las tarifas de gas de manera mensual

El Gobierno convocó a audiencias públicas el 8 de enero para determinar los próximos aumentos de tarifas de gas. Según se desprende de la resolución 704/2023 del Enargas, el ente que regula al sector, publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía evaluará aplicar aumentos mensuales.

“Determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes”, dice el texto. Se trataría de un cambio con respecto a la idea original de que las tarifas se actualicen dos veces al año, de manera semestral.

En la misma resolución, el Gobierno también dio una pista de que se continuará con las obras de reversión del gasoducto del Norte, un proyecto clave para abastecer de gas las provincias de esa parte del país con la producción de Vaca Muerta. En los objetivos a considerar dijo: “Reversión del Gasoducto Norte - criterios de tarificación y asignación de capacidad”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que del 2,9% del PBI que se busca reducir de gastos del Estado, 0,5% representa un ajuste en los subsidios a la energía. En la audiencia pública se tratará cuánto del costo de producción de gas se pagará en las boletas, además de actualizar las tarifas de los servicios de transporte y distribución.

Actualmente, las tarifas de gas cuestan 60% menos en dólares de lo que valían en diciembre de 2019, cuando inició la gestión el gobierno anterior de Alberto Fernández, según cálculos de la consultora Economía & Energía.

A octubre pasado, un usuario promedio de ingresos altos pagaba una boleta de gas de $6955; el de ingresos medios, $4971, y el de ingresos bajos, $2528. Mientras que en enero de 2019, el mismo consumo costaba $16.180 (a precios constantes de octubre pasado) para todos los usuarios, ya que no había segmentación.

Gasoducto del norte

Las obras de reversión del gasoducto del norte demandan una inversión de US$710 millones, pero ya se cuenta con un crédito del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF) de US$540 millones. El Estado se comprometió a financiar los US$170 millones restantes, de los cuales ya se desembolsaron US$70 millones en la compra de caños y válvulas, a través de fondos de Cammesa, la compañía con control estatal a cargo de los despachos de energía eléctrica.

La empresa estatal Enarsa, a cargo de la coordinación de la obra, estuvo a punto de adjudicar en noviembre la construcción de uno de los tramos a la Unión Transitoria de Empresas (UTE), compuesta por Techint y Sacde, del empresario Marcelo Mindlin. Pero el proceso se suspendió luego de que el presidente Javier Milei ganara el balotaje.

La demora en adjudicar el proyecto complicará que la obra esté terminada para el invierno próximo, ya que se estima que la construcción tarda alrededor de seis meses.

“El Estado tiene que poner solo US$100 millones más para ahorrarse luego entre US$500 y US$600 millones en sustitución de importaciones de gas”, dijo un empresario de perfil técnico al opinar sobre si cree que el Gobierno continuará la obra.

En el sector están confiados en la experiencia del técnico Carlos Casares, un especialista en temas de gas que será el próximo interventor en el Enargas y asesor del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

Lo mismo sucede con el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que demandaría una inversión de US$2500 millones. Si bien se podría obtener financiamiento privado, las empresas pedirían al Estado una garantía de flujo mínimo de gas para conseguir créditos de los bancos. En ese caso, el Estado no debería destinar fondos públicos, sino ser el “burro de arranque” de los proyectos.

En la industria miran como guía el gasoducto construido hace 25 años en Perú, desde el yacimiento de Camisea (Cusco) a Lima. “Tampoco tenían financiamiento público, pero el gobierno peruano otorgó un certificado que garantizaba el llenado del caño, de forma tal de que las empresas pudieran recuperar el capital invertido. Si no se llenaba un mínimo de metros cúbicos, el gobierno peruano pagaba el seguro. Pero se llenó tan rápido que no hizo falta que el Estado peruano pague la garantía. Ese certificado, a su vez, les permitió a las empresas conseguir el financiamiento”, dijeron.