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El Gobierno habilitó aumentos de tarifas de gas, pero no hay reducción de subsidios
Consensuado con el Ministerio de Economía, el Enargas autorizó incrementos de 40% para las distribuidoras y de 50% para las transportistas, lo que equivale a una suba de 20% final en las boletas; sin embargo, no se actualizará el precio del gas que pagan los usuarios, que seguirá en apenas 29% del costo de adquisición
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LA NACIONSofía Diamante
El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el interventor en el Enargas, Federico Bernal, decidieron “de manera consensuada” (según aclararon ambas partes) aumentar las tarifas de gas un 20%, pese a que un informe del propio Ministerio indicaba que, de no subir más del 35%, los subsidios al sector aumentarían por lo menos $81.000 millones. Esta decisión podría traer problemas en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien se acordó reducir el déficit fiscal a través de una baja progresiva en los subsidios económicos.
La otra alternativa que tiene Guzmán es que las tarifas aumenten más adelante más de lo anunciado, aunque el secretario de Energía, Darío Martínez, que responde a Guzmán, indicó el 30 de diciembre pasado que “la corrección tarifaria para el período 2022 será del 20% en las facturas de energía eléctrica y gas para la generalidad de los usuarios”.
Bernal confirmó hoy que autorizó un aumento de 40% a las empresas distribuidoras y de 50% a las transportistas de gas. De esta manera, la suba final en la tarifa es de alrededor de 20%, como habían fijado los sectores de La Cámpora.
Esta situación tiene dos particularidades. Guzmán confirmó -en la conferencia de prensa en la que anunció el entendimiento con el FMI- que la política tarifaria se iba a mantener, pero él nunca se expresó sobre cuál es esa política. De hecho, un documento oficial de la Secretaría de Energía dijo que era necesario subir las tarifas de gas entre 35% y 47%.
La segunda particularidad es que el Tesoro no ahorra en subsidios con los aumentos dados a las distribuidoras (donde están Metrogas, Camuzzi y Naturgy, entre otras) y a las transportistas (TGN y TGS). Esos incrementos están destinadas a mejorarles los ingresos a las empresas, luego de que en los últimos tres años, con una inflación acumulada de 186%, tuvieran una suba de solo 26% las distribuidoras y ninguna las empresas de transporte de gas.
Si se aplica solo este incremento de 20%, los usuarios seguirán pagando con sus tarifas menos del 29,1% de lo que cuesta, en promedio, obtener el gas (entre la producción nacional, las importaciones de Bolivia y los buques de GNL). El resto del costo es cubierto por el Tesoro. Y, a medida que transcurra el año, mientras la moneda se devalúa, la recaudación en pesos cubrirá menos de los costos en dólares.
El Ministerio de Economía había pedido en la audiencia pública que los usuarios paguen el 55,6% de lo que cuesta el gas, de forma de no tener que aumentar las partidas presupuestarias, que equivalen a $135.360 millones, según lo presentado. Señalaba que si la situación seguía sin cambios, se iba a necesitar una partida adicional de $81.000 millones (US$683 millones, según el tipo de cambio que utilizó de $118,5). Por lo tanto, sugería que las tarifas tengan un aumento adicional de entre 35% y 47% (sin tener en cuenta la suba en los ingresos de transporte y distribución).
Bernal dice que el incremento otorgado a las empresas fue consensuado con Guzmán y comenta que el objetivo que se plantearon en conjunto es que el aumento se realice entre la primera y segunda semana de marzo. “Todo lo hecho hasta ahora es fruto de las reuniones de equipo entre la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Planeamiento, los técnicos del Ministerio de Economía y el Enargas. Yo personalmente he conversado en sendas oportunidades con el propio ministro, quien en todo momento estuvo al frente y guiándonos en el proceso. Igual con el secretario de Energía, Darío Martínez. Realmente es un lujo trabajar así”, dijo el interventor a LA NACION.
“Hago especial énfasis en todo esto porque es una mentira grande como una casa la supuesta interna y el enfrentamiento. Los usuarios y las usuarias del servicio público de gas por redes deben saber que la adecuación tarifaria resuelta por el ministro Guzmán es la mejor desde el punto de vista de sus intereses, preserva la normal prestación del servicio público y es la que mejor contribuye al menor desembolso en materia de subsidios, para seguir avanzando en una más eficiente y justa distribución de los mismos”, agregó.
Además, detalló que la adecuación tarifaria para las pequeñas y medianas empresas rondará entre un 14% y 15% de aumento, mientras que para los residenciales oscilará entre 19% y 20%, dando un promedio entre ambas categorías de 16% y 17%.
En el Ministerio de Economía también indicaron que “no hay interna entre Federico y el ministro” y agregaron: “El ministro trabaja de forma articulada y constructiva con Bernal. Considera que su trabajo es muy valioso y que es un profesional muy dedicado y capaz en la tarea que realiza”.
Sin embargo, mientras desde el discurso se habla de coordinación, en la práctica se evidencian contradicciones. Si Guzmán está de acuerdo con el aumento que otorgó Bernal, que es del 20% final para usuarios residenciales, entonces, o no habrá reducción de subsidios en el año (de hecho, aumentarán) o habrá un nuevo incremento tarifario más adelante, pese al tope que había establecido La Cámpora. Son dudas que los voceros del ministro prefieren no explicar.
La disputa con Basualdo
En el caso de la electricidad la situación es distinta. Para empezar, las audiencias públicas para definir el aumento que tendrán las empresas transportistas y distribuidoras (Edenor, Edesur y Transener) y el costo de generación eléctrica que absorberán los usuarios se realizó de manera conjunta entre la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que dirige Federico Basualdo, y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), intervenido por Soledad Manín, que responde al subsecretario.
Basualdo busca aumentar el precio de la generación en las tarifas, que actualmente equivale al 35% del costo promedio. Los subsidios al sector se ejecutan a través de Cammesa, la compañía privada manejada por el Estado, que se encarga de los despachos de energía eléctrica. En el último tiempo, Basualdo designó funcionarios cercanos a él en el control de la empresa, lo que explica la salida del exgerente general Esteban Kiper y del vicepresidente Ariel Kogan (funcionario cercano a Martínez), y las llegadas de Sebastián Bonetto, como gerente, y de Valeria Martofel, en el área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales.
En las tarifas eléctricas, por lo tanto, se espera que el incremento de 20% refleje un aumento mayor del precio de generación que pagan los usuarios, para reducir las necesidades financieras de Cammesa. Las empresas de distribución y transporte eléctrico, en consecuencia, podrían tener una actualización en sus ingresos mucho menor que sus pares en gas.
El año pasado, los subsidios a la energía equivalieron a US$10.910 millones, un 2,4% del PBI, según la consultora Economía & Energía, mientras que el déficit fiscal primario fue de 3% del producto. Guzmán acordó con el FMI reducir el déficit a 2,5% y bajar de manera progresiva los subsidios a la energía. Para ello hará falta aumentos por arriba de la inflación, según los analistas, ya que la crisis de agua y la suba del precio del gas harán subir también los costos energéticos.
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