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El Gobierno evalúa ir a la Justicia contra las prepagas por supuesta “conducta abusiva”
La Superintendencia de Servicios de Salud prepara un informe para la Comisión de Defensa de la Competencia en medio de la investigación por presunta cartelización de las empresas de la salud para fijar precios; sostiene que hubo aumentos similares entre los “principales cinco actores del sector”
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El enfrentamiento entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga sumó un nuevo capítulo. La Superintendencia de Servicios de Salud dijo hoy que evalúa presentarse en la Justicia contra las empresas por presuntas “conductas abusivas”, según anticiparon fuentes de la entidad a LA NACION. Esta es una de las conclusiones a la que llegó ese organismo mientras elabora un informe por pedido de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CNDC), que investiga una supuesta cartelización de las firmas, , tal como adelantó este medio el domingo.
La Superintendencia de Servicios de Salud entiende que “los 5 principales actores del sector” habrían dispuesto aumentos muy por encima de la inflación, según informó una fuente del organismo. Los números con los que sustentan esta posición indicarían que cinco empresas subieron el valor de sus cuotas entre 142% y 163% desde enero hasta abril. “Son aumentos muy cercanos entre sí y, a la vez, muy lejanos a la inflación”, señalaron.
Esta es información que la Superintendencia planea incluir en el reporte que le solicitó la Comisión de Defensa de la Competencia la semana pasada y que tiene tiempo hasta el 17 de abril para responder.
La CNDC investiga una supuesta “colusión” entre las prepagas. Esto significa, en otros términos, que busca determinar si existió un acuerdo entre las empresas para fijar precios
Ante la consulta de LA NACION, fuentes de las empresas de salud privada respondieron: “Confiamos en que no hubo ningún tipo de colusión”.
Este es un capítulo más en el enfrentamiento entre la administración de Javier Milei y las compañías de medicina privada, justo un día después del posteo que realizó el titular de Hacienda, Luis Caputo, quien había señalado que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”. Allí también aseguró que el Gobierno haría lo necesario “para defenderla”.
Las entidades de medicina prepaga nucleadas en las cámaras y asociaciones Cimara, Ademp y Cempra le respondieron ayer y comunicaron que le pedirán a una audiencia a Caputo, “a fin de acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años”.
Así, el Gobierno evalúa avanzar con una iniciativa propia, al mismo tiempo que se sumó a la denuncia que presentaron dirigentes de la oposición a principios de año, que es la que originó el expediente en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El 15 de enero último, un grupo de legisladores de la Coalición Cívica liderado por Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes, presentaron una acusación formal por “conducta anticompetitiva” que sostiene a la investigación de la CNDC. Casi tres meses después, tomó un nuevo impulso.
Desde la Unión Argentina de Salud (UAS) dijeron que por el momento no han sido notificados de una instancia nueva. “En su momento se respondieron las notificaciones, pero no vamos a dar detalles de lo que presentamos”, explicaron.
La CNDC es un organismo dentro de la Secretaría de Comercio que funciona de manera “desconcentrada”. Su función es garantizar “la calidad de bienes y servicios, al menor precio posible”.
“En enero vimos que las empresas habían tenido algunas reuniones y cuando se confirmaron los aumentos los denunciamos por cartelización y pedimos que se haga un análisis”, dijo Reyes a LA NACION.
Según el texto de la denuncia, está fundamentada en declaraciones periodísticas de Claudio Belocopitt (titular de Swiss Medical y presidente de la UAS). Señalan que presuntamente habrían existido “reuniones para la coordinación de la fijación de un aumento a los usuarios, que se habría acordado un incremento estimado en torno al 40%”.
Este es uno de los expedientes más sensibles en poder de la Comisión. Se encuentra bajo secreto de sumario y se espera una “resolución firme” del organismo, según fuentes oficiales.
Se trata de la primera investigación formal contra la salud prepaga por presunta colusión que surge en los despachos públicos del Ejecutivo. Hasta ahora, los reveses contra las empresas había surgido de la Justicia, cuando distintos jueces aceptaron medidas cautelares de los afiliados para retrotraer los precios a la situación anterior a los aumentos.
Un ejemplo: a fines de febrero pasado, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 dispuso ampliar, en principio para un centenar de personas, el alcance de una medida cautelar dictada a mediados de enero, a través de la cual se le ordenó a una entidad de medicina prepaga dejar sin efecto los aumentos de cuotas aplicados o anunciados bajo el amparo de lo establecido por el DNU 70. Lo resuelto es válido “hasta tanto se dicte sentencia definitiva” sobre el tema.
La pelea oficial contras las prepagas también se da en el terreno declarativo. Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que existe “una cartelización que está fuera de toda razonabilidad”. Y advirtió: “Nosotros desregulamos, damos libertades, pero no permitimos que exista un grado de cartelización que afecte a los argentinos”.
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