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El Gobierno licitará una obra clave para aliviar los cortes de luz en el AMBA y su costo se trasladará a tarifas
El proyecto demandará unos US$800 millones; CAMMESA aportará US$110 millones no reembolsables y el adjudicatario podrá acceder a una garantía del BID y solicitar su adhesión al RIGI
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El Gobierno publicará este miércoles el llamado a licitación de una de las obras eléctricas más importantes de los últimos años, con una inversión total estimada en US$800 millones y destinada a reducir los riesgos de cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El proyecto será construido, operado y mantenido por el sector privado, pero para facilitar su financiamiento, el proceso contempla una serie de endulzantes destinados a reducir el riesgo para el futuro concesionario. Por los plazos previstos, la primera recién estaría en funcionamiento hacia 2030.
El paquete incluye un aporte inicial no reembolsable de US$110 millones de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la posibilidad de comenzar a recuperar la inversión mediante las tarifas a medida que se completen distintos hitos de la construcción, una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualmente en proceso de estructuración y la opción de que el adjudicatario solicite su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La forma de trasladar el costo de la obra a las tarifas fue, de hecho, uno de los principales puntos de discusión dentro del Gobierno y demoró el lanzamiento de la licitación, tras un debate que se extendió durante al menos un año y medio. La primera alternativa que se anunció fue crear un cargo específico en las facturas eléctricas —conocido en el sector como “estampillado”— para reunir anticipadamente los recursos necesarios. Descartada esa opción para evitar el costo político, se avanzó con un esquema de concesión privada en el que la inversión se recuperaría mediante un canon una vez que la infraestructura entrara en funcionamiento. El modelo finalmente elegido introdujo un nuevo cambio: permitirá que el adjudicatario comience a recuperar la inversión de manera gradual, a medida que complete distintos hitos de la construcción.
Los efectos concretos de la obra, sin embargo, demorarán varios años en llegar. El proceso licitatorio se extenderá hasta comienzos de 2027 y el contrato contempla una primera habilitación comercial alrededor de 42 meses después del inicio de los trabajos, por lo que, de cumplirse los plazos previstos, la nueva infraestructura comenzaría a estar operativa hacia fines de 2030 o comienzos de 2031. La finalización completa podría demandar hasta 52 meses.
La arquitectura financiera busca resolver uno de los principales obstáculos que enfrentan las inversiones de infraestructura de largo plazo en la Argentina: cómo financiar durante varios años una obra de cientos de millones de dólares en un sector atravesado históricamente por congelamientos tarifarios y modificaciones de las reglas de juego. Cuanto mayor sea el riesgo percibido por quienes aportan el capital, mayor será el retorno exigido y, en última instancia, el costo que deberá reconocer el sistema.
El primer mecanismo para reducir esa carga será el aporte de CAMMESA. Aunque el Gobierno había planteado que las nuevas obras de transporte eléctrico serían financiadas por privados, el esquema finalmente diseñado contempla que la compañía aporte alrededor de US$110 millones —casi el 14% del costo estimado de AMBA I— que el adjudicatario no deberá devolver.
Según explicaron fuentes de la Secretaría de Energía a LA NACION, aproximadamente la mitad del aporte se realizará en efectivo y el resto en especie, fundamentalmente mediante la compra anticipada de transformadores. Estos equipos tienen largos plazos de fabricación y la intención oficial es encargarlos sin esperar los aproximadamente seis meses que demandará el proceso licitatorio, para acortar los tiempos de ejecución.
El Gobierno remarcó, sin embargo, que no se trata de recursos del Tesoro. El dinero provendrá de la Cuenta de Exportaciones de CAMMESA, constituida con los ingresos netos obtenidos por las ventas de electricidad a países vecinos. La normativa establece que esos recursos no tienen naturaleza presupuestaria, sino que son fondos extrapresupuestarios administrados por la compañía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
El vocero presidencial, Adrián Ravier, presentó AMBA I como la primera gran obra de infraestructura energética en dos décadas que realizará el sector privado y afirmó que su financiamiento se hará “por completo con capital privado”. En la misma exposición explicó, sin embargo, que el aporte de CAMMESA busca reducir la cantidad de deuda que deberá tomar el concesionario durante la etapa inicial y, con ello, el costo financiero que posteriormente terminará reconociéndose en las tarifas.
“Construir una obra de esta escala tiene un alto costo de arranque, porque implica comprar los transformadores, movilizar equipos y contratar los primeros tramos de obra. Si se tuviese que financiar el 100% del monto inicial con deuda privada, el costo financiero se termina trasladando a todo el sistema eléctrico”, explicó.
La disponibilidad de esos recursos quedó facilitada además por una resolución publicada este lunes por la Secretaría de Energía. La norma eliminó el esquema anterior que destinaba hasta el 75% de la Cuenta de Exportaciones al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), disuelto el año pasado, y estableció que en adelante el dinero podrá asignarse mediante instrucciones regulatorias específicas de la cartera energética.
El impacto en las tarifas
El segundo mecanismo para reducir el riesgo será la forma en que el concesionario recuperará la inversión. La empresa no tendrá que esperar a que AMBA I esté completamente terminada para comenzar a cobrar. La construcción estará dividida en dos grandes etapas y, dentro de ellas, en alrededor de diez hitos. A medida que el concesionario complete cada uno, quedará habilitado para comenzar a recuperar gradualmente una porción de la inversión a través del componente de transporte de las facturas eléctricas.
El contrato prevé un plazo máximo de construcción de 52 meses, aunque la primera habilitación comercial se produciría alrededor del mes 42. El mecanismo busca que la empresa pueda comenzar a recuperar el capital antes de terminar todo el proyecto y, al mismo tiempo, evitar que el impacto correspondiente a una inversión de US$800 millones llegue de una sola vez a las facturas.
El impacto no será igual para todos los usuarios. Los directamente beneficiados por la ampliación —principalmente del AMBA y de algunas zonas de la provincia de Buenos Aires atravesadas por la obra— afrontarán una mayor proporción del costo. Otra parte será distribuida sobre el conjunto del MEM, ya que, según explicaron en Energía, aunque la ampliación resuelve un cuello de botella localizado, también mejora el funcionamiento de todo el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El esquema se completa con otros dos instrumentos destinados a reducir el riesgo para el inversor. La obra contará con el respaldo de una garantía del BID actualmente en proceso de estructuración, de unos US$200 millones, según supo LA NACION, y el adjudicatario podrá solicitar la adhesión del proyecto al RIGI, que contempla beneficios y estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria para inversiones de largo plazo.
Una obra para sumar 2000 MW
AMBA I contempla unos 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión en 500 kV, 220 kV y 132 kV, la construcción de una nueva estación transformadora en Plomer, sistemas de compensación reactiva y obras complementarias para conectarse con las distribuidoras de la zona. Según estimaciones oficiales, permitirá ampliar en aproximadamente 2000 MW la capacidad de demanda que puede abastecer el sistema en el área metropolitana.
La obra apunta a uno de los puntos más exigidos de la red eléctrica argentina. El AMBA concentra alrededor del 40% de la demanda nacional y, según Energía, mientras el consumo residencial aumentó 20% durante la última década, la extensión de las líneas de transporte de alta tensión creció apenas 8%. Esa diferencia generó cuellos de botella que aumentan el riesgo de interrupciones durante los momentos de mayor consumo.
El cronograma oficial prevé que la presentación y apertura del primer sobre, correspondiente a la calificación técnica y financiera, se realice dentro de 120 días, hacia la primera quincena de diciembre. Luego se avanzará con la evaluación de los oferentes y la apertura de las propuestas económicas, con el objetivo de adjudicar el proyecto durante los primeros meses de 2027 y firmar posteriormente el contrato de concesión.
Será además la primera prueba del nuevo modelo que el Gobierno pretende extender al resto de la red. Forma parte de un plan de 16 proyectos prioritarios de transporte eléctrico que, según las estimaciones oficiales, demandarán inversiones superiores a US$6600 millones y permitirán incorporar unos 5610 kilómetros de líneas de 500 kV.
AMBA I funcionará así como el primer test de un modelo con el que el Gobierno busca volver a atraer capital privado hacia grandes obras de infraestructura sin recurrir al presupuesto nacional, pero reduciendo parte de los riesgos que durante años encarecieron ese financiamiento. El resultado será clave para las otras 15 iniciativas que integran el plan de expansión eléctrica.
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