El Gobierno pidió a la justicia de EE.UU. eliminar las medidas cautelares para pagarles a los buitres

El Gobierno presentó ayer ante la Corte de Apelaciones de Nueva York el pedido para ratificar la orden del juez Thomas Griesa que permite el levantamiento de las medidas cautelares para poder cerrar el acuerdo con los holdouts.

En un escrito de 62 páginas firmado por el abogado Michael Paskin, del estudio Cravath, Swaine & Moore, se indicó que, tras la decisión de la Corte de Apelaciones de dejar en suspenso el levantamiento de las mencionadas cautelares, se debería ratificar la decisión de Griesa cuando se cumpla con los requisitos de aprobar en el Congreso la norma que deroga las leyes de pago soberano y cerrojo, además de habilitar el pago a los bonistas que siguen en default.

El principal argumento del documento es que las circunstancias que dieron lugar a la restricción para que la Argentina les pague a sus bonistas han cambiado en forma radical, ya que, como lo expresó el propio Griesa, "el país volvió a la mesa de negociación de buena fe" para negociar y, por lo tanto, "mantener la cautelar no sólo es innecesario, sino también contraproducente".

En este sentido, advirtió que, con las cautelares vigentes, no se puede acceder a los mercados de capitales para captar el dinero necesario para pagarles a los demandantes que tienen sus bonos en default, en la fecha prevista, el 14 del mes próximo. Tampoco se puede regularizar el pago a los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010, y que no cobran desde 2014.

Además, indicó que si las cautelares no se levantan, "unos pocos holdouts" que quedaran tendrían la posibilidad de hacer fracasar el acuerdo alcanzado con más del 85% de los bonistas que todavía siguen en default. Al respecto, se aclaró que así como el juzgado de Griesa tuvo el poder discrecional para imponer esta sanción cuando el país se comportaba como un "deudor recalcitrante" -según las palabras de la justicia norteamericana-, ahora se debe respetar la decisión del magistrado de levantarla, ya que la actitud del país cambió en forma radical desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri .

De inmediato, se recordó que el Gobierno no pidió el levantamiento inmediato de la cautelar, sino que lo hizo sujeto a la derogación de las mencionadas leyes y a acordar con los holdouts sobre la base de la propuesta presentada a principios del mes pasado. El escrito contiene un detallado resumen de la historia del default y el cambio de circunstancias registrado a partir del cambio de gobierno en la Argentina en diciembre pasado, subrayando la rapidez con la que, desde entonces, se avanzó en las negociaciones para solucionar este problema luego de 15 años.

Este viernes los demandantes, entre ellos los principales fondos buitre, presentarán su descargo y ambas partes ya pidieron que la Corte de Apelaciones realice una audiencia entre el 5 y el 6 de abril para decidir sobre esta cuestión, pocos días antes del plazo establecido para pagar la deuda por unos 12.000 millones de dólares.

Entre sus principales argumentos, el Gobierno subrayó que "la agria disputa ha tardado demasiado y el tiempo apropiado para aliviarla es ahora. Afirmar la orden del juzgado es necesario para las reformas legislativas requeridas por el Congreso y para el financiamiento del mercado de capitales que se necesita para pagar estos acuerdos. Sin esta ratificación, no puede haber acuerdos y el gran progreso de los últimos meses se habrá desperdiciado".

Además, señaló que "después de más de una década de litigios entre la Argentina y los bonistas en default, hubo un punto de quiebre que allanó el camino a un acuerdo". También resaltó que "el nuevo gobierno de la República se comprometió a resolver esta disputa de una vez para todos, como una parte esencial de su paquete de reformas. El dramático cambio de curso en la Argentina resultó en un acuerdo con la mayoría de los bonistas y una propuesta de negociación de buena fe para los restantes. Lo que se probaba como imposible por años se puede alcanzar ahora: una solución amigable para la disputa hostil que siguió al default argentino del 2001".

"Sin embargo, una precondición crítica para esta resolución es que la Corte de Apelaciones ratifique la orden de la corte de distrito levantando las restricciones", concluyó el Gobierno con sus argumentos.