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El Gobierno prorrogó la concesión de activos estratégicos, que luego pasarán al Estado
En agosto y en diciembre vencen los contratos de las principales represas del Comahue después de 30 años; tal como adelantó LA NACION, la Secretaría de Energía publicó una resolución para extender los permisos y anunció que después pasarán a manos del Estado hasta que se hagan “procedimientos licitatorios competitivos y transparentes en un futuro mediato”
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LA NACIONSofía Diamante
El Gobierno volvió a extender por quinta y última vez la concesión de la operación y mantenimiento de las represas Alicurá, El Chocón Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que están en las provincias de Río Negro y Neuquén, tal como había adelantado LA NACION. De esta forma, se completará el plazo máximo de un año que tenía el Estado para renovar la concesión desde la fecha de vencimiento, en agosto y diciembre pasado (varía según la hidroeléctrica). Pasado este tiempo, la gestión de las represas pasará al Estado, hasta que vuelva a llamar a una nueva licitación.
La situación de las centrales hidroeléctricas del Comahue muestra de manera gráfica la falta de políticas de Estado que caracteriza a la Argentina desde hace varios años. Luego de 30 años de concesión, el 11 agosto y el 29 de diciembre de 2023 vencieron los contratos que tienen distintas empresas privadas sobre la operación y mantenimiento de las represas. Sin embargo, desde entonces, el gobierno anterior y el actual prorrogaron la concesión, sin dar detalles sobre qué ocurrirá a futuro.
Las compañías que tienen la concesión son la italiana Enel, a cargo de El Chocón y Arroyito; la estadounidense AES, que tiene la operación de Alicurá, y las argentinas Aconcagua y Central Puerto, a cargo de las represas Cerros Colorados y Piedra del Águila, respectivamente.
Según lo que dejó trascender la Secretaría de Energía al sector privado, finalizado el período estipulado, la concesión de la operación y mantenimiento volverá al Estado a través de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), quien a su vez subcontratará a las actuales empresas para que continúen proveyendo los servicios. En la práctica, sería mantener el esquema actual, excepto que las centrales hidroeléctricas figurarían como un activo del Estado.
Las empresas consideran poco atractivo este esquema, ya que la tarifa regulada que paga el Estado por la generación de las represas es baja, sobre todo para el riesgo que tiene el mantenimiento de una central hidroeléctrica, dicen en el sector. Además, dejarían de tener a las centrales como activos en sus balances.
Sin embargo, aceptarían la propuesta mientras sea transitoria, con la promesa de que el año próximo el Gobierno llamará a una nueva licitación.
“Establécese que la Secretaría de Energía notificará con la debida antelación a las empresas concesionarias, el curso de acción a fin de determinar el cronograma de trabajo para dar cumplimiento efectivo a la transferencia de las referidas centrales hidroeléctricas al Estado Nacional, en su carácter de concedente”, dice el artículo °4 de la resolución 78/2024 de la Secretaría de Energía.
Por lo tanto, las concesiones de Alicurá, El Chocón Arroyito y Cerros Colorados finalizará el próximo 11 de agosto, mientras que de Piedra del Águila, el 29 de diciembre de 2024.
Entre las cinco centrales, que se encuentran sobre los ríos Limay y Neuquén, suman una potencia instalada de 4170 megawatts (MW), que representa el 10% del total de la oferta de energía eléctrica del país.
Entre 2024 y 2026, vencen otras 15 centrales hidroeléctricas, pero de menor potencia instalada que las primeras cinco. En total, se trata de un negocio que genera alrededor de US$200 millones por año.
