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Thomas Griesa, el juez del default, deja las causas de la Argentina en Nueva York
Era el magistrado encargado de dirimir los juicios de los holdouts contra el país; sus casos quedan en manos de Loretta Preska, quien lleva el litigio por la expropiación de YPF
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LA NACIONFlorencia Donovan
Y un día, el juez que puso contra las cuerdas al país tiró la toalla. Thomas Griesa, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York responsable de dirimir todos estos años gran parte de los juicios que los tenedores de títulos en default iniciaron contra la Argentina, decidió dar un paso al costado. Sus casos quedarán en manos de Loretta Preska, la misma jueza que entiende en la causa que presentó el fondo Burford Capital contra la Argentina, por la expropiación de YPF.
Con casi 87 años, hace ya un tiempo que en sus apariciones públicas Griesa se presentaba con una salud bastante deteriorada. Pero el juez, que llegó por primera vez a la Corte de Nueva York en 1972 con el aval de Richard Nixon, todavía tenía a su cargo varios juicios contra la Argentina.
En los últimos años de la administración de Cristina Kirchner, el veterano juez había sido un duro crítico de la estrategia legal del país, que había rechazado cualquier intento de negociación con sus acreedores y, de la mano de Axel Kicillof, había optado por entrar en default. Con el cambio de Gobierno, no obstante, la estrategia del Ministerio de Finanzas fue otra y el juez terminó por avalar la oferta que la Argentina hizo a los tenedores de bonos en cesación de pagos.
Consultados al respecto por LA NACION, desde Finanzas confirmaron el cambio de juez, aunque afirmaron que “no cambia en nada” la situación de la Argentina en los juicios que todavía siguen abiertos por el default. Dan Pollack, el mediador que había designado en su momento Griesa para hacer de nexo entre el Estado argentino y sus acreedores, sigue.
Según señaló el mes pasado Pollack, ya prácticamente el 98% de todas las causas que la Argentina tenía en el tribunal de Nueva York por el default estaban resueltas. Sólo el año pasado, el país pagó más de US$ 9300 millones a fondos buitre para poder salir de la cesación de pagos.
Los juicios que quedan pendientes estarán ahora en manos de Loretta Preska, la jueza de 68 años que también entiende en la causa iniciada por las dos sociedades que pertenecían al Grupo Petersen -y que luego compró el fondo especulativo Burford Capital- por la expropiación de YPF.
Preska, que llegó a la corte de Nueva York gracias a George W. Bush, en 1992, ya falló el año pasado en contra del país en la causa de Petersen, por considerar que no estaban dadas las condiciones para que el fondo Burford -que ya había sido denunciado penalmente por la procuradora del Tesoro durante la gestión kirchnernista Angelina Abbona- pudiera litigar en la Argentina. Abbona había denunciado al fondo que había comprado al grupo español Marsans el juicio que había iniciado ante el Ciadi (el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial) por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
El 6 de enero pasado, el Ministerio de Finanzas apeló la decisión de Preska a través de sus abogados del Estudio Ackerman, bajo el argumento de que, con el cambio de gobierno, la situación jurídica en el país es otra. Prueba de ello, señalan, es el acuerdo al que se llegó con los dueños de bonos en default, que finalmente terminó siendo avalado por Griesa.
El próximo jueves está prevista la audiencia para que las partes hagan sus descargos y presenten los argumentos de la apelación. La Argentina, al igual que el resto, tendrá seis minutos para hacer su exposición. A cargo estarán los abogados de Skadden, el nuevo estudio elegido por el país para su defensa.
El fondo Burford reclama que, así como la Argentina resarció con bonos a Repsol por su expropiación del 51% en la petrolera estatal, debería haberle ofrecido las mismas condiciones a Petersen, que tenía entonces casi el 25% de las acciones. Otro fondo, Eton Park, también demandó al Estado argentino en Nueva York por el mismo motivo. En ambos pleitos están en juego unos US$ 3000 millones.
