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El otro “riesgo país”
Además de la incertidumbre electoral, los pliegos que elaboró el Estado para las privatizaciones y concesiones contienen aristas que alejan a los oferentes internacionales
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LA NACIONFlorencia Donovan
Manzano, Román, Vila, Neuss, Cherñajovsky, Filiberti, Mindlin. Si alguien hubiera leído la lista de ganadores de las privatizaciones y licitaciones de la era libertaria sin saber de qué gobierno se trataba, difícilmente habría adivinado que era el de la apertura al mundo. El gobierno de Javier Milei puso al país en la vidriera de Wall Street desde un comienzo, con la motosierra, el rápido proceso inicial de desinflación, la desregulación de “el Coloso” y la apertura comercial. Pero los inversores, que llegaron a mirar atraídos por el fenómeno libertario, luego, a la hora de comprar, optaron en su mayoría por quedarse fuera de los negocios que tenían algún tipo de vínculo estatal.
El último ejemplo se dio esta semana. A días de la apertura de sobres —se da por hecha una prórroga de los plazos—, Grupo México, uno de los mayores operadores ferroviarios del continente, avisó que, pese a que venía trabajando desde 2023 en el proceso, finalmente no iba a competir por la licitación del Belgrano Cargas. Era el oferente extranjero más firme, además de uno de los grupos que contaba con el visto bueno de los Estados Unidos (de hecho, figura en el listado de proveedores del Corredor Andes-Atlántico que impulsa el gobierno de Trump). Su dueño, Germán Larrea, es el segundo hombre más rico de México después de Carlos Slim.
La noticia resume una pregunta que el Gobierno no termina de responder: ¿por qué el capital que aplaude a la Argentina desde afuera no termina de entrar? Ni siquiera la Hidrovía escapó a la regla: la belga Jan de Nul se quedó con la concesión, pero de la mano de un socio local, Servimagnus, con el 40%. Y gigantes como Boskalis o Van Oord, que habían sondeado los pliegos, no llegaron a presentarse. Las gigantes norteamericanas de la industria ni siquiera figuraron. En la reciente privatización de AySA, por su parte, tanto Sabesp (Aguas de San Pablo) como la francesa Veolia tampoco terminaron presentando ofertas.
Según una estadística que lleva PwC sobre todos los procesos de fusiones y adquisiciones del primer semestre de 2026, el 41% terminó en manos de extranjeros; eso incluye tanto procesos de privatización como adquisiciones de compañías privadas. En 2023, esa cifra había sido del 57%; en 2022, del 58 por ciento. “La mayoría de las privatizaciones que se realizaron durante la gestión del presidente Milei fueron ganadas por grupos nacionales. Sin embargo, hay grupos internacionales invirtiendo en el país en compañías privadas de distintos sectores”, dice Ignacio Aquino, socio de PwC. “Nosotros acabamos de asesorar a los accionistas de Axoft (Tango Software) en la venta de su empresa a un grupo canadiense, Vela Latam, y estamos trabajando en otros mandatos para distintas industrias: software, medicina nuclear, servicios, agro, industria”, continúa.
Hay varios argumentos que se recogen entre quienes participaron de algunas de las licitaciones o privatizaciones ya adjudicadas. Existen leyendas sobre cenas incómodas en alguna casa en Barrio Parque, compulsas orquestadas o llamados inconvenientes. Pero lo cierto es que, tanto en público como en privado, algunos jugadores plantean el riesgo político como uno de los principales argumentos. Los inversores extranjeros que presenciaron lo que sucedió durante el kirchnerismo temen que, ante un eventual cambio de signo político, se decida dar marcha atrás con las privatizaciones o vulnerar las reglas de juego establecidas. Para los grupos que apostaron a proyectos mineros o petroleros, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es una garantía en ese sentido. Aunque la pregunta de rigor en los foros empresarios es si el RIGI se respetará gane quien gane en 2027.
El costo de las estatizaciones o de los contratos de concesión incumplidos se arrastra hasta hoy. En el proyecto de Presupuesto 2027, Economía se ocupó de incluir un artículo que ilusiona a quienes tienen laudos en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Allí pide autorización para que el Tesoro emita eventualmente el año próximo hasta US$1030 millones que “tendrán como destino exclusivo la cancelación de obligaciones derivadas de decisiones y/o laudos firmes dictados en arbitrajes internacionales contra el Estado Nacional”. Tarde o temprano, las deudas se pagan.
Pero, además del riesgo político —admiten en casi todos los casos—, los pliegos que elaboró el Estado contienen aristas que alejan a los oferentes internacionales. No se puede afirmar con certeza que sea con el espíritu de favorecer a algunos grupos empresarios, aunque, en la práctica, ese termina siendo el resultado. Fue el caso de AySA, y todo indica que ahora es el del Belgrano Cargas. “Es evidente que los empresarios nacionales, especializados en negocios regulados, están dispuestos a tomar riesgos que los extranjeros no”, resume un hombre que sigue de cerca muchos de los procesos que se dieron en los últimos dos años. “No es lo mismo lidiar con una empresa que tiene dos o tres dueños que con empresas que cotizan en Bolsa, en Nueva York o en otras plazas, y deben dar explicaciones a cientos de accionistas”, apunta.
Los pliegos de AySA, por caso, contenían muy pocas exigencias de inversión para los primeros dos años. Probablemente, juzgan quienes conocen los entretelones del proceso, para limitar los ajustes tarifarios y salvaguardar el proceso de desinflación. Para los extranjeros, según le hicieron llegar al Gobierno, esto era un riesgo más que un beneficio. Dado que el agua es considerada un servicio esencial, no parecía difícil imaginar futuros amparos que exigieran obras que los pliegos no contemplaban. Surge, luego, otra duda: ¿era el actual el mejor momento para realizar muchas de estas concesiones? No caben dudas de que las necesidades de caja del Tesoro aceleraron, tal vez por demás, los tiempos.
Con la economía semiparalizada, en el equipo de Luis Caputo agudizan el ingenio por estas horas para poder alcanzar a fin de año la meta de superávit primario de 1,3% establecida en el proyecto de Presupuesto. Una de las alternativas que se barajan es la de dejar fuera de la contabilidad oficial del gasto las transferencias que se le están realizando mensualmente a la Ciudad de Buenos Aires, producto de la medida cautelar que el gobierno porteño consiguió en reclamo por los recortes de coparticipación que se le habían realizado durante la gestión de Alberto Fernández. Son unos $900.000 millones en todo el año. También la idea sería arrancar recién en enero con los primeros pagos de las indemnizaciones de los empleados estatales que se adhieran al plan de retiro voluntario que se lanzó el lunes de esta semana.
“Los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento”, reconoció ayer el presidente Milei en una entrevista en Radio Rivadavia.
Aunque el debate sobre el ajuste del plan económico está vigente, el pragmatismo por ahora se observa en otras carteras. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió a secretarios y ministros prudencia a la hora de avanzar con más recortes o desregulaciones en el Estado. No es momento para hacer olas.
La misma orden se impartió desde la Cancillería a la embajadora en Londres, Mariana Plaza, que esta semana fue la responsable de organizar el Argentina Day en la capital británica, el evento que reúne a gran parte de los inversores mineros. A diferencia de lo que sucedió en años previos, esta vez todos los gobernadores decidieron ausentarse a último momento. Con el debate malvinero al tope de la agenda, ninguno quiso quedar asociado al Reino Unido. Son tiempos de campaña y hay que cuidarse. Tampoco hubo presencia del Ministerio de Economía más allá de la del secretario de Minería, Luis Lucero. El correcto Lucero, que fue el encargado de abrir el evento, leyó su prolijo discurso para no dejar ningún margen a malinterpretaciones. La administración libertaria puede ser vehemente en algunos foros y, por momentos, sonar hasta alejada de las buenas prácticas diplomáticas pero, cuando se trata de negocios, prefiere moverse sin hacer tanto aspaviento.
La industria minera es hoy la gran promesa. Y los gobernadores también tienen mucho en juego. Algunos ya están viendo las mieles del negocio. Tras acordar con la empresa Vicuña un adelanto de regalías no reembolsables por US$250 millones para poder destinarlo a obras de infraestructura estratégica, principalmente viales, el gobierno de San Juan negocia ahora un acuerdo similar, por el mismo monto, con Glencore. Todo un sueño en la previa de una campaña electoral.
La batalla cultural que el presidente Milei desplegó con ordinariez esta semana en España, no obstante, podría tener impacto en el mundo de los negocios. No es lo mismo para los empresarios desembarcar en un país con el que saben que está aceitado el vínculo diplomático que en uno con el que constantemente se amenaza con romper relaciones sin justificativo alguno. Las formas, al final del día, también pesan.
La Argentina, que durante años estuvo fuera del radar, no puede darse el lujo de contentarse solo con conseguir que los locales inviertan. La economía está en plena transición. Los locales están viendo que hay una oportunidad. En el sector financiero, el Grupo BS&T, por ejemplo, avanza ahora con la compra de Parakeet, una sociedad de bolsa. Acaba de lanzar un fondo de private equity con el exHSBC Juan Marotta y está buscando comprar más activos de energía (hoy es dueño de Crown Point). Son buenas señales, pero no alcanzan.
