El presupuesto 2024 es parte de la política económica del próximo gobierno

“El presupuesto nacional es una autorización de gastos y un pronóstico de ingresos, de manera que el déficit no sé lo que es”. Esta es una verdad que, entre otras, Cayetano Antonio Licciardo me metió en la sangre cuando me enseñó finanzas públicas en la UCA, en 1964. La legislación obliga a que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso, a más tardar a mediados de setiembre de cada año, el proyecto de presupuesto para el año siguiente. Esto, aquí y ahora, choca contra el hecho de que el presupuesto nacional forma parte de la política económica. Y solo Dios sabe en qué consistirá la que arrancará el 10 de diciembre próximo.

Sobre el tema consulté al argentino Amalio Humberto Petrei (1935-2012), quien estudió en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y en la de Chicago. Pero no fue un “Chicago Boy”, sino un académico comprometido con los aspectos sociales, según afirmó José María Las Heras en el homenaje que, por su fallecimiento, le rindió la Legislatura de la provincia de Córdoba. “Era un hombre de bien. Cuando al entregarme el último sobre, conteniendo mis honorarios de un trabajo que realizamos en conjunto, le indiqué que la cifra era mayor a la que habíamos acordado, me respondió: ‘Déjeme obrar, créame que sé bien lo que estoy haciendo’. Para mi, que no contaba con holguras económicas, fue un gesto inolvidable”, acotó Alberto José Figueras.

Además de su obra escrita, la profesión lo recuerda porque en 1968 organizó la primera edición de las Jornadas de Finanzas Públicas que organiza la UNC.

–En un país tan convulsionado como el nuestro, es casi un milagro que las Jornadas, desde hace algún tiempo internacionales, sigan teniendo lugar.

–Milagro alude a azar, y si bien nunca hay que descartar el rol de la suerte, el hecho de que luego de más de medio siglo las Jornadas se sigan llevando a cabo habla del enorme esfuerzo de muchos colegas, con los cuales tenemos que estar siempre agradecidos.

–El presupuesto nacional se formula a precios corrientes.

–Esta es una dificultad adicional a la que apropiadamente menciona Licciardo. Porque se le puede pedir a los legisladores, que dispongan la cantidad de enfermeras, bomberos, maestros, etcétera, que tienen que prestar sus servicios en el sector público, pero, ¿qué sentido tiene hacerle votar una proyección de la recaudación por impuesto a las ganancias, derechos de importación o contribuciones patronales a la seguridad social? Pero encima, hay que votar números referidos a gastos e ingresos públicos, a precios corrientes.

–¿Qué quiere decir esto?

–Que las partidas no están indexadas, como sería dispone: “En setiembre de 2024 las enfermeras ganarán lo que ganan en setiembre de 2023, multiplicado por el cociente entre el nivel de precios entre las 2 fechas mencionadas”. Esto implica que quien tiene el enorme desafío de confeccionar el presupuesto nacional debe pronosticar la tasa de inflación entre 2023 y 2024, la tasa de devaluación, los salarios públicos, la tasa de interés, etcétera. Esto, que en condiciones normales es imposible, aquí y ahora es peor.

–¿Cómo peor?

–No hay que ser un genio de la economía para darse cuenta de que el presupuesto nacional es una parte de la política económica, por lo cual no se puede hablar en serio de las cuentas del Estado nacional sin saber en qué va consistir la política económica que aplicará el gobierno que asumirá del 10 de diciembre próximo. Y esta última, espero que lo que estoy diciendo no genere suicidios colectivos, no lo saben ni siquiera los protagonistas.

–¿Estás diciendo que los candidatos a presidente de la Nación y sus respectivos equipos técnicos todavía no saben lo que van a hacer?

–No lo digo en el sentido de que no se estén preparando, sí en el sentido de que –dada la pequeña diferencia en la intención de voto para los tres principales candidatos que se vio en las PASO–, comprensiblemente una parte importante de la energía de los candidatos y sus equipos está orientada a la campaña electoral. Recién el próximo 22 de octubre, o quizás recién el 19 de noviembre, el vencedor o la vencedora se concentrará en transformar todo el trabajo realizado hasta ahora en términos de acciones concretas. Y las circunstancias, más allá de la ideología, jugarán un rol importante.

–¿Cómo será la relación entre el presupuesto nacional y la política económica del próximo gobierno?

–Importantísima, porque la política fiscal tiene que estar en el centro de la política económica del gobierno que asuma. Quien tendrá que dilucidar qué hacer con la seguridad social, con los planes sociales, con los subsidios a la electricidad y el transporte y con el empleo público para, en función de eso, plantear todo lo demás, como el cepo, la desregulación de la economía, la apertura comercial, etcétera.

–¿Está esto asegurando “años duros”, a partir de 2024?

–Buen punto. El énfasis en el ajuste de las cuentas públicas les hace pensar a muchos que lo que viene es pura espiral descendente: menos gasto público, menos demanda privada, menos ocupación, más pobreza, etcétera. Esto sería así si el necesario ajuste fiscal fuera lo único que se propone hacer el próximo gobierno. Lo cual es absurdo. Lo que cabe esperar es que quien asuma la máxima responsabilidad ejecutiva a partir del 10 de diciembre entusiasme, inspire, le devuelva el sentido al esfuerzo y a la asunción de riesgos, etcétera, de manera que el ajuste fiscal sea parte de la política económica y la acción de gobierno, pero no su totalidad.

–Suena muy razonable posponer el debate y la aprobación del presupuesto para el momento posterior a la elección del próximo gobierno, pero hay una legislación que debe ser cumplida.

–Por favor, pidámosle a los abogados que nos den una mano. No se trata de “violar la ley” así porque sí, se trata de cuestionar el esfuerzo de diputados y senadores en dedicar parte de su valioso tiempo a analizar y eventualmente aprobar un documento basado en que, entre 2023 y 2024, los precios aumentarán 70% y el PBI real crecerá 2,7%. Lo cual, en el pasado no siempre implicó un pecado de ingenuidad por parte de las autoridades de turno, sino una subestimación deliberada de la tasa de inflación, que les permitió asignar de manera discrecional, cuando no arbitraria, los ingresos públicos conseguidos por encima de lo previsto en el presupuesto.

–Ignorar la legislación, ¿no introduce un elemento adicional de preocupación a la tan mentada seguridad jurídica?

–Si se lo explica adecuadamente, no debería ocurrir eso. Porque nadie está planteando el incumplimiento de los contratos, o el cambio en las reglas de juego de la vida económica de cada uno de nosotros. Simplemente, puntualizar que una legislación que en condiciones normales es de muy difícil cumplimiento, aquí y ahora es peor todavía.

–Recordado Amalio, muchas gracias.

Por Juan Carlos de Pablo

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