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El problema de fondo de la Argentina
Es fundamental que entendamos que sin déficit no hay deuda; debemos convertir una circunstancia difícil en una gran oportunidad para recuperar la estabilidad
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PARA LA NACIONMartín Tetaz
Soy consciente que los defensores del kirchnerismo podrían invocar la remera del “Ah, pero Cristina”. Sin embargo, lo cierto es que no estaríamos discutiendo el nuevo acuerdo con el FMI si ella hubiera conservado el superávit fiscal con el que asumió en diciembre del 2007. Sin el déficit que creó, tampoco hubiera crecido la deuda pública desde los US$176.870 millones, que había a fines del 2007, a los US$240.665 millones heredados por Mauricio Macri.
Más grave aún: en diciembre del 2015 había un déficit fiscal consolidado de 8 puntos del PBI que requería financiamiento con colocación de deuda, mientras iba siendo reducido gradualmente, para evitar el ajuste que criticaba la oposición. Es fundamental que entendamos que sin déficit no hay deuda y que el problema de la deuda es el problema del déficit. Es por este tipo de cosas que estoy convencido de que en todas las escuelas tendría que haber Educación Financiera y que los funcionarios y legisladores deberíamos capacitarnos en cuestiones de Economía.
Pero también es importante tener en claro el proceso de endeudamiento producido durante el kirchnerismo, para dinamitar la construcción de un relato mentiroso que busca dejar a Cambiemos como el único responsable de la deuda, cuando fue Cristina Kirchner la que causó el déficit y entregó una deuda en crecimiento. Más aún, los datos oficiales de las Secretaría de Finanzas, resumidos en el párrafo anterior, no tienen en cuenta la mayor deuda previsional de la historia argentina que dejó el kirchnernismo en la forma de juicios y sentencias a favor de los jubilados, a los cuales se les ajustó ilegalmente las prestaciones entre 2003 y 2009. Esa enorme deuda previsional fue resuelta y pagada con la Ley de Reparación Histórica que el kirchnerismo no quiso acompañar.
En 2018, tanto el Fondo como el gobierno argentino diagnosticaron una crisis transitoria de liquidez y por eso acordaron un programa de US$57.000 millones para pagar los vencimientos de deuda con acreedores privados, al tiempo que instrumentaban un programa de shock para reducir el déficit primario prácticamente a cero para fines de 2019.
Lo que ocurrió entonces fue un cambio de acreedores: la Argentina redujo su deuda pública con acreedores privados (los títulos públicos cayeron de 235.185 millones en el primer trimestre del 2018 a 199.726 millones el mismo período del 2020), al tiempo que aumentaba su exposición con organismos internacionales de crédito (pasando de 20.974 millones en el primer trimestre del 2018 a 67.200 millones dos años después). Cambiamos deuda cara con el mercado, por deuda mas barata con el Fondo Monetario, reduciendo los intereses que debe pagar el país.
La contrapartida fue el compromiso de reducir casi instantáneamente el déficit, con una política de ajuste fiscal de shock que comprometió seriamente las posibilidades de reelección de Cambiemos, pero que dejó estabilizadas las cuentas públicas en diciembre de 2019, con las provincias superavitarias y la Nación con solo 0,4 puntos del PBI de déficit primario, reduciendo además la exposición al financiamiento monetario del Banco Central: los pasivos monetarios remunerados de la institución cayeron en términos reales 60% entre mayo de 2018 y noviembre de 2019, para volver a aumentar 103% en términos reales en los dos primeros años de Alberto Fernandez.
Deuda cara por deuda más barata
El cambio de deuda mas cara por deuda mas barata, junto con la fuerte reducción del déficit fiscal, el saneamiento de los pasivos monetarios y las devaluaciones del 2018 y 2019 hicieron que la deuda pública neta cayera de US$329.710 millones en el primer trimestre de 2018 a US$321.615 millones en el primer trimestre de 2020.
Es importante entender que el diagnóstico era que la Argentina tenía un problema transitorio de liquidez, que no requería reformas estructurales de fondo, ni en lo tributario, ni en lo previsional, ni en lo energético, más allá de las reformas que el propio gobierno de Cambiemos venía encarando. Por esa razón no se le pide ninguna reforma fiscal ni previsional a la Argentina como parte del acuerdo con el fondo y se establece un cronograma de devoluciones perfectamente compatible con un país de las características del nuestro.
Recordemos que entre 2016 y 2017 el gobierno de Macri había pagado US$86.000 millones de vencimientos de deuda heredada por el kirchnernismo, el doble de lo que ahora no puede pagar Alberto Fernández. Obviamente esos vencimientos se pagaron con nueva deuda, porque la Argentina todavía tenía déficit, del mismo modo que cuando se otorgó el crédito del FMI se pensaba que pasada la crisis transitoria de confianza, la Argentina podía pagar al Fondo volviendo a tomar deuda con privados; exactamente el camino inverso a lo que ocurrió en 2018 y 2019, cuando se pagó a los acreedores privados con deuda tomada del Fondo.
Mucho se ha dicho también sobre el cambio de composición de monedas. Es cierto que la deuda en dólares representaba el 69,3% del total en 2015 y trepó al 77,8% hacia fines de 2019, pero en los dos primeros años de Alberto Fernandez, la caída del porcentaje de la deuda denominada en dólares fue a expensas del incremento de los pasivos ajustados por inflación, que hoy representan el 16% de la deuda. En un escenario en el que la inflación de Estados Unidos es del 7,5% anual, una deuda en dólares que paga un interés del 4%, cae en términos reales, mientras que una deuda en pesos que ajustan por inflación no lo hace.
El acuerdo con el Fondo
Llegamos así al video en que Alberto Fernandez anunció un acuerdo con el FMI, que aún no estaba y luego a la conferencia de prensa en la que el ministro de Economía reconoció que tomaremos una nueva deuda con el FMI suficiente para pagar todos los vencimientos con el organismo, más unos US$5000 millones, equivalentes a lo que ya pagamos durante 2021, destinados a recomponer reservas. En el espacio de preguntas, Martín Guzman explicó que habría cuatro años de gracia y que en los seis años siguientes se completarían los pagos, sin dar mas detalles, ni sobre las tasas de interés que deberemos abonar, ni sobre la secuencia de esos pagos.
Tampoco brindó el ministro mayores precisiones sobre las condiciones negociadas con el Fondo, más allá de informar que había un principio de entendimiento en el sendero fiscal y monetario, negando que el acuerdo implicara ajuste fiscal y descartando particularmente el aumento de tarifas.
Horas después salió a la luz el comunicado del Fondo, resaltando la naturaleza del “principio de entendimiento” que requería aún de más trabajo para desembocar en un acuerdo. La sorpresa fue que ese documento oficial del organismo multilateral sí hablaba expresamente del ajuste de tarifas y subsidios, dejando en offside al ministro y disparando la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados. Este es un tema central, porque debilitó la posición negociadora en Washington, toda vez que los funcionarios del FMI no saben ahora si Guzman es o no un interlocutor válido y, por ende, cuántos votos del Congreso están sentados en esa mesa.
Pero lo que más llama la atención es que en el borrador del acuerdo que se filtró a la prensa se habla de un ajuste de tarifas del 20%, cuando en el comunicado que difundió el Fondo en enero quedaba claro que el Gobierno había negociado una reducción de subsidios y ello implicaba ineluctablemente una suba de las tarifas por encima de la inflación, puesto que esa es la única manera matemáticamente posible de que los subsidios se reduzcan. Si el compromiso hubiera sido que las tarifas volvían a crecer por debajo de la inflación, no se hubieran reducido los subsidios y no hubiera habido ninguna razón para que Máximo Kirchner renunciara a la conducción del bloque. El Gobierno pactó un ajuste con el FMI y no sabe cómo disfrazarlo de cara a la sociedad.
La posición de la oposición
En ese contexto y con esos antecedentes, queda claro que falta mucha información como para poder fijar una posición técnica. Necesitamos saber primero cuál es la secuencia de los desembolsos y de los pagos, cuál es la tasa de interés acordada y, sobre todo, cuáles son las condiciones que en cada una de las revisiones trimestrales (si es que serán trimestrales) debe cumplir la Argentina en materia fiscal, monetaria, cambiaria y de tarifas.
Esto es muy importante porque la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública (27612) exige que los acuerdos con el FMI pasen por el Congreso, pero no pide lo mismo para el resto de los organismos multilaterales, justamente porque el problema no es tanto la moneda, como las condiciones que impone el Fondo. Por otro lado, si los desembolsos son contingentes, no pude pedírsele al Congreso que los apruebe, sin discutir también esas condiciones. Es fundamental conocer tanto el plan para el cumplimiento de las metas, como la estrategia de reconducción (plan B), en caso de que alguna de esas contingencias no se cumpla.
En segundo lugar, para eventualmente acompañar el acuerdo es muy importante que la secuencia de ajustes que imponga sea gradual y equitativa, de modo que la responsabilidad sea compartida por todos los gobiernos y no recaiga en mayor proporción sobre la próxima administración, como la trayectoria fiscal informada por el ministro Guzman dejó entrever. El Gobierno ha hecho demagogia congelando las tarifas de servicios públicos y, si el acuerdo con el Fondo exige recomponer el porcentaje pagado por las familias, al tiempo que se reducen los subsidios financiados por el Estado con impuesto inflacionario, es razonable que sea este mismo gobierno el que corrija la distorsión que ha generado, mal que le pese al kirchnerismo duro, que ya tiene antecedentes de haber efectuado el congelamiento tarifario con fines electorales durante la década pasada, que luego tuvo que corregir el gobierno de Cambiemos.
En tercer lugar, si ya existe un compromiso en materia monetaria para terminar con el financiamiento al fisco en 2024, parecería razonable y conveniente acordarlo dentro del marco de una ley que, con el consenso de todas las fuerzas políticas, prohíba el financiamiento monetario del BCRA al Tesoro, a partir de 2024. El acuerdo con el FMI nos brinda una oportunidad única de consensuar una nueva Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), con el beneficio del “velo de ignorancia” de Rawls, dado que no sabemos quién va a gobernar desde 2024.
Finalmente, desde el punto de vista político es importante remarcar que, aunque la oposición tiene los votos suficientes como para bloquear el acuerdo con el Fondo, máxime luego de la fractura del bloque oficialista, obraremos con responsabilidad y no pondremos palos en la rueda para que el Gobierno consiga su pacto con el FMI. Pero como hasta ahora la oposición no ha sido consultada ni ha participado de las negociaciones, se trata del acuerdo del Gobierno y, por lo tanto, debe ser el oficialismo el responsable de conseguir los votos para convertirlo en ley.
Para que la oposición además lo vote a favor, debería tratarse de una propuesta de consenso, que cuente, para empezar, con el apoyo del propio oficialismo. Un acuerdo que, además de aportar los elementos reclamados en esta declaración, sea acompañado de las leyes que blinden la responsabilidad fiscal y monetaria de la Nación hacia delante, como política de Estado, que se eleva por encima de las diferencias que pudiera haber entre los distintos espacios políticos representados en el Congreso. Convertiremos de esta manera una circunstancia difícil en una gran oportunidad para recuperar la estabilidad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.
Tipo de trabajo:análisis
