1
El regreso del primer despedido, el manual contra Kicillof y la fecha para sellar una tregua
La central empresaria más importante del país se encontrará con Luis Caputo para encaminar la paz tras momentos de tensión; Córdoba le da letra al modelo antitasas que milita la Casa Rosada y Federico Sturzenegger ya tiene a su discsípulo desregulador en territorio bonaerense
9 minutos de lectura'
LA NACIONPablo Fernández Blanco
Las seis cabezas que representan a los sectores económicos más importantes de la Argentina pueden interrumpir el descanso del fin de semana en caso de que la ocasión lo requiera. Pasó el sábado pasado, aunque todo quedó simplificado por la comodidad del grupo de WhatsApp en el que intercambian ideas los integrantes del denominado G-6.
Javier Bolzico, titular de Adeba, que representa a los bancos locales, como el Macro y el Galicia, inició la conversación. Sugirió que debían pronunciarse acerca de la conveniencia para el país de bajar tasas e impuestos. Bolzico respondió, en la práctica, a un pedido de Luis Caputo, quien desde hace tiempo insiste en público y en privado a las empresas para que les reclamen por ese punto a los gobernadores y a los intendentes.
Las manifestaciones de este grupo requieren unanimidad. Basta con que uno deje la mano sin levantar para que nada salga. No ocurrió, pese a que conviven allí sectores hasta ahora beneficiados por la política de Javier Milei, como la Bolsa (Adelmo Gabbi) y las finanzas, con otros que trastabillan, como la construcción (Gustavo Weiss) y la industria (Daniel Funes de Rioja).
Las comparaciones no son odiosas para Luis Caputo. El equipo económico practica una comunicación respetuosa incluso con los sectores que le dirigen críticas, algo que lo diferencia de sus antecesores. Una prueba de ello es lo que ocurrirá en la segunda semana de febrero, cuando esperan al ministro en la sede de la UIA, en Avenida de Mayo. Será la ocasión para dejar atrás lo que pasó en la última conferencia industrial, en noviembre pasado.
Caputo estaba invitado, pero faltó y fue interpretado como una muestra de tensión con un sector según el cual las importaciones avanzan a una velocidad mayor que la baja de impuestos. Los industriales prefieren creer que fue por una superposición de agenda. Por las dudas, la futura visita del ministro de Economía a la UIA se reconfirma periódicamente con mensajes y llamados.
La unidad del frente empresario contras las tasas y los impuestos es una mala noticia para intendentes y gobernadores, en especial los peronistas. Aunque algunos agentes cuestionan la velocidad del ajuste, el valor del dólar o el recorte de la obra pública, nada reúne tanto consenso en el establishment doméstico como la necesidad de bajar el peso de las provincias y los municipios sobre los precios de los bienes y los servicios.
El Gobierno está preparando un movimiento mayor y progresivo que aumentará la presión sobre los jefes políticos que vayan en el sentido contrario. En ese engranaje juega un papel importante un hallazgo de Osvaldo Giordano, uno de los primeros despedidos de la gestión libertaria.
Giordano fue titular de la ANSES, la mayor caja del Estado, pero el propio Milei le pidió la renuncia luego de que su pareja, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de ciertos artículos de la Ley Ómnibus, la primera gran apuesta legislativa del Gobierno, que cayó en el Congreso.
El exministro de Finanzas de Córdoba es, sin embargo, respetado en despachos públicos que mezclan lo técnico con lo político. Parte de eso se debe a que su paso por el organismo de previsión social fue clave para destapar el escándalo de los seguros que involucra al expresidente Alberto Fernández y al broker Héctor Martínez Sosa.
Tras su expulsión del Gobierno, Giordano se ha reunido en ocasiones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Y se lo vio semanas atrás en la oficina del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Ahora, Giordano maneja un lugar de alta resonancia como el Ieral, el instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea. Por la silla que él ocupa pasaron antes Carlos Melconian, quien hubiese estado en el Ministerio de Economía si Patricia Bullrich ganaba las elecciones, y Domingo Cavallo en los años 80, lugar que lo catapultó al Gabinete de Carlos Menem.
El Ieral hizo un informe clave sobre impuestos y tasas municipales para el Banco Nación, que conduce Daniel Tillard. Hay, allí, un vínculo geográfico. Tillard fue el titular del Banco de Córdoba cuando Giordano era el encargado de las finanzas provinciales, durante la gobernación de Juan Schiaretti. Fueron exportados juntos al gobierno nacional cuando Milei ganó las elecciones, pero solo el primero perduró.
Ese informe del Ieral es el sustrato documentado a partir del cual se edificó el resto del edificio contra las gobernaciones y las intendencias. El trabajo expone una lista con las 50 principales locaciones que cobran las mayores tasas efectivas al sector financiero. Es casi una denuncia contra esos municipios. Los líderes son San José de Feliciano (Entre Ríos), Villa Constitución (Santa Fe), La Matanza (Buenos Aires), San Justo (Buenos Aires) y Casilda (Santa Fe).
Indignado, Tillard distribuyó su bronca entre las principales terminales del equipo económico. Llamó a Santiago Bausili (BCRA) para hacer algo, y alineó detrás del reclamo a las principales representaciones de los bancos en el país, como ABA (Claudio Cesario), que reúne a las entidades extranjeras, Adeba y Abapra (bancos públicos y privados).
El Nación lanzó su ofensiva, largamente convalidada por Milei y Caputo, basándose en el documento mediterráneo. Fue contra La Pampa, los municipios de General Deheza, Córdoba, Cruz del Eje y Jesús María (provincia de Córdoba), Rafaela (Santa Fe), La Matanza (Buenos Aires) y Bariloche (Río Negro).
Esta pelea tiene una dimensión mucho más allá de la evidente. El modelo de Milei contempla un peso cada vez más fuerte que le quita competitividad a la producción y a los servicios que puede prestar la Argentina. El antídoto para ese mal, en la cabeza del Presidente y del equipo económico, es cobrarles menos a las empresas.
El Gobierno avanzó parcialmente en ese programa, por ejemplo, con la reducción de retenciones. Pero el esfuerzo de la Casa Rosada queda en la nada cuando el aumento de un intendente o de un gobernador esteriliza la baja de impuestos.
No se trata solo de un problema para el desarrollo de actividades productivas. También implica sacarle dinero del bolsillo a la población, algo que la Casa Rosada sigue de cerca.
Un dato muestra esa preocupación. Entre abril y julio del año pasado, cuando todavía se desplegaba la parte más dura del ajuste libertario, Jefatura de Gabinete contrató al menos siete sondeos de opinión por $58 millones para verificar el contexto sociopolítico y económico del país. Le consultaban a la gente cosas específicas, como si le alcanzaba la plata para pagar los aumentos de tarifas, y cómo evaluaba su poder adquisitivo.
Hay decenas de sectores atrapados en esa disyuntiva y se multiplican los empresarios que llevan números y explicaciones para demostrarle al Gobierno que se enfrentan a una situación crítica.
Esta semana, por caso, Eduardo Boiero (CAPeCa, la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores) visitó al subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, para contarle que teme que entre fines de abril y principios de mayo, cuando arranca la campaña, haya barcos que no salgan para pescar langostino, cuya producción representa más de la mitad de los US$2000 millones que el sector exporta cada año.
Boiero describió una situación de precios bajos y altos impuestos, similar al campo. Pidió una solución también parecida: pagar menos retenciones.
El guiño al campo abrió la compuerta para un cauce de reclamos contenidos que ahora están empujados por una justificación simple, pero efectiva: ¿por qué a ellos sí y a mí no? Es un equilibrio fastidioso para Caputo. Invirtió una parte del dinero que ahorró ajustando en la reducción de impuestos que ya anunció. Sus interlocutores sostienen que el presupuesto no le da mucho más margen para seguir con esas buenas noticias.
La pelea del equipo económico tiene un costado narrativo. El relato, fundamental para la política, crecerá en los próximos meses al calor de la campaña electoral.
Una de las banderas será mostrar el país que quieren los libertarios con respecto a otras alternativas, donde ya hay un foco elegido: Buenos Aires, bajo el mando de Axel Kicillof, a su vez uno de los posibles competidores presidenciales en 2027. Ya hay designados para exportar el modelo económico nacional a ese territorio, una tarea que recae parcialmente en el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El titán, según el apodo que le atribuyó el presidente Milei, le pasó a Diego Valenzuela el manual que usó para hacer la Ley Bases, la denominada Ley Hojarasca. Incluye el método que empleó para fusionar sectores y ahorrarse “ravioles” en la estructura del Estado y otras desregulaciones que tiene en marcha.
El intendente de Tres de Febrero, que renovó el cargo con la boleta de Juntos por el Cambio, pero ahora milita para La Libertad Avanza, tiene el entusiasmo de quien acaba de cambiar de trabajo.
La intención de los libertarios es espejar, a nivel provincial, lo que hizo Sturzenegger en el país para mostrar el contraste entre la provincia y la nación. Es curioso, porque Kicillof tiene el mismo plan. Es decir, hará campaña señalando las cosas que en Buenos Aires son distintas a lo que propone Milei.
Ya hay una lista de temas para confrontar con el presidenciable bonaerense. El Gobierno se entusiasma con aplicar allí una réplica de la ley bases a nivel provincial, eliminar normas obsoletas y avanzar en la desregulación de un sinfín de actividades. Solo para poner como ejemplo, la Casa Rosada advirtió que en la provincia hay restricciones para poner supermercados y está prohibido el autoservicio de combustibles, una de las novedades más populares en los últimos días.
El equipo de trabajo provincial, que en el plano político está conducido por Karina Milei y a nivel táctico por su extensión en el territorio, Sebastián Pareja, cree que será útil para la discusión en la campaña. Pero lo ven como un plan de trabajo posible si consiguen el premio mayor de alcanzar la gobernación en 2027.
