España pone a punto su gran reforma educativa

MADRID.– El debate educativo en España está enquistado, dentro y fuera del Parlamento, en una especie de película de buenos y malos donde todo el mundo ha elegido bando. El gobierno del PP aprobó definitivamente en el Congreso, la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce), la séptima ley escolar de la democracia, con los únicos apoyos de su partido. Ningún otro de la Cámara votó a favor.

El ministerio que dirige José Ignacio Wert parece haber decidido hace muchos meses sacar adelante, aun sin apoyo alguno fuera del PP, la reforma que cree necesaria para mejorar unos resultados mediocres en los exámenes internacionales y una tasa de abandono escolar que casi dobla la media europea (24,9 por ciento).

Lo intentarán hacer con evaluaciones al final de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el bachillerato. Habrá orientaciones distintas después de la etapa obligatoria (dura hasta los 16 años). Así, en 3º de ESO los alumnos tendrán que elegir entre formación profesional y bachillerato.

También se reforzarán las materias llamadas principales (las académicas, duras, de toda la vida, según algunos especialistas), cuyos contenidos controlará más el Estado.

A ello se unen puntos muy polémicos como la religión (que volverá a tener materia alternativa sobre valores); el respaldo legal a las subvenciones para los colegios que separan por sexo, y apoyo a la enseñanza en castellano en Cataluña.

En el lado contrario, casi todos los demás, una amplia y heterogénea amalgama de sectores (hasta la patronal de los centros católicos se ha quejado de la falta de diálogo y de proyecto), en la que no todos comparten una misma visión de la escuela, pero están de acuerdo en que la Lomce no es la receta para mejorar la educación.

La mayor parte de los representantes de padres, profesores y alumnos reunidos en la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública ha hecho ya dos huelgas generales porque no cree en la ley ni en los recortes de más de 6400 millones de euros desde 2010.

Durante la sesión, Wert escuchó impasible llamar a su ley collage educativo que no sirve para resolver los problemas (Salvador Sostres, Foro Asturias); proyecto monstruoso y abominable que no gusta a nadie (Joan Baldoví, Compromís-Equo); ideología en movimiento (Pedro Quevedo, Coalición Canaria); nacionalcatolicista, reaccionaria y segregacionista (Joan Tardà, ERC); un plato que huele a quemado (Maite Ariztegui, Amaiur); un dislate jurídico (Isabel Sánchez Robles, PNV); una ley de partido y no de Estado (Carlos Martínez Gorriarán, UPyD); antipedagógica, segregadora y economicista (Caridad García, IU), o chapuza contraria al rigor y al sentido común (Mario Bedera, PSOE).

El único apoyo fue el de la diputada del PP María Jesús Moro, que se quejó de que las críticas que se hacen a la Lomce no están fundamentadas: "Todos apoyamos la educación pública, que es el pilar del sistema, y la mejor forma de hacerlo es apostar por la calidad".

Ya después de la votación (182 votos a favor, 143 en contra y dos abstenciones), Wert destacó los cambios realizados durante la tramitación y añadió: "A partir de hoy contamos con un instrumento legislativo nuevo para dotar de más autonomía a los docentes y disponer de un sistema educativo a la altura del que nuestro país se merece".

Por la mañana, el ministro había terminado su intervención con una cita bíblica: "Hay un tiempo de destruir y un tiempo de construir". Una vez aprobada la norma, espera "que haya llegado el de construir".

Sin embargo, muchos profesores se quejan de la perjudicial sensación de inestabilidad y provisionalidad con la que, les guste más o menos, van a empezar a poner en marcha la reforma.

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Juan Antonio Aunion