En Córdoba, procesan a empresarios y a un economista por maniobras con facturas truchas y exportaciones simuladas

CORDOBA.- Por una maniobra de miles de dólares, la Justicia Federal de Córdoba ordenó una veintena de procesamientos por asociación ilícita, alteración dolosa de registros, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos. La causa alcanza a varios empresarios y a un reconocido economista de esta provincia y fue impulsada por una denuncia realizada por AFIP e investigada por el fiscal Enrique Senestrari.

El perjuicio económico no se puede estimar hasta que la AFIP no cierre las fiscalizaciones -tiene 180 días hábiles administrativos- aunque son cientos de miles de dólares, según admitieron las fuentes consultadas por LA NACION.

Matías Gonzalo Lafuente Sivilotti está considerado el “organizador” de la operatoria; a él se le dictó prisión preventiva. El procesamiento dictado por el juez federal Ricardo Bustos Fierro alcanza a 11 personas por asociación ilícita, alteración dolosa de registros, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos.

También quedó procesado por defraudación por administración fraudulenta Nadín Argañaraz, economista titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), delito que alcanza a dos más. “Habrían emitido un número no identificado con exactitud hasta el momento de facturas falsas al Iaraf para documentar supuestas prestaciones de servicio que no se habrían llevado a cabo”, describe el procesamiento.

La operatoria -iniciada en 2015- consistía en “engañar” al Estado nacional a través de la facturación apócrifa de empresas que funcionaban como “usinas de facturas falsas”. Por ejemplo, aparecen nombres como Tacuarembo SRL, Rural Space SRL y Benzony Company, entre otras.

Esas facturas se vendían “a los clientes que necesitaban justificar dinero que probablemente no fuera blanqueado ante la AFIP, ocultando la identidad de los verdaderos vendedores y compradores”. El procesamiento indica que, para concretar este accionar, en algunos casos habrían alterado los registros informáticos de contribuyentes de AFIP, para “utilizar sus claves fiscales y poder operar y esconder su verdadera identidad ante los ojos del organismo recaudador”.

Los involucrados aprovecharon sus “conocimientos tanto en materia contable como agropecuaria”. En paralelo a las facturas truchas, “habrían adquirido irregularmente divisas, valiéndose del régimen de operaciones autorizadas” por el Banco Central “para acceder al mercado oficial de cambio, adquiriendo los dólares estadounidenses por montos que excedían las restricciones vigentes, cuando en realidad no se importaba mercadería alguna”.

A su vez, la banda habría lavado activos por un lado, a partir de la constitución de las empresas Industrial del Norte SA, a través de la cual habría adquirido divisas destinadas supuestamente para el “pago anticipado de importación de bienes” y “pago vista de importación de bienes”, sin que existan operaciones que justifiquen esas adquisiciones, fugando finalmente las divisas al extranjero con un destino no determinado.