$3000 millones. El costado secreto de la pelea entre los intendentes y Edesur

La tensión empezó a escalar a comienzos de este mes entre los municipios del sur del conurbano y la empresa distribuidora de electricidad Edesur, pero las causas del conflicto se iniciaron hace más de 17 años, cuando se empezó a distorsionar el servicio eléctrico con el congelamiento tarifario. Cada gobierno nacional, provincial y municipal cubrió parte de los mayores costos con subsidios que heredó el siguiente, y hoy la empresa, de capitales italianos, acusa que los municipios le deben $3000 millones desde 2011 por el consumo eléctrico en los asentamientos precarios.

Se trata en verdad de una deuda que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, pero, a partir de 2018, la exgobernadora María Eugenia Vidal les trasladó a los intendentes la responsabilidad de hacerse cargo del costo con la ley de presupuesto. Es decir, desde hace dos años, los municipios deben pagar por el consumo de electricidad en los barrios populares, aunque no recibieron partidas adicionales para afrontar la obligación.

En 1992, luego de que se privatizara el servicio eléctrico, se firmó un Acuerdo Marco, en el cual las provincias se hacían cargo del costo del suministro en las villas de emergencia. Para ello se colocaron medidores comunitarios en los barrios. En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño está al día con los pagos, pero en la provincia, los gobiernos cancelaron en promedio solo el 70% del total y la deuda se fue acumulando.

En las últimas semanas, los intendentes de Almirante Brown, Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Quilmes comenzaron a publicar en Twitter sus quejas sobre el servicio de Edesur, que tiene la concesión en 12 municipios de la zona sur de Buenos Aires. Mencionaron que los "vecinxs (sic) se endeudaron para pagar cuentas y cada vez hay más cortes" y los llamaron "caraduras". "La luz es un derecho. Háganse cargo como se hacen cargo de cobrar hasta el último centavo", le dedicó Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, a la distribuidora.

En este contexto, la empresa le envió a cada intendente una carta firmada por su gerente general, Gianluca Palumbo, en el cual reclama que los jefes comunales están a cargo del "mantenimiento de las instalaciones internas y de las redes emplazadas en los barrios populares". "Entendiendo que esta actividad recae bajo la responsabilidad del municipio, el no realizarla afecta directamente el servicio prestado, derivando en cortes de suministro en los períodos de máxima demanda", explicó. Y les reclamó por "los recursos financieros comprometidos en el Acuerdo Marco para asegurar la compra de energía eléctrica".

En Edesur además recuerdan el programa de obras Más Cerca Eléctrico, que impulsó el exministro de Planificación Federal Julio De Vido luego de haber congelado las tarifas, en el cual giraba fondos a los municipios para realizar las obras de tendido eléctrico.

El jueves pasado por la tarde, el gobernador Axel Kicillof llamó por teléfono a Nicola Melchiotti, country manager del Grupo Enel, dueña de Edesur, para preguntarle cómo estaba el servicio eléctrico. Lo hizo luego de que esa misma mañana Kicillof dijera en Twitter que acompañaba "el reclamo ante los reiterados cortes de servicio en los municipios", acompañado del tuit de cuatro días antes de Insaurralde, en el cual decía: "Estamos cansados de la falta de respeto de Edesur a nuestros vecinos".

La presión continuó anteayer con la coordinación de más mensajes de referentes del Frentes de Todos criticando el servicio de Edesur y del comunicado que emitió la Defensoría del Pueblo, presidida por Guido Lorenzino, para que le quiten la concesión. "Presta un servicio absolutamente ineficiente", dijeron.

El reclamo de los referentes oficialistas tomó fuerza luego de que la semana pasada el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) emitiera un comunicado acerca de un informe que realizó (el cual no es público), en el que aconseja al Ministerio de Desarrollo Productivo considerar nula la Revisión Tarifaria Integral (RTI) aplicada durante el gobierno de Cambiemos. Lo paradójico es que quien estaba presidiendo el ENRE cuando se realizó la RTI era Ricardo Martínez Leone, que había sido designado en el cargo por la expresidenta Cristina Kirchner y continuó en los primeros dos años del gobierno de Mauricio Macri, secundada por Marta Roscardi, una histórica abogada del ente. Recién en 2018, llegó Andrés Chambouleyron a la presidencia del ENRE, elegido en un proceso de concurso.

Ahora, el interventor del ente hasta fin de año, Federico Basualdo, señala que "en el informe se evidencia que las tarifas resultantes de la RTI no fueron ni justas, ni razonables, ni transparentes, tanto desde el punto de vista de los ingresos reconocidos a las distribuidoras, como del proceso de aplicación de las mismas".

El ENRE, por su parte, tiene la potestad de aplicarle multas a Edenor y Edesur, si no cumplen con la calidad del servicio. En caso de que el valor acumulado de las multas aplicadas a una distribuidora en un año supere el 20% de su facturación anual neta de impuestos y tasas, el ente puede habilitar el cese de la concesión, según el artículo 37 de dicho contrato.

Hace solo dos meses, la consultora de La Cámpora, Analogías, comenzó a preguntar en la opinión pública sobre la posibilidad de estatizar las distribuidoras de electricidad y gas que están en manos de empresas privadas. Según sus resultados, el 63,7% dijo que estaba de acuerdo o muy de acuerdo.

Los municipios del norte del conurbano también le deben el pago de la luz a Edenor, pero la empresa que tiene como mayorista accionario a Marcelo Mindlin no hizo pública la deuda. Los intendentes tampoco reclamaron por el servicio del suministro.

Todo este conflicto sucede en medio de un nuevo congelamiento tarifario, que comenzó con el gobierno anterior y se mantendrá por lo menos hasta fin de año. La última actualización tarifaria ocurrió en marzo de 2019 y, según las empresas, solo la parte de distribución acumula un atraso del 47%, que impacta en un 22% de aumento en la tarifa final.