FMI o Venezuela: el dilema poselectoral del Gobierno

A menos de tres años de haber asumido la presidencia de Venezuela y con el petróleo, casi la única exportación del país caribeño, experimentando caídas de precio de un 25% interanual, el gobierno de Hugo Chávez enfrentaba serios problemas económicos. Las reservas internacionales estaban cayendo rápidamente y los precios de los bonos presagiaban un default.

El comandante, al igual que los Kirchner, temía fuertemente no poder pagar la deuda externa, por el impacto político que tendría sobre su gobierno. En ese contexto, a inicios de 2002 pidió a un grupo de sofisticados analistas e inversores de Wall Street que viajaran a Caracas para ayudarlo a encontrar una salida. En la reunión que tuvo lugar pocos días después en el Palacio de Miraflores, y que se extendió hasta altas horas de la noche, uno de ellos le dijo claramente que la solución era devaluar el bolívar contra el dólar. Chávez, mirando al ministro de planificación Jorge Giordani, le preguntó atónito si tenía pensado devaluar y, sin esperar la respuesta, dijo algo así como: “Ajustarse el cinturón sí; devaluar, no.”

Aunque el gobierno efectivamente terminó devaluando el bolívar pocas semanas después de la reunión, la respuesta de Chávez anticipó la política que utilizaría más que nada su heredero Nicolás Maduro muchos años después. Este, que en palabras de la ex secretaria de Estado de los Estados Unidos Madeline Albright tiene “todos los defectos y ninguna de las virtudes del líder al que reemplazó”, restringió fuertemente las importaciones, como principal mecanismo para disminuir la pérdida de reservas cuando, a partir de 2013, comenzaron a caer los precios del petróleo nuevamente (volveré más abajo sobre esto).

Aunque, a diferencia de Chávez en 2002, el gobierno de Alberto Fernández cuenta con precios del principal producto de exportación de la Argentina, la soja, muy cercanos a los más elevados de la historia, enfrentará luego de las elecciones un dilema similar al del comandante en 2002. Sin reservas internacionales y sin acceso al financiamiento, deberá tomar decisiones difíciles.

Al igual que Chávez, Alberto Fernández se moverá entre dos abismos con costos políticos elevados. Por un lado, si no acuerda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entrará en default con ese organismo, lo que tendría duras consecuencias sobre los mercados y, por último, sobre la economía. Por otro lado, la única forma de ganar reservas será con un tipo de cambio competitivo, que permita generar con un superávit comercial y de turismo, lo que requiere una devaluación del peso en el mercado oficial. Una devaluación también tendría un alto costo político, porque aceleraría la tasa de inflación y por lo tanto la caída del salario real, en una sociedad que ya está muy golpeada.

Es decir, el oficialismo enfrenta la campaña electoral no solo con un relato inexacto del pasado, sino también del futuro. Le oculta a la población que cualquier brote verde que haya en estos meses será solo efímero.

El gobierno del Frente de Todos también comparte otra característica con el de Chávez: perder el poder no es opción para ellos. Según el politólogo alemán Kurt Weyland, los líderes populistas “viven peligrosamente”. Reclamando ser la única voz del pueblo, piensan en las instituciones republicanas como por ejemplo una justicia independiente como un estorbo, y ven a los opositores no como competidores, sino como enemigos. Es así que, por su propia construcción, según Weyland, se quedan sin la red de contención que brinda la democracia (a los dirigentes que pierden el poder), y pueden sufrir caídas catastróficas cuando dejan el poder. Jorge Liotti, en su artículo en LA NACION del 22 de agosto, lo puso en palabras del propio kirchnerismo: “‘A Cristina le allanaron la casa y vio la cárcel de cerca. Sergio conoció lo que es el desierto político. Ninguno quiere volver a eso’, grafica un viejo asesor que ahora aporta su arte al kirchnerismo.” Como Chávez y Maduro, buscan permanecer en el poder de por vida.

“El oficialismo enfrenta la campaña con un relato inexacto del pasado y también del futuro. Le oculta a la población que cualquier brote verde que haya en estos meses será solo algo efímero”

Esta visión de la democracia lleva a dirigentes populistas a tomar medidas que, aunque resulten muy nocivas para la economía en el mediano plazo, les permiten mantenerse en el poder. De otra manera no se entenderían las políticas implementadas por Maduro en Venezuela, ni tampoco las implementadas por el Frente de Todos.

Esta caracterización de las restricciones económicas y sociales que enfrenta el gobierno y de su propia estrategia política nos permiten demarcar algo el rango de acción del Gobierno luego de la elección de noviembre. Nos falta, sin embargo, un elemento importantísimo para el análisis, que es saber con cuánto poder político emergerá de la contienda electoral. Aunque uno sospecharía que los números de la economía no deberían ayudar al gobierno a ganar la elección, luego del shock económico y social que vivió la Argentina en los últimos años, y del desencanto con las dos principales coaliciones políticas, es muy difícil predecir que pasará con las preferencias electorales. Pero si sabemos que la fortaleza, o no, con la que emerja el gobierno será crucial a la hora de decidir la futura política económica.

Volviendo a la comparación con Venezuela, en 2013 los analistas de Wall Street especulaban con que la capacidad de Maduro de implementar un ajuste dependería de su margen de victoria contra Henrique Capriles. Maduro ganó la elección por solo un 1,5% y nunca llegó a implementar un programa económico consistente. En su lugar, restringió fuertemente las importaciones y amplió el sistema de tipos de cambio múltiples (llamados Sitme, Sicad, Cencoex, Simadi y Dicom, entre otros) y terminó llevando a su país a la hiperinflación y la ruina.

Así, mientras muchos en la Argentina dan un acuerdo con el FMI luego de las elecciones como un hecho, queda claro que no es la única opción que tiene el Gobierno. Si el triunfo electoral es muy estrecho, o si el Gobierno pierde la elección, quizás se vea empujado a intentar llegar al 2023 con parches. Estos podrían consistir en la imposición de tipos de cambio múltiples, y de limitaciones para importar más duras que las vigentes. A diferencia de Venezuela, que tiene una estructura de creación de riqueza concentrada en el petróleo, que es propiedad del gobierno, la estructura descentralizada y en manos privadas de la creación de la riqueza en la Argentina harían un camino así más dañino y difícil aun, y quizás debería ser complementada con medidas más centralizadoras del comercio exterior (no sigo para no dar más ideas).

Para ver cuál es la alternativa, pensemos que es lo que pediría el FMI para cerrar un acuerdo. El objetivo de un programa sería lograr que la Argentina tenga un plan económico que, en un período de varios años, le evite tener crisis de cambiarias y que genere un crecimiento económico y una situación fiscal tales que hagan sustentable a la deuda pública. Para ello, se requiere un plan de reducción del déficit fiscal, con medidas concretas para lograrlo, un tipo de cambio que genere sostenibilidad de la balanza de pagos, y el desarme de muchas regulaciones, entre otras muchas de las cambiarias, que permitan lograr un crecimiento económico sostenido.

“Si el triunfo electoral es muy estrecho, o si el Gobierno pierde la elección, quizás se vea empujado a intentar llegar al 2023 con parches"

Es decir, dejando de lado los eufemismos, se requiere devaluar el peso, ajustar las cuentas fiscales (en parte con subas de tarifas) y desarmar el cepo. Un non starter para el kirchnerismo de paladar negro, especialmente si las elecciones resultan adversas.

Hay quienes argumentan que el FMI está entregado porque la Argentina le debe demasiada plata y se equivocó en dar un préstamo tan grande al gobierno de Mauricio Macri, y por lo tanto le exigiría muy poco al gobierno de Alberto Fernández. No lo creo, pero hagamos el ejercicio para ver qué ocurriría en este caso. Supongamos que el FMI hace la vista gorda y pide solo un super gradualismo fiscal, poco ajuste cambiario y no aboga por la eliminación del cepo.

Pensar esta alternativa muestra que, en realidad, la mayor restricción que enfrenta el Gobierno no es el FMI, sino los argentinos de a pie, que están esperando para ver qué hacen con sus pesos, sus negocios y empresas y, muchos, con su residencia. Porque en un escenario así, la pregunta es: ¿Quién va a financiar al gobierno? ¿Usted, con sus pesos? Yo, no. ¿Quién va a generar exportaciones para que la economía crezca y genere empleo y al mismo tiempo suban las reservas? ¿Usted? Porque yo tampoco.

Así, en este escenario, el Gobierno podría llegar a firmar un acuerdo con el FMI y evitar la formalidad de un default. Pero todos sabríamos que, como en casi todos los acuerdos previos con ese organismo, las metas –incluso si son muy light—se incumplirían en pocos meses. En un contexto así, es probable que el oficialismo termine poniendo de una manera u otras más restricciones para ir tirando, rezando que los mercados, expectantes de un cambio de gobierno en 2023, le den una mano en esta tarea.