La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que suspendiera la aplicación del embargo por más de 19.000 millones de dólares que un juez argentino -a modo de extensión de una decisión idéntica de un magistrado ecuatoriano- aplicó sobre los activos de Chevron Argentina, filial local de la petrolera norteamericana.
Sobre la base de fundamentos internacionales, la jefa de los fiscales sostuvo en un pronunciamiento firmado el miércoles de la semana pasada la necesidad de rechazar la decisión "librada por el juez ecuatoriano en tanto que la medida allí dispuesta -dictada en el marco de un procedimiento en que no se aseguró la defensa de los sujetos afectados- es manifiestamente contraria al orden público argentino".
El juez del Juzgado Nacional Civil de Primera Instancia N° 61 Adrián Elcuj Miranda había dispuesto el embargo sobre las acciones, los dividendos y el 40% de los depósitos bancarios futuros de la filial local de la petrolera en noviembre del año pasado. Su decisión fue en respuesta a un pedido de la justicia ecuatoriana por una vieja demanda ambiental contra Texaco, una empresa que Chevron adquirió. En enero, la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó el embargo dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia.
Chevron es la sexta productora de petróleo de la Argentina, con casi un 5% de la oferta nacional de acuerdo con números del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Sobre esa base, Gils Carbó sostuvo: "El interés público de la actividad desarrollada por los recurrentes [Chevron] y la trascendencia económica del embargo me llevan a la convicción de que la decisión apelada puede producir agravios de carácter irreparable a intereses esenciales de la Nación vinculados con la política energética y el desarrollo económico del país. Así el caso involucra una cuestión de gravedad institucional".
Para la empresa, la "opinión de la Procuración confirma que la orden de embargo ecuatoriana es contraria al orden público y está causando un daño irreparable a la economía argentina. La adopción de la recomendación por parte de la Corte Suprema apoyaría los continuos esfuerzos de Chevron Argentina de ayudar al país a lograr la autosuficiencia energética".
Chevron no sólo ocupa un lugar importante en la producción de petróleo, sino que también es un socio estratégico para la nacionalizada YPF. A mediados de este mes, ambas compañías firmaron un acuerdo comercial para desarrollar petróleo y gas en la formación Vaca Muerta, en Neuquén.
En marzo, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, le envió una carta a los litigantes con copia a Enrique Brouchou, su representante legal en la Argentina. "En nuestra opinión, las medidas promovidas por ustedes son absolutamente perjudiciales para la Argentina y podrían tener un efecto negativo en la inversión y el empleo en el país. Por eso rechazamos la afirmación que realizan en vuestra carta sobre que dichas medidas no afectan los planes de YPF. Y creemos que la única forma de evitar un enorme daño a nuestro país es el cese de tales medidas", sostuvo Galuccio.
"Vamos a pedir una audiencia con Galuccio", sostuvo en aquella ocasión Pablo Fajardo, uno de los demandantes. "No tiene por qué conocer el alcance del embargo a Chevron, que no alcanza sus futuras inversiones en Vaca Muerta, que además se pueden blindar", completó.
