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Gobierno vs. prepagas: las empresas hablan de un “giro dramático” en la actitud del Ejecutivo
Swiss Medical, Asociación Mutual Sancor Salud y Medicus realizaron presentaciones judiciales ante la cautelar de la Superintendencia de Servicios de Salud; califican como “descabellado” devolver el dinero, rechazan modificar aumentos y critican el cambio de postura de la administración de Milei
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El enfrentamiento entre el Gobierno y las prepagas acaba de iniciar un nuevo capítulo que suma cuestionamientos cruzados y deja en vilo, a merced de la Justicia, a los millones de afiliados que esperan la devolución del dinero por los aumentos que el Ejecutivo consideró abusivos. Dos de las tres empresas de medicina privada rechazaron modificar aumentos, así como también devolver el dinero percibido durante los primeros cuatro meses del año.
Swiss Medical, Sancor Salud y Medicus realizaron presentaciones judiciales ante el Juzgado 9 de la Cámara Federal, Civil y Comercial. Una semana atrás, el Gobierno había presentado allí una medida cautelar para calcular incrementos de las cuotas según la inflación y acordar un mecanismo para la devolución del dinero que las prepagas habrían cobrado en exceso entre enero y abril.
“No es cierto”, sostuvo Sancor Salud en respuesta a la acusación de conducta abusiva. Por su parte, el documento de Swiss Medical combinó aspectos económicos con una reconstrucción del accionar del Gobierno, al que le adjudicó un “giro dramático”. Y Medicus pidió ser notificado de lo demandado por el Gobierno.
“No parecía importarle verificar o analizar la razonabilidad del aumento”, indicó la defensa de Claudio Belocopitt. Esta afirmación hace referencia a una presentación de la prepaga con fecha del 1° de febrero de este año en la que habría solicitado a la Superintendencia de Servicios de Salud “verificar y validar” el aumento del 40% que aplicó en la cuota de enero.
Según citó Swiss Medical en su presentación judicial, el organismo que depende del Ministerio de Salud se habría excusado de tomar alguna determinación al respecto. “No resulta procedente, toda vez que el Organismo no es Autoridad de Aplicación para verificar y, en consecuencia, validar el aumento que pudiera haber aplicado sobre las cuotas de sus afiliados en el mes de enero de 2024”, habría dicho en aquel entonces.
LA NACION consultó a la Superintendencia de Servicios de Salud sobre este presunto cambio de postura del organismo y desde el organismo contestaron que si bien no valida ni autoriza precios, su función es la de fiscalizar para garantizar la libre competencia del mercado. De esta manera, justificó su conducta posterior.
La presentación de Sancor Salud cuestiona a la Superintendencia de Servicios de Salud. Rechaza que el organismo pueda tener alguna injerencia en la determinación de las cuotas de las empresas de medicina privada. Además, alegó que sus aumentos habrían respetado el principio de “razonabilidad”. Informó que el Consejo Directivo de la Mutual habría fijado las cuotas con sustento “en la estructura de costos” y los afiliados habrían sido notificados de ello.
Por otra parte, la presentación de Belocopitt incluyó variables económicas para argumentar que sería “descabellado” devolver el dinero a los afiliados. Describió que las empresas de la medicina privada sufrían un “desfasaje previo como consecuencia de políticas económicas restrictivas excesivamente regulatorias”. En este sentido, fuentes del Gobierno habían señalado, con anterioridad a la respuesta judicial de las prepagas, que fueron las propias compañías las que habían acordado dichas políticas con la gestión anterior.
“Notable retraso”. Así calificó Swiss Medical a la evolución del valor de su cuota en comparación a la inflación. De hecho, Sancor Salud también habló de un “proceso inflacionario” del que los servicios de salud no están exentos. La empresa de Belocopitt adjuntó un cuadro en el que señala que mientras en los últimos cuatro años la inflación habría acumulado 1147%, el valor de su cuota habría subido 667%. Con estos números, justificó su rechazo a devolver el dinero porque, según su postura, “los aumentos no logran cubrir ese atraso”.
El Gobierno había propuesto que las prepagas devuelvan el dinero entre junio y diciembre, repartido en cuotas iguales. Según describieron varios representantes del sector privado de la salud, las compañías consideran “inviable” el reembolso. La administración de Javier Milei descree esto. Incluso, estima que las prepagas habrían tenido otro tipo de rédito. Indicaron que antes de la desregulación dictada en el “megadecreto” de diciembre, la norma indicaba que las empresas debían transferir el 90% del dinero recaudado a los prestadores (clínicas, sanatorios, institutos de diagnóstico). Pero luego, según una muestra analizada por el Ejecutivo, “la mayoría” transfirió menos, “casi todas alrededor del 80%”, con pagos a 90 y 120 días, en promedio.
La Justicia deberá decidir si exigirá a las prepagas que devuelvan el dinero y, a su vez, fijar que sus aumentos no puedan superar al avance de la inflación.
También esta semana el Gobierno había ampliado su cautelar. En la versión original había incluido a OSDE, Swiss Medical, Omint, Galeno, Medicus, Accord Salud, Hospital Italiano, Medifé, Sancor, Medicina Esencial, Prevención Salud, Hominis, Avalian, Federada Salud, SIPSSA, OS Pasteur, Jerárquicos Salud y Met Córdoba. Ahora también sumó a Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Grupo DDM SA y Circulo Médico de Lomas de Zamora.
Más allá de lo que dirima el Juzgado 9 de la Cámara Federal, Civil y Comercial, en mayo un grupo de prepagas debería ajustar el valor de sus cuotas, tal como determinó la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía en medio de un expediente administrativo por supuesta colusión (cartelización). En rigor, el Gobierno obligó a siete empresas a recalcular los valores desde diciembre último con un tope máximo de aumento regido por la inflación. Esto aplica para Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. Según respondieron a las consultas de LA NACION, todavía no definieron cómo recalibrarán sus facturas. En principio, lo dispuesto por el Ejecutivo estará vigente por seis meses.
En el ámbito de la Secretaría de Industria y Comercio, donde se desempeña la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que desarrolla la investigación por supuesta colusión, la Coalición Cívica también amplió la cantidad de prepagas denunciadas. La nueva presentación ante la CNDC solicita una investigación referida al comportamiento que, con respecto a sus precios, adoptaron Medicus, el Hospital Italiano, la Obra Social de Dirección de Sanidad Luis Pasteur, Hominis (Fundación Sanatorio Güemes), Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Accord Salud, Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud, Asociación Mutual Sancor, Prevención Salud.
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