Granos: la Argentina desafía a una de las creencias económicas más aceptadas

La carencia de alternativas de resguardo de valor y la persistente y natural (tras tantos años de elevada inflación) desconfianza hacia el peso hicieron que los productores agrarios mantuvieran en la presente campaña la misma conducta de autoconservación adoptada en los últimos años: vender sólo la cantidad de granos necesaria para asegurar la concreción de su próxima campaña y atesorar el resto.

Esto llama la atención por el incentivo de precios que les dio el mercado internacional, al cotizar la soja (principal producto exportado) un 52% promedio por encima de la anterior campaña, si se comparan los precios promedio vigentes en la denominada “temporada alta” 2020 (US$ 322 la tonelada) con los convalidados este año (US$490) en igual período del año (de mitad de abril a finales de agosto).

Es decir, la conducta que adoptan desafía la teoría económica que indica que la codicia, llegado un punto, vence al miedo y confirma que la Argentina pone en tela de juicio hasta las hipótesis más aceptadas en estas ciencias. El dato aparece en momentos en que las empresas agropecuarias están cerrando la comercialización de los granos producidos en el ciclo 2020/21, en aquellos casos en que aún se cuenta con mercadería sin vender.

La observación surge de un trabajo realizado por el economista Juan Manuel Garzón y publicado por Fundación Mediterránea, que pone el ojo en ellos, porque no desconoce que tanto el stock sobrante como los cultivos de verano del ciclo 2021/22 (soja, maíz) “serán muy importantes en términos de ingresos y divisas en el año entrante en un contexto de reservas escasas en el BCRA y tensiones en el mercado cambiario”.

El trabajo comprueba que, tanto con la soja como con el maíz, la comercialización primaria de granos viene siendo igual o apenas algo mayor a la del año previo. “A fines de agosto se llevaban vendidos 23 millones de toneladas de soja, una cifra muy parecida a la de la campaña previa, y un equivalente al 50% de los granos producidos en el ciclo (se suponen 46 millones de toneladas)”, detalla sobre datos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP), antes de apuntar que el ritmo de avance de la comercialización de la soja ha ido bajando en los últimos años distribuyéndose en una ventana temporal más amplia.

“Hace 10 o 15 años, a fines de agosto ya estaba vendida el 70/75% de la cosecha”, recuerda Garzón. Pero en un contexto de persistencia inflacionaria y en el que “las opciones financieras tradicionales de ahorro rinden negativo en términos reales y existe restricción de compra de divisas, la concentración de capital en un activo atado al dólar como la soja, y además de mucha liquidez, resulta en una alternativa muy atractiva para los productores”.

El informe reconoce que es esperable que se registre en el mercado de aquí en lo que resta del año “cierta desaceleración en el ritmo de ventas de los granos que restan de comercializar, respecto de lo que podría ser un año normal (sin elecciones o eventos disruptivos)”, habida cuenta el contexto de elecciones y de incertidumbre respecto del impacto que puede generar su resultado sobre la confianza y la política económica en general.

De allí que busca analizar el efecto que la conducta ya tradicional de resguardo que adoptan los productores, que puede verse exacerbada en este marco, podría tener sobre un mercado cambiario muy dependiente del ingreso de los dólares comerciales. Es allí cuando advierte que, según estimaciones propias, ya se habrían despachado hasta terminar agosto el 80% de las exportaciones totales de granos y principales derivados industriales del año, embarques estimados en US$37.300 millones.

Según esta estimación, el sector tendría para aportar al mercado sólo un 20% para lo que resta del año. Calcula que quedarían por comercializar “entre 6 y 7 millones de toneladas con destino de exportación, a distribuirse en el último cuatrimestre del año y algo que pueda pasar para 2022″.

“Los envíos se ubicaron en US$2900 millones mensuales en el primer cuatrimestre, en US$3800 millones en el segundo y se estarían aproximando a US$2500 millones en el tercer y último cuatrimestre”, detalla haciendo notar que se estaría produciendo un recorte mensual promedio de US$1300 millones en la oferta de este sector clave respecto del segundo trimestre.

Ese recorte estacional en las exportaciones agroindustriales le implicaría al país perder en los próximos meses entre el 15% y 20% de las exportaciones totales, “que pasarían a ubicarse más cerca de los US$6000 millones que de los US$7000 millones, una cifra que deja muy a tiro a las importaciones (US$5800 millones) y que, por tanto, implica perder el importante superávit comercial que se había logrado acumular gracias a precios internacionales extraordinarios de commodities y una finalmente buena campaña agrícola”.

Garzón devela, de este modo, la senda de estrechez con la que deberá lidiar durante el último cuatrimestre del año el Banco Central (BCRA), cuadro de situación que se hace evidente cuando en momentos en que la entidad debió volcar hoy otros US$60 millones de sus reservas para atender pedidos de compra autorizados en el mercado oficial de cambios y, de este modo, lleva vendidos ya US$220 millones en lo que va del mes y US$572 millones en las últimas ocho ruedas de negocios.

Pero observa que, del análisis de los precios actuales y esperados de granos, “todo indica que el área sembrada con cultivos de verano (soja, maíz, sorgo) no debería disminuir y hasta podría incrementarse respecto de la campaña previa”. “Si se analizan los precios esperados en el MATBA (Mercado a Término de Buenos Aires) tanto de soja como de maíz para los meses de cosecha 2022, se encuentra que los valores se ubican en los niveles más altos de los últimos años (US$/ton), por tanto, debieran ser estos un atractivo para mantener y hasta incrementar áreas de siembra de la nueva campaña”.

Eso implica que, de observar condiciones que la ayuden, la oferta de granos para exportar podría mejorar y hasta mantenerse en buenos niveles en la medida que el mercado del cereal no deba convivir con riesgos de “mayor probabilidad de intervención por parte del Gobierno”, ya que esa percepción, de fortalecerse, agregaría una cuota mayor de riesgo a la campaña de siembra en ciernes.